Lula al borde de ir preso y perder su candidatura.


El Supremo Tribunal Federal rechazó el hábeas corpus presentado por el líder del PT para llegar libre a las elecciones ante la avanzada judicial para proscribir su participación en los comicios que encabeza como favorito. "Hoy es un día trágico para la democracia brasileña. Nuestra Constitución fue rasgada por quien debería defenderla", señalaron en un comunicado.

La historia política vuelve a escribir una página negra para la democracia en América Latina después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechace el hábeas corpus presentado por Luis Inácio Lula Da Silva para poder llegar libre a las elecciones después del fallo que lo condenó a prisión en el marco de una causa irrisoria y sin pruebas.

El candidato preferido del pueblo brasileño según marca las encuestas vuelve a sufrir un nuevo golpe a la estabilidad política después del juicio político montado por los medios de comunicación y el Poder Judicial para desplazar a la entonces presidenta Dilma Rousseff. 

Fuera del Palacio de Justicia una columna formada por militantes del PT y de movimientos sociales desplegó pancartas con la consigna “Lula Libre” en la Explanada de los Ministerios, la principal avenida brasilieña. Un camión con parlantes de los que se utilizan en los desfiles de carnaval  sirvió de palco al que se treparon diputados y sindicalistas, en su mayoría vestidos de rojo. Dirigentes  repudiaron al comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas, por haber presionado a favor de la prisión en un comunicado en el que atacó la  “impunidad” y dijo estar junto a la “gente de bien”.

"Hoy es un día trágico para la democracia brasileña. Nuestra Constitución fue rasgada por quien debería defenderla y la mayoría del Supremo Tribunal Federal sancionó una violencia contra el mayor líder popular del país", señalaron en un comunicado desde el PT.

El partido fundado por Lula acusó a la presidenta de la Corte, Carmen Lucia Antunes, de haber realizado un procedimiento de excepción al no tratar acciones que piden la inconstitucionalidad de la decisión de poner preso a un condenado en dos instancias. "No hay justicia en esta decisión, sino una combinación de intereses económicos", sostuvo el PT.


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