Aportantes truchos: más víctimas y las fundaciones PRO de tapadera.
Los miembros de la Alameda este lunes entregarán al juez
Casanello una nueva lista de personas que fueron usadas como aportantes.
A su vez presentarán pruebas de las fundaciones PRO usadas para la
recaudación ilegal.
Un total de 75 nuevas personas se comunicaron en las últimas semanas
con la Fundación Alameda asegurando no ser aportantes voluntarios y que
se comprometen a prestar declaración judicial.
Esto lleva a un total de 300 personas que ya aportaron sus datos personales
para presentarse a declarar en la causa por robo de identidad y lavado
de dinero que se originó por la campaña de Cambiemos 2015 provincia de
Buenos Aires que encabezó María Eugenia Vidal, y que luego se amplió a
las campañas de Macri presidente y Vamos Juntos de la Ciudad de
Buenos Aires que lideró Elisa Carrió.
A fines de la semana pasada la Cámara Federal porteña, que preside Martín Irurzun, ordenó que el magistrado Casanello concentre todas las causas iniciadas por las recaudaciones ilegales de las campañas de Cambiemos.
En el expediente Nº 9900/2018 por la campaña presidencial hasta el
momento la suma de dinero encubierta alcanza 1.437.350 (un millón
cuatrocientos treinta y siete mil trescientos cincuenta pesos).
A su vez la Fundación Alameda, a través de Ximena Rattoni, Tamara Rosenberg y Gustavo Vera, aportan las publicaciones periodísticas
con información vinculada al posible mecanismo de lavado de dinero.
Un
artículo del diario La Nación, escrito por Hugo Alconada Mon, titulada
como “unas 300 empresas aportaron 84 millones al PRO en la última
campaña”. Y la otra nota en El Destape de los periodistas Leandro
Raduazzo y Juan Amorín que publicaron cerca de 4 mil mails sobre
presuntas maniobras dirigidas por Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la
Nación, para a financiar de manera ilegal la campaña electoral
de Cambiemos en el año 2015. El artículo se titula “PeñaLeaks uno los
correos que prueban la millonaria estafa de Marcos Peña en la campaña”.
Respecto a la campaña de Vamos Juntos las pruebas aportadas por
los miembros de la Alameda Rattoni, Rosenberg y Vera tienen las
siguientes particularidades, según la presentación judicial que se
realizará este lunes 24:
– “El 65,90% de los aportes fueron realizados por empleados del
Estado Nacional y Provincial, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– El 94,3% de esos aportes realizados por empleados públicos fue realizado en efectivo.
– Que el total de aportes realizados por los empleados públicos
alcanzan los 8.166.000 (ocho millones ciento sesenta y seis mil pesos).
– Un sector importante de los aportantes se encuentran registrados
ante los organismos estatales como monotributista en locación de
servicios, lo cual hace pensar que también podrían ser empleados del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Que según el informe presentado ante la Cámara Nacional Electoral,
una gran cantidad de los aportantes presentados se encuentran
sectorizados en el mismo listado, según las dependencias en las cuales
revisten funciones.
– Que la gran mayoría de los aportantes presentados que son empleados
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron los aportes por
el monto detallado supra en solo tres días del mes de octubre de 2017.
– Que una gran cantidad de los aportantes presentados y que son
empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la fecha del
aporte registrado, solo poseían cuatro meses de antigüedad en el cargo.
– Que aportantes son empleados de la empresa “GlaxoSmithKline Argentina SA”, la cual es proveedora del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
LAS FUNDACIONES COMO TAPADERAS
Por otro lado la Alameda investigó los millonarios fondos de las
fundaciones de los miembros de Cambiemos y se estima que son usadas como
otro mecanismo de recaudación ilegal para las campañas.
Esto derivó en otra causa penal contra las autoridades de la IGJ por el no control de las fundaciones vinculadas al PRO
(causa Nº 15277/2018 en el Juzgado Federal Nº 8 de Martinez Di Giorgi)
y ese expediente este lunes también será presentado en la causa que
lleva adelante el juez Casanello.
Según la denuncia iniciada por la Alameda, las fundaciones del PRO
“tienen como denominador común: a empresas contratistas del Estado que
aportan dinero a las mismas y cuyo destino de los fondos claramente
podrían ser utilizados para campañas políticas, la Inspección General
de Justicia (IGJ) con su actual administración (la jefa del Departamento
de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina
Dembitzky) nunca investigó ni denunció el funcionamiento de estas
Fundaciones Formar (de Guillermo Dietrich), Pensar y Suma (de Gabriela
Michetti)”.
Las alianzas o partidos políticos solo pueden recibir aportes de
personas físicas para las campañas electorales así lo establece la Ley
de Financiamiento de los partidos políticos.
Por eso la Alameda dice en su denuncia que “la utilización de estas
fundaciones entre las empresas y los partidos políticos pone de
manifiesto esta situación. Razón por la cual se debería haber realizado
una exhaustiva investigación por parte de la IGJ cuestión que nunca
aconteció, donde se observa en la reiteración de esta conducta por parte
de la IGJ un claro sesgo de protección hacia determinadas Fundaciones
vinculadas a un partido político como es el Pro, dándose el caso de la
responsabilidad del inspector actuante como el de la máxima autoridad
del organismo por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La Fundación Pensar declaró que recibió Ingresos entre 2013 y
2015 por 11,5 millones de pesos, Fundación Formar por 6 millones, y
Fundación Suma por 5,9 millones de pesos.
Entonces, la Alameda solicita al juez la indagatoria
de inspectora Catalina Dembitzky que actuó directamente en los
expedientes y al titular de la IGJ, Sergio Brodsky. “No hay
dudas que se trata de un delito doloso, el autor tiene conocimiento de
la ilegalidad de su accionar al no controlar a las fundaciones de los
funcionarios”.
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