PROYECTO DE LEY QUE BENEFICIA A INQUILINOS EN CABA
La iniciativa redactada por distintas organizaciones
estatales y de la sociedad civil propone una serie de modificaciones en la
relación entre los inquilinos, propietarios e inmobiliarias.
Un grupo de organizaciones
sociales de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones estatales presentaron
este jueves en la Legislatura porteñaun
proyecto de ley que apunta a proteger a los inquilinos frente a los abusos que
deben enfrentar a la hora de alquilar un lugar donde vivir en la ciudad de
Buenos Aires.La iniciativa fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y
la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, La Asociación Civil Inquilinos
Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio
Público de la Defensa de la Ciudad y la Dirección de Acceso a la Justicia del
Ministerio Público Fiscal de la Nación.Entre los puntos más destacados del proyecto se estipula
la eximición del pago de la comisión
inmobiliaria a los inquilinos. En su lugar será el propietario el que deba hacerse
cargo de dicho gasto.
También establece que la comisión
inmobiliaria tendrá un tope del 4,15% sobre el monto total del contrato. Sobre
la base de un contrato de 24 meses, ese monto equivale al alquiler de un solo
mes.
La iniciativa dispone además que la
certificación de firmas y los informes de dominio previos a la firma del
contrato,deben ser gratuitos para el inquilino al tiempo que prevé la
creación de agencias gubernamentales de asesoramiento para los inquilinos con
presencia en todas las comunas.
Según datos oficiales de
2015, más del 35 % de los hogares porteños está ocupado por inquilinos. Hace 15
años ese porcentaje era del 22%.
El proyecto prevé también un sistema de
sustitución de garantías para inquilinos Para los inquilinos que trabajan
en el Estado de la Ciudad se implementaría un Sistema de Pago Asegurado, por el
que podrán optar en reemplazo de la garantía propietaria, quienes suscriban
contratos de alquiler, que asegura más eficazmente el cobro a los propietarios,
al mismo tiempo que facilita el acceso a la vivienda a los inquilinos.
Este sistema podrá extenderse a inquilinos en relación de dependencia en
empresas privadas, y se dispone la creación de un sistema alternativo que
permita que los trabajadores informales y monotributistas el acceso a garantías
que les permitan alquiler.El
proyecto establece además, un sistema de prevención de discriminaciónde
modo que las negativas a alquilar un inmueble por factores como etnia,
nacionalidad, religión, sexo, ocupación, composición familiar, y la exigencia
de que las garantías sean de un familiar directo sean considerados actos
discriminatorios en el marco de las leyes locales y nacionales que los
sancionan (ley 5.261 y ley 23.592).
Se propone también un contrato modelo
de alquiler de referencia de modo de eliminar las cláusulas abusivas en
perjuicio de los inquilinos que suelen incluir los contratos tipo que proponen
las inmobiliarias, y se incluye la obligación del Poder Ejecutivo de
establecer un sistema de difusión e incentivos para que este modelo sea
utilizado.
La iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a implementar una campaña masiva de
difusión de los derechos de los inquilinos y de los canales institucionales
existentes para denunciar incumplimientos.
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