Mientras el aparato judicial dilata el pago de lo adeudado por el Correo Argentino y evita investigar el vaciamiento por parte de los Macri, la fiscal Gabriela Boquín avanza en solitario.
La fiscal Gabriela Boquin solicitó un peritaje contable de Correo Argentino, Sideco y Socma, todas las empresas de la familia Macri. Es en el marco de la causa donde se tiene que definir, por un lado, el pago de la deuda que los Macri acarrean con el Estado desde hace más de 15 años; por el otro, las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas de la familia presidencial. Estos peritajes que solicita la fiscal buscan echar luz sobre el proceso de vaciamiento.
Mientras el aparato judicial dilata el pago de lo adeudado por el Correo Argentino y evita investigar el vaciamiento por parte de los Macri, la fiscal Gabriela Boquín avanza en solitario. Ahora pidió un peritaje contable de las empresas centrales del holding, Sideco y Socma, para reconstruir el vaciamiento del Correo. La ruta de los pagos iba desde el Correo, una empresa sin actividad, a otra controlada por los Macri. Pero la jueza Cirulli, que debe decidir el pedido, está imputada en una causa penal vinculada a los delitos investigados y se niega a apartarse. El ataque de los Macri a la fiscal Boquín y los “descuidos” en su seguridad.
La fiscal Gabriela Boquin solicitó un peritaje contable de Correo Argentino, Sideco y Socma, todas las empresas de la familia Macri. Es en el marco de la causa donde se tiene que definir, por un lado, el pago de la deuda que los Macri acarrean con el Estado desde hace más de 15 años; por el otro, las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas de la familia presidencial. Estos peritajes que solicita la fiscal buscan echar luz sobre el proceso de vaciamiento.
La paradoja es que ahora la jueza Marta Cirulli tiene que decidir si avanza con estos peritajes mientras está imputada como cómplice del vaciamiento y se rehúsa a excusarse. Todo esto sucede mientras los Macri quieren correr a la fiscal Boquin de esta causa y se conocen sospechosas deficiencias en su seguridad.
Peritar el vaciamiento
La fiscal Boquin parece ser la única que pretende que se conozca a fondo todo lo relacionado al Correo Gate. El Gobierno puso todo el aparato estatal a dilatar el expediente, al menos hasta pasado el turno electoral de octubre. La cuestión tampoco ocupa un lugar central en la agenda opositora y mucho menos en la del paraoficialismo. Las juezas involucradas en este expediente acomodan los tiempos judiciales al deseo de la familia Macri y desde Comodoro Py la causa penal que se inició tras conocerse este escándalo parece responder más al tire y afloje entre Gobierno y corporación judicial. El blindaje mediático opera en el Correo Gate en todo su esplendor.
Con este panorama, la fiscal Boquin insiste ahora en realizar un peritaje contable para reconstruir los rastros que dejó el vaciamiento de Correo Argentino. Este vaciamiento en beneficio de Sideco y Socma, otras empresas de la familia Macri, fue denunciado por la fiscal en su dictamen del 28 de abril de 2017. De ese dictamen se desprende que en 2016 los Macri se dedicaron a vaciar Correo Argentino mientras evitaban pagar la deuda que tenían con el Estado y lograban la condonación de más de 70.000 mil millones de pesos. En lugar de mantener sus fondos para el eventual pago de sus deudas una vez que concluyera su concurso de acreedores que lleva (de forma insólita) más de 15 años, hubo diversas maniobras con otras empresas del Grupo Macri cuyo único objetivo era vaciar Correo Argentino en beneficio de sus controlantes.
Una parte del vaciamiento eran pagos por distintos rubros a Sideco. Para esto, en 2016, los Macri sacaron de los fondos de Correo Argentino 1.645.923 pesos y 185.213 dólares con la complicidad de la jueza Marta Cirulli que les habilitaba los retiros. Eran gastos injustificables para una sociedad con 3 empleados, que no tenía actividad y no podía producir ganancias. “La mayoría de los fondos detraídos habrían tenido como beneficiario final las arcas de las controlantes de la concursada (SOCMA-SIDECO)”, sostuvo la fiscal Boquin. En 2017 los Macri quisieron repetir la operatoria y su avaricia les jugó una mala pasada. En medio del escándalo público por la condonación de la deuda, la jueza Cirulli les negó el retiro de 422.973 pesos y 12.290 dólares. En lugar de esperar, los Macri apelaron esta decisión y así le llegó el expediente a la fiscal Boquín. Con los datos en mano, Boquin pudo reconstruir esta maniobra de vaciamiento.
