La gobernadora ordenó a un grupo de jubilados y pensionados con trabajo en blanco a renunciar a su prestación o, en su defecto, a su actual empleo.
El gobierno bonaerense emitió una resolución mediante la cual obliga a un grupo de empleados pasivos que trabajan en otra actividad a dar de baja su prestación o, en su defecto, a renunciar a su actual empleo, y los intimó a que devuelvan lo cobrado sumándole intereses.
La medida se tomó amparada en el Decreto 9650 sancionado en 1980 por la última dictadura militar, que regula el sistema previsional de la Provincia, y la intimación fue hecha a través de la Resolución 865633 del Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS).
Según denuncias de los beneficiarios, los afectados se enteraron de la decisión por correo y sólo quienes solicitaron una copia certificada al IPS pudieron acceder a la resolución.
Tal fue el caso de Liliana Varoni, una locutora que actualmente trabaja como conductora en una FM y que era jubilada tras haber trabajado como profesora de Educación Física.
"El 20 de junio me llegó la intimación y el 30 me sacaron la jubilación", aseguró Varoni.
Evidentemente, a través de estas medidas que está tomando Vidal, están arrastrando a la franja poblacional de la tercera edad a la indigencia absoluta y posterior muerte. Es necesario que en las próximas legislativas se limiten drásticamente los poderes a este gobierno, en camino a 2019, para erradicarlos definitivamente de la Argentina.
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