Después de tomarles declaración indagatoria, el juez Marcelo Martínez de Giorgi firmó todas las excarcelaciones. Fueron liberados cerca de las 10 de la noche, cuando los trasladaron a Madariaga y General Paz, desde donde partieron a sus hogares. Familiares, organizaciones sociales y políticas aguardaron desde