Lula al borde de ir preso y perder su candidatura.
El Supremo Tribunal Federal rechazó el hábeas corpus presentado por el
líder del PT para llegar libre a las elecciones ante la avanzada
judicial para proscribir su participación en los comicios que encabeza
como favorito. "Hoy es un día trágico para la democracia brasileña.
Nuestra Constitución fue rasgada por quien debería defenderla",
señalaron en un comunicado.
La historia política vuelve a escribir una página negra para la
democracia en América Latina después de que el Supremo Tribunal Federal
de Brasil rechace el hábeas corpus presentado por Luis Inácio Lula Da
Silva para poder llegar libre a las elecciones después del fallo que lo
condenó a prisión en el marco de una causa irrisoria y sin pruebas.
El candidato preferido del pueblo brasileño según marca las encuestas
vuelve a sufrir un nuevo golpe a la estabilidad política después del
juicio político montado por los medios de comunicación y el Poder
Judicial para desplazar a la entonces presidenta Dilma Rousseff.
Fuera del Palacio de Justicia una columna formada por
militantes del PT y de movimientos sociales desplegó pancartas con la
consigna “Lula Libre” en la Explanada de los Ministerios, la principal
avenida brasilieña. Un camión con parlantes de los que se
utilizan en los desfiles de carnaval sirvió de palco al que se treparon
diputados y sindicalistas, en su mayoría vestidos de rojo. Dirigentes
repudiaron al comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas, por haber
presionado a favor de la prisión en un comunicado en el que atacó la
“impunidad” y dijo estar junto a la “gente de bien”.
"Hoy es un día trágico para la democracia brasileña. Nuestra
Constitución fue rasgada por quien debería defenderla y la mayoría del
Supremo Tribunal Federal sancionó una violencia contra el mayor líder
popular del país", señalaron en un comunicado desde el PT.
El partido fundado por Lula acusó a la presidenta de la Corte, Carmen
Lucia Antunes, de haber realizado un procedimiento de excepción al no
tratar acciones que piden la inconstitucionalidad de la decisión de
poner preso a un condenado en dos instancias. "No hay justicia en esta
decisión, sino una combinación de intereses económicos", sostuvo el PT.
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