El IVA surgió para evitar la distorsión de los impuestos a las ventas en cascada (Turnover Tax) que encarecían los costos al producir un producto en Argentina.
En el año 1975 comenzó a regir el Impuesto al Valor Agregado. Desde su establecimiento, no se aplicaba a los productos de la canasta familiar con el objetivo de atenuar los efectos regresivos que podía provocar este impuesto, pero con el transcurso de las sucesivas reformas y cambios introducidos en este impuesto se fue ampliando la base, de manera tal que se convirtió en un impuesto cada vez más costoso, al afectar a los productos de primera necesidad.
Aunque no parece haber dudas de que el IVA es menos distorsivo que los impuestos en cascada, esto no implica que no genere ningún tipo de distorsión, o que aquéllas que genera sean insignificantes.
Por el contrario, el IVA impone un costo financiero sobre los productores que se traslada hacia delante –en cascada- al bolsillo de la gente cuando las condiciones del mercado lo permiten, porque no hay leyes que protejan el consumidor, como en la actualidad, el libre mercado.
La tasa aplicable también sufrió variaciones: con la reforma introducida en el año 1986 se unificó la alícuota general en el 18%, entre 1988 y 1992 se produjeron marchas y contramarchas llegando a descender hasta el 13% en 1990, luego lo vivieron a subir los neoliberales hasta el 18% en 1992.
A partir de abril de 1995 se incrementó la tasa hasta el 21% vigente en la actualidad. Las reformas posteriores no han hecho más que aumentar la base imponible incorporando otros bienes o servicios y a partir de diciembre de 1999 se empezó a cobrar también en el transporte público de pasajeros y servicios médicos.
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