CASO MACRI: A QUIÉN LE DIMOS EL PODER DE LA NACIÓN ARGENTINA?
Nuevas imputaciones a Macri, Peña y Prat Gay por el blanqueo a familiares y los negociados que se les destaparon con el pago a los fondos buitrePrimera: El fiscal Guillermo Marijuán imputó a Macri por el decreto de blanqueo para familiares del grupo Macri, y el intento de tapar 47 sociedades offshore en Panamá, que son propiedad delactual mandatario. Sorteado el
juez Sebastián Ramos,Macri está especulando con la feria judicial para seguir “operando”.
La causa penal contra Macri es por intentar encubrir el lavado de dinero que han venido realizando esas sociedades y está imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por otra parte se le va a dar de baja al decreto 1206/16 por ser absolutamente inconstitucional.Por otra parte, el GAFI,Grupo de Acción Financiera Internacional) que es un organismo inter-gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo le sacó bandera roja a Macripor los hechos de corrupción de su gobierno.
Segunda: Por dictamen de fecha 22 de noviembre de 2016. El titular de la fiscalía n° 6, Dr. Federico Delgado, impulsó la causa n° 2752/16, en trámite por ante el juzgado en lo criminal y Correccional n° 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, en la que se investiga, por denuncia promovida por los directivos del Instituto Arturo E. Sampay, Dres. Jorge F. Cholvis, Eduardo S. Barcesat, y Arístides Corti,, bajo la acusación de traición a la patria, administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y violación de los deberes de funcionario público, al jefe de gobierno nacional, ing. Mauricio Macri, a su gabinete de ministros y la totalidad de los integrantes del grupo económico del Gobierno Nacional, como así también a funcionarios inferiores del Poder Ejecutivo, que tuvieron intervención en la concreción del negociado con “los fondos buitre”, y a los legisladores, diputados y senadores nacionales que prestaron su voto para el dictado de la ley 27.249, obrar que, conforme el dictamen fiscal, tiene “ribetes delictivos”, por lo que el fiscal solicita una primera tanda de declaraciones indagatorias que comenzarán por los funcionarios de menor rango (Banco central, INDEC), pero que, necesariamente abarcará a todos los funcionarios del Gabinete económico, más luego al Poder Ejecutivo Nacional y a los legisladores que, al votar afirmativamente la Ley 27.249, se convirtieron en partícipes necesarios del obrar delictivo.
La causa penal contra Macri es por intentar encubrir el lavado de dinero que han venido realizando esas sociedades y está imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por otra parte se le va a dar de baja al decreto 1206/16 por ser absolutamente inconstitucional.Por otra parte, el GAFI,Grupo de Acción Financiera Internacional) que es un organismo inter-gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo le sacó bandera roja a Macripor los hechos de corrupción de su gobierno.
Segunda: Por dictamen de fecha 22 de noviembre de 2016. El titular de la fiscalía n° 6, Dr. Federico Delgado, impulsó la causa n° 2752/16, en trámite por ante el juzgado en lo criminal y Correccional n° 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, en la que se investiga, por denuncia promovida por los directivos del Instituto Arturo E. Sampay, Dres. Jorge F. Cholvis, Eduardo S. Barcesat, y Arístides Corti,, bajo la acusación de traición a la patria, administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y violación de los deberes de funcionario público, al jefe de gobierno nacional, ing. Mauricio Macri, a su gabinete de ministros y la totalidad de los integrantes del grupo económico del Gobierno Nacional, como así también a funcionarios inferiores del Poder Ejecutivo, que tuvieron intervención en la concreción del negociado con “los fondos buitre”, y a los legisladores, diputados y senadores nacionales que prestaron su voto para el dictado de la ley 27.249, obrar que, conforme el dictamen fiscal, tiene “ribetes delictivos”, por lo que el fiscal solicita una primera tanda de declaraciones indagatorias que comenzarán por los funcionarios de menor rango (Banco central, INDEC), pero que, necesariamente abarcará a todos los funcionarios del Gabinete económico, más luego al Poder Ejecutivo Nacional y a los legisladores que, al votar afirmativamente la Ley 27.249, se convirtieron en partícipes necesarios del obrar delictivo.
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