CAMBIEMOS: UN GOBIERNO SIN LÍMITES DE CRAPULERÍA
El Gobierno
dejó de dar remedios, prótesis e insumos a personas con discapacidad y cobrará
"el consumo excedente" a electrodependientes
El Gobierno
dejó de dar remedios, prótesis e insumos a personas con discapacidad y cobrará
"el consumo excedente" a electrodependientes
El Ministerio de Salud "no provee adecuadamente medicamentos y
otros insumos" a la vez que mantiene una deuda desde octubre de 2016.
Tampoco dio el aumento acordado con los transportistas para las personas con
discapacidad.
La
Asociación de institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa)
denunció que el Ministerio de Salud de
la Nación no cumple sus obligaciones. La cartera, conducida por Jorge
Lemus, dispuso una serie de modificaciones el año pasado en el modelo de
contratación entre la obra social y los prestadores de gran parte del país, que
generaron las primeras medidas y reclamos de las ONG, que se dedican a atender las necesidades de las
personas con discapacidad.
Advierten
que el programa Incluir Salud (Ex
PROFE), que cubre a más de 30.000
mil personas con discapacidad, es uno de los más afectados.
"Desde
hace varios meses no provee adecuadamente prótesis, medicamentos y otros
insumos. Además, incumple los plazos de pago adeudando fondos desde octubre de
2016 a la fecha, y no ha dado el aumento acordado con los transportistas de
personas con discapacidad", señalaron desde Aiepesa, que lanzaron un video
para reclamar la grave situación que atraviesan con el ministerio.
"El incumplimiento de
estas obligaciones genera inestabilidad a 100.000 familias, que ven afectados sus puestos de trabajo,
directa e indirectamente; y pone en
riesgo el funcionamiento y sustentabilidad de los servicios y prestaciones,
causando el colapso de la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y
el transporte de miles de personas con discapacidad, alertó la Aiepesa.
En tanto, Pablo Molero,
coordinador del Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, aseguró que "el PAMI tiene deudas atrasadas y
desde hace varios meses viene reclamando esas deudas pero no les terminan de
pagar en tiempo y forma". "Es un desorden total, pagan una deuda pero
quedan pendientes las otras, el aumento no lo pagó en el momento y va quedando
un remanente", dijo Molero.
Ante esta situación, las organizaciones sociales convocan a una marcha en todo
el país en los próximos días, para exigir que haya un cambio en Incluir Salud y
que el Gobierno cumplan en tiempo y forma los compromisos asumidos.
Y, paradójicamente, haciendo
oídos sordos a esta situación, como es su modus operandi, dado al desprecio que
exhibe en forma permanente por el pueblo argentino, este jueves Macri presentará en el CCK el Plan Nacional
de Discapacidad "que lleva como metas concientizar a la comunidad y
promover la educación, la salud, el empleo y la accesibilidad para las personas
con discapacidad", según se informó oficialmente. Otra burla, otra
crueldad manifiesta y el envío deliberado de miles de argentinos a la muerte.
Eso es Macri.
Electodependientes en peligro
mortal
Aunque ambas cámaras del Congreso
aprobaron por unanimidad el proyecto de ley que garantiza la gratuidad del
servicio de luz para los electrodependientes,
Macri impuso un tope y les cobrará en caso de superarlo.
Horas antes que la denominada
"Ley de electrodependientes" entre en vigencia, el Ministerio de
Energía que conduce Juan José Aranguren,
el lacayo de Shell,ratificó el máximo de 600 kilovatios/hora de consumo
eléctrico gratuito para los hogares con estos pacientes y remarcó quesi superan ese tope deberán pagar
por el uso excedente de energía.
La medida
se estableció a través de la Resolución 261/2017, publicada este miércoles en
el Boletín Oficial. La normativa firmada por el renunciante ex secretario de
Energía Eléctrica Alejandro Sruogacorrige
una resolución anterior, la número 256 del pasado 2 de mayo, que estableció la
bonificación limitada y los cargos extras.
Sin
embargo, los topes máximos y las
tarifas por consumo excesivos contradicen lo dispuesto en la ley que sancionó
el Congreso el 26 de abril por amplias mayorías y que todavía el Poder
Ejecutivo no promulgó. El artículo 3 de esa ley establece que los
electrodependientes gozarán de un tratamiento tarifario especial gratuito para
la luz y que ese "beneficio" consistirá en un "reconocimiento de
la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía
eléctrica".
Pero ahora Energía impuso un límite a la gratuidad garantizada por Ley. "Hasta un consumo mensual de
600 kilovatios por hora, los precios estabilizados de Referencia de la Energía
serán de cero peso tanto en hora pico como en horas valle y en el resto de la
jornada por megavatio/hora", fija la Resolución 261.
Por arriba del límite de 600 kilovatios por hora y si el consumo mensual total
de los electrodependientes resulta mayor al registrado en el mismo período de
2015, estos usuarios deberán pagar el
remanente independientemente de la conformación de la familia o el hogar.
Para
un consumo mensual excedente de 450 kilovatios por encima de los 600 kilovatios
base, los usuarios deberán pagar $ 320 por megavatio en horas pico y de $ 310
en horas valle; para los excedentes a 1.050 kWh, los valores irán de entre $
640 por MWh y $ 617 por MWh.
En
el caso de los hogares con un consumo mensual excedente de la base, pero menor
o igual al registrado en ese mes de 2015, los precios serán de entre $ 96 y $
88 por megavatio hora.
En la Cámara de Diputados la Ley obtuvo
211 votos afirmativos, el total de los presentes..En Senadores cosechó 55 votos
sin debate. El proyecto impulsado por los diputados del FPV - PJ Carlos Castagneto y Adrián Grana fue avalado por
macristas, radicales, progresistas, la izquierda y hasta los peronistas anti-K.
Pero hasta ahora el Gobierno no la puso en marcha.
El texto también garantiza la provisión de grupos
electrógenos sin cargo para evitar las complicaciones que pudieran surgir de
los cortes en el suministro energético y ordena al Ministerio de Salud la creación
de un registro de electrodependientes. Hasta
el momento de la votación de la ley se contabilizaron unas 120 familias con
esta imperiosa necesidad, pero tras la difusión del beneficio se habla
de unos 7.000 hogares con usuarios electrodependientes por motivos de salud.
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