Otra parte del vaciamiento de Correo Argentino es la compra de acciones de Neficor, una firma uruguaya, supuestamente para un proyecto automotriz. El 28 de septiembre de 2007, Socma le vendió a Correo Argentino el 25 por ciento de Neficor por 2.100.000 dólares. De este monto, 1.160.625 cancelaba un crédito que Correo Argentino tenía con Socma Americana y 939.375 dólares tenían que depositarse en una cuenta corrientes de Socma Americana en el Citibank. Para la fiscal, una de las transferencias de dinero por estas acciones “implicaría un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma Americana SA”. Correo Argentino y Socma establecieron por contrato que si la primera quebraba las acciones que había comprado de Neficor se podrían vender por fuera del proceso concursal. Es decir, que Socma se aseguraba de quedarse con las acciones si Correo Argentino quebraba, luego de venderle las acciones a Correo Argentino. “Correo Argentino actuó en exclusivo beneficio de Socma Americana SA”, concluyó por entonces Boquin.
“Solicito se disponga practicar prueba pericial contable en los libros de la concursada (Correo Argentino) y de sus controlantes, Sideco Argentina SA y Socma Americana SA”, firmó ahora Boquin en su último dictamen. Pide que “un perito contador sorteado de oficio por el juzgado” se expida sobre el uso de los fondos retirados durante 2016 y sobre si ese año Correo Argentino recibió bonos del Ministerio de Trabajo por una supuesta deuda que el organismo tenía con la empresa. Cuando se conoció esta maniobra de vaciamiento, los abogados de los Macri dijeron que solventarían “el giro normal de la empresa” con aporte propios. Ahora la fiscal Boquin pide que el perito contador chequee si esto fue real y, en caso de que existan esos aportes, que detalle montos, destinos y la forma en que se concretaron (por aportes de capital o préstamos). También solicita que el perito revise si estos aportes se condicen con los gastos de la empresa y el detalle sobre los ingresos y gastos actuales de Correo Argentino, todo con su correspondiente documentación respaldatoria. Respecto a la compra de acciones de Neficor, la fiscal Boquin requiere que el perito revise los libros contables de Correo Argentino para ver si tuvo algún beneficio en este supuesto negocio y, si lo tuvo, cuál fue el destino de esa ganancia. En definitiva, una radiografía financiera y contable de Correo Argentino.
Además del perito contador por sorteo, en su escrito Boquin designa como consultor técnico a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en Investigaciones (DAFI), el área de la Procuración General de la Nación que ya intervino en este expediente. Fue la que determino que el acuerdo que aceptó el Gobierno el 28 de junio de 2016 implicaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri.
Por otro lado, Boquin también pide que se resuelvan los pedidos que hizo en un dictamen del 2 de junio pasado, donde planteó que Sideco Americana y Socma tienen que devolverle el dinero del vaciamiento a Correo Argentino con intereses.
Para que todo este peritaje se realice resta la aprobación de la jueza Cirulli, que está imputada en la causa penal que está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni. La fiscal Boquin ya le pidió a Cirulli que se aparte de la causa, pero la jueza se negó.
Las juezas de la Sala B
Las juezas Maria Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, integrantes de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, tienen en sus manos buena parte del destino de la causa por la eterna deuda de los Macri con el Estado. Son responsables de 7 años de demoras. Fueron estas mismas juezas las que avalaron la audiencia del 28 de junio del 2016 en la cual se materializó el acuerdo entre la familia Macri y el Gobierno de Macri por el que, en concreto, se le condonaba la deuda a la familia presidencial. Gomez Alonso de Díaz Cordero es, actualmente, la presidenta de la Asociación de Magistrados, nucleo duro del antikirchnerismo judicial. Ahora tiene competencia, la nueva Asociación de Jueces Federales (AJUFE), cuyo cerebro no es otro que el juez Lijo. Casualidad o no, las dos causas que más preocupan a Macri están en manos de las cabezas de las dos asociaciones judiciales más poderosas.
Gracias a los oficios de las juezas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini la deuda de los Macri con el Estado sigue en pausa. El 16 de marzo el gobierno pidió la suspensión de los plazos en esta causa por 120 días hábiles. La excusa fue que se estaban por publicar los decretos para regular el accionar de los funcionarios en causas como esta. Es decir, los decretos donde Macri reguló a Macri en los propios conflictos de interés, donde Macri está involucrado.. Ya pasaron más de 100 de esos días y las juezas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini aún no resolvieron este pedido. Juegan, como hace años, en favor de ganar tiempo para la familia Macri.
La fiscal Boquin, en su último escrito, denuncia las maniobras de la Sala B para retacearle información sobre los movimientos del expediente.
Por su parte, el juez Lijo pidió el expediente de la deuda de los Macri por tercera vez en lo que va del año. Cada vez que lo pide los 100 cuerpos de la causa viajan desde el fuero Comercial a Comodoro Py. Más demoras.
Saquen a Boquin
Las juezas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini tienen una práctica sistemática. Reciben presentaciones y escritos en el marco de la causa de Correo pero dosifican a piacere su inclusión en el sistema informático para que pueda consultarla la fiscal Boquin u otros interesados. Las juezas acumulan papeles y, de repente, suben al sistema todo junto y desordenado. Las pruebas, sin embargo, quedan impresas.
