EL ENEMIGO
Columna
del economista Alfredo Zaiat
La estrategia oficial para desentenderse del
impacto negativo de su política económica en el mercado laboral es afirmar que
el aumento de la desocupación es por culpa de los trabajadores, abogados y
jueces del fuero laboral que fallan contra las empresas, lo que desalentaría la
creación de empleo
Días antes de la publicación
del Índice de Precios al Consumidor, el Gobierno empezó a difundir que el
indicador de mayo iba a marcar una cifra más baja que el consenso de
consultoras y centros de estudios de gremios. Así fue. El INDEC de Macri asumió
como política institucional no oficial adelantar al Poder Ejecutivo el
resultado de variables claves. De esa forma la Jefatura de Gabinete está
avisada para preparar el instructivo de propaganda gubernamental que distribuye
entre funcionarios y voceros oficiosos. Esa relación brumosa entre el organismo
encargado de producir estadísticas públicas y el gobierno quedó otra vez en
evidencia con las cifras de desocupación. El presidente Macri estaba informado
de los pésimos datos de empleo del primer trimestre, que dos días después
difundiera el INDEC, cuando arremetió contra el derecho de los trabajadores de
defenderse de injusticias patronales en el fuero laboral. Para distraer aún más
de la cuestión relevante, cruzó límites de la convivencia democrática y soltó
una agresión directa contra el jefe de la principal bancada de la oposición,
diputado y abogado laboralista Héctor Recalde. Lo cierto es que
independientemente de la campaña de confusión, del ocultamiento de información
en grandes medios adictos y de la persecución política a opositores, el
gobierno de Macri elevó los índices de desempleo y de subocupación al nivel más
alto desde 2007 para los primeros tres meses del año.
La estrategia oficial para
desentenderse del impacto negativo de su política económica en el mercado
laboral es afirmar que el aumento de la desocupación es por culpa de los
trabajadores, abogados y jueces del fuero laboral que fallan contra las empresas,
lo que desalentaría la creación de empleo. La mayoría de las cámaras patronales
actuó de red de apoyo a esa causa oficial. Lo hicieron con declaraciones contra
lo que denominan “industria del juicio”, informes detallando casos que por
demandas de trabajadores pymes están obligadas a cerrar, discursos que acusan a
trabajadores que defienden sus derechos de ser los responsables de la pérdida
de competitividad de la producción nacional.
Además de conseguir que el
alza de la desocupación sea minimizada por gran parte de los medios (Clarín ni
la mencionó en la tapa), el Gobierno busca que el debate acerca del acelerado
deterioro del mercado de trabajo sea orientado hacia la polémica de los juicios
laborales. Así desplaza la causa principal que provocó el fuerte aumento del
desempleo: la batería de medidas regresivas que derivó en recesión y posterior
estancamiento de la economía.
Las pymes
están quebrando por el derrumbe del mercado interno; no por los juicios laborales. La prueba es que en
los años dominados por la bestia del populismo hubo expansión de pymes con este
mismo contexto del fuero laboral. Esto no significa que lo que es considerado
la “industria del juicio” necesite un abordaje riguroso y sin prejuicio de
clase, pero un gobierno de y para los ricos no está en condiciones de realizar
esa tarea con criterio de equidad, seriedad técnica y respeto por la legalidad.
Combo
Subieron el desempleo y la
subocupación, bajó el empleo y retrocedió el salario en términos reales. Es un
combo que define una crisis del mercado laboral. Otra interpretación de esta
crítica situación sociolaboral sólo puede atribuirse a una deliberada decisión
de distraer. La pasividad de la conducción de la CGT ante ese cuadro de
desmejora de los trabajadores y de avanzada de entidades empresarias contra
derechos laborales convoca a sospechar de la existencia de una turbia comunión
de intereses. Sin buscar razones ocultas, puede ser la exteriorización
simplemente de una confluencia política de respaldo a un gobierno neoliberal o
a opciones políticas que no difieren en mucho de los actuales lineamientos
económicos.
Esta alianza está teniendo
consecuencias negativas en las condiciones laborales y de ingresos de gran
parte de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo publica en el Boletín de
Estadísticas Laborales los convenios colectivos rubricados. De esos acuerdos
paritarios surge una caída del salario real (en relación al IPC-CABA) en casi
todos los sectores, entre diciembre de 2015 y 2016. En algunos casos, ese
retroceso superó el 13 por ciento, como en Gastronómicos, Calzado y Vidrio.
