La preocupante situación de la salud sexual de las mujeres en la Provincia de Buenos Aires. 


Columna de la diputada provincial (UC) Lucía Portos


Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son indispensables para el ejercicio de una vida plena y libre de violencia, la vulneración de los mismos representa una violación gravísima de sus derechos humanos y también contribuye a una sociedad profundamente desigual. No sorprende, entonces, que la gobernadora María Eugenia Vidal no se canse de vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la Provincia, recortar presupuestos destinados a dicho fin, desarticular organismos de prevención y contención. En otras palabras: una violación masiva de derechos, por acción y por omisión.

La gobernadora Vidal ha declarado varias veces “estar a favor de la vida”. Es una integrante entusiasta -aunque mucho más prudente que Esteban Bullrich- de los grupos anti-derechos y hasta posó con el pañuelo celeste. Quienes están en contra del aborto legal ostentan como una de sus principales falacias que con el aborto se eliminaría de proveer anticonceptivos. En otras palabras: que se cuiden o cierren las piernas si no quieren abortar. Pues bien, en la Provincia de Buenos Aires no está sucediendo ni una cosa ni la otra.

Desde el 2016, se reporta en la provincia una falta de anticonceptivos que fue reportada por la práctica territorial. A su vez, el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires fue desarticulado y su presupuesto -a final del 2016- había sido subejecutado en un 80%.

Las consecuencias, por supuesto, no tardaron en aparecer: sólo durante el 2016 hubo un aumento del 20% de enfermedades de transmisión sexual en las mujeres de la Provincia de Buenos Aires. A su vez y en consecuencia de los mismos recortes, el 70% de los embarazos adolescentes de la Provincia de Buenos Aires son embarazos no deseados. Desde nuestro espacio préstamos pedidos de informe al ejecutivo sobre esta situación. No hubo respuesta.  

Asignar (o recortar) presupuesto es una decisión política, deliberada y contundente. Para la gobernadora, los derechos de las mujeres no revisten ninguna importancia real, más allá de sus discursos, si cuando se contrasta con la realidad, no hay ninguna política ‘pública que respalde sus siempre angustiadas palabras. Un ejemplo claro de esta conducta se evidenció a mediados del año pasado, cuando la gobernadora tomó la decisión de despedir masivamente a trabajadoras de la línea 144 -único dispositivo de información sobre violencia de género en la Provincia- y reemplazar ese trabajo con una aplicación para celulares que, finalmente, tampoco funcionó. Como siempre con el macrismo, perdieron las mujeres.

El vaciamiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, junto a la escasez de métodos anticonceptivos, plantea una bomba de tiempo para las mujeres en la Provincia de Buenos Aires. Esto, junto a la paupérrima aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en la Provincia, la precarización de la situación de lxs docentes y la amenaza de cierre constante a profesorados que se encargan de formar a lxs educadores en los lineamientos de la ESI, propicia el vacío en educación sexual integral, que contribuye a la violación estatal que se está haciendo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que vulnerabiliza aún más a las adolescentes y jóvenes de la Provincia.

El gobierno Provincial no sirve ni para prevenir los embarazos, ni para cumplir y garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo que entran en la ley vigente, tal como se evidenció a principio del mandato de la Gobernadora Vidal, cuando personalmente ordenó que la Provincia no adhiriera al protocolo nacional para el acceso al derecho de la IVE. Mujeres, niñas y adolescentes, expuestas a múltiples formas de violencia sexual, porque no poder decidir el método, ni tener conocimiento, información y educación sobre las alternativas anticonceptivas o los derechos es, esencialmente, violento.




Lo anterior sumado a la postura públicamente anti-derechos del procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, pone en riesgo la posible implementación de la inminente legalización del aborto en la Provincia de Buenos Aires y profundiza la enorme grieta que hay entre las acciones de la Gobernadora Vidal y las voces, las vidas y los derechos de las mujeres en la PBA.

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