El abogado de los Macri, Jaime Kleidermacher, presentó un escrito el 26 de junio pasado. Ingresó por mesa de entradas a las 12.12hs, según consta en el matasellos que quedó grabado en el papel. Sin embargo, recién lo subieron al sistema el 4 de agosto: 39 días después.
Este escrito del abogado de los Macri es para contestar el dictamen de la fiscal Boquin del 2 de junio donde sostuvo que no había “razones fundadas, ni normativa vigente que habilite suspender el proceso por el término de 120 días como peticionó el Estado Nacional” el 16 de marzo. Lo ridículo del pedido es que el acreedor pide más tiempo para el deudor. La explicación de este sinsentido es que ambos, acreedor y deudor, son Macri. Para la fiscal, “el consentir tales iniciativas implicaría convalidar tanto como una especie de ‘inversión’ o ‘confusión de roles’ que entiendo inadmisible pues se encuentra reñido con la adecuada utilización de los recursos del Estado y la debida protección de la hacienda pública”. Lo que está haciendo, en definitiva, Macri es usar al Estado para beneficiar a su familia. “De disponerse la suspensión de los plazos procesales por 120 días, se sumará una irregularidad más a la extraordinaria y atípica tramitación del expediente”, insistió Boquin entonces.
Ahora, el abogado de los Macri aporta un dato que no figura en el expediente. Dice que aceptaron la suspensión de 120 días “todas las partes involucradas en el proceso”. Esto incluye a la Procuración del Tesoro, donde Macri nombró a Bernardo Saravia Frías tras los desplantes de Carlos Balbin en esta causa. Sin embargo, o Saravia Frías no se pronunció sobre este tema o su decisión no está en el expediente ni fue notificada a la fiscal Boquin. Ergo, o el abogado de los Macri sabe algo que no figura en el cuerpo de la causa o mintió. “La única voz opositora ha sido la Fiscal de Cámara” dice el abogado de los Macri.
Lo más notable de este escrito del abogado de los Macri es que dice que la fiscal Boquin no tiene legitimidad para intervenir en esta causa. “Es innegable que la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, carece de legitimación procesal”, sostienen. E insisten en que “la Fiscal de Cámara pretender haberse convertido en defensora de los intereses del Estado Nacional”. Quieren, en definitiva, apartarla de la causa.
El abogado de los Macri también critica el pedido de Boquin de apartamiento de la jueza Cirulli, que está imputada en la causa penal junto a Macri, Oscar Aguad, los directivos de las empresas Correo Argentino, Sideco y Socma y los síndicos de este proceso. Por último, los Macri les piden a las juezas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini que resuelvan si otorgan o no la suspensión de plazos por 120 días que, de hecho, ya rige.
¿Quién cuida a la fiscal del Correo?
Desde hace meses que la fiscal Boquin sufre sospechosos ataques e intermitencias en la custodia policial apostada en su domicilio. Incluyen el robo de documentación de su auto (del cuál no tocaron ninguna otra cosa de valor) y la aparición de su gato muerto, ambos hechos en la puerta de su casa. El robo de documentación fue el 15 de octubre de 2016, a pocos días de que la fiscal Boquin recibiera por primera vez la causa por la deuda de los Macri. En su nota, Zak lo reconstruyó así: “La escena completa duró cuatro minutos. Al hombre encapuchado le sobró tiempo. En cuestión de segundos desactivó la alarma sonora del auto que pensaba robar, lo rodeó, le sacó el vidrio de la ventana a una de las puertas traseras y lo destrabó desde adentro para meterse sin problemas. El asaltante llevaba guantes de látex blancos. Pretendía no dejar huellas. No improvisaba. Con el auto a su merced, no robó ni el estéreo ni la rueda de auxilio. No le importaron tampoco los elementos de valor que había en la gaveta. Salió del auto con un maletín, con un rejunte de papeles adentro. La secuencia podría ser una más de las tantas policiales que transcurren a diario en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no. El auto blanco intrusado fue el de la fiscal genera Gabriela Boquín. Estaba estacionado en la puerta de su casa en el barrio porteño de Núñez”. Tras este episodio, Zak relata cómo se tiraban la pelota entre los ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y de la ciudad, conducido por Martin Ocampo. Finalmente fue Bullrich quien se hizo responsable del operativo de custodia de la fiscal que investiga la causa que más preocupa a Macri. Custodia que, desde el inicio, muestra sospechosas fallas. Que el gato de la fiscal apareciera muerto en frente de la casa sin que la posta policial lo notara lo demuestra. Las denuncias por ambos hechos quedaron en manos del fiscal de la zona, que no es otro que José María Campagnoli, de estrechos vínculos con el Gobierno.
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