El documento “¿Cómo
preservar el poder adquisitivo de los salarios en las paritarias 2017?”,
elaborado por el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la
Universidad Nacional de San Martín, analiza la cláusula gatillo incorporada en
varias negociaciones paritarias de este año. Esa cobertura no necesariamente
permitirá mejorar el poder adquisitivo del salario. Para los autores de ese
informe, “si por las cláusulas gatillo, si en algún momento el aumento salarial
acordado fuera equivalente al incremento acumulado del nivel de precios, es
posible que se logre sostener el poder adquisitivo durante 2017, pero en ningún
caso se recuperará la capacidad de compra raleada en 2016”.
Rencor
En un discurso descolgado del
contexto, cuando le tomó la jura al nuevo canciller, Jorge Faurie, el
presidente Macri acusó a Héctor Recalde de liderar la mafia de estudios de
abogados laboralistas y jueces. Para que no quedaran dudas del destinatario
dijo: “Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales. Enfrentarlo y
terminarlo porque destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de
estudios laboralistas –que por suerte son una minoría–, con un grupo de jueces
minoritarios laboralistas conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la
Argentina”. La psicología tiene una definición muy precisa para ese desborde y
obsesión presidencial hablando de mafias.
Recalde interpretó la
agresión presidencial a un viejo rencor debido a que le ganó una querella por
prácticas antisindicales cuando Macri era titular del Correo Argentina SA. Se
trata del juicio “Jerez, Víctor c/ Correo Argentino SA s/Práctica Desleal”,
expte. 8421/98; JNT n°39, CNAT S.III. El litigio se originó por las presiones
ejercidas contra trabajadores para que se desafilien del sindicato. En primera
instancia y luego de la apelación en la Cámara, el Correo de Macri fue
condenado y tuvo que pagar una multa de 300 mil pesos, equivalente en ese año a
300 mil dólares.
El artículo “Carta Abierta a
los trabajadores” que publicó el domingo pasado en el suplemento económico
Cash, Recalde detalló cada una de las iniciativas oficiales para recortar y
hasta eliminar derechos laborales. Precisa que el gobierno no quiere paritarias
libres para beneficiar a las empresas, bajando el costo laboral y aumentando la
rentabilidad; indica que no ha convocado la paritaria nacional docente para
acordar el salario mínimo para todo el país y fijar el fondo de ayuda a las
provincias pese a que la ley obliga al Estado Nacional a hacerlo y a que una
sentencia judicial lo ordenó; menciona que a través del Ministerio de Trabajo
determinó un techo salarial para las paritarias 2017, que no sólo es inferior a
la inflación proyectada, sino que no recupera la pérdida del poder adquisitivo
del 2016, como se mencionó arriba; destaca que quieren limitar el aumento de
los salarios al crecimiento de la productividad, lo que impediría mejorar la
distribución del ingreso consolidando un reparto inequitativo de la riqueza;
advierte que la pretensión oficial es limitar las paritarias por actividad para
impulsarlas por empresa; señala que buscan disminuir o eliminar la actual
indemnización por despidos, reemplazándola por un esquema donde los
trabajadores financien su salida de la empresa aportando a cuentas individuales
de capitalización y retirando “su ahorro” cuando pierden el empleo; indica que
el presidente Macri elogió la flexibilización laboral al anunciar un plan para
la industria automotriz, que significa contratos basura, sin estabilidad ni indemnización,
salarios reducidos y el cese de la ultraactividad de los convenios; rescata
declaraciones del Presidente donde expresa su deseo de que haya jornadas
flexibles, turnos rotativos, trabajo en sábado y domingos y francos a mitad de
la semana y sin derecho a cobrar horas extras; y, finalmente, denuncia que el
gobierno ataca a la Justicia Laboral, persigue a los jueces que aplican la ley
y protegen los derechos laborales y que tiene el proyecto de eliminar la
Justicia Nacional del Trabajo para transformarla en una justicia municipal en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La política antiobrera
desplegada en casi 20 meses de gestión revela la existencia de una línea de
conducta inalterable que va del Macri empresario al Macri presidente de la
Nación. Continuidad que no oculta que tiene identificado a quien considera el
enemigo a debilitar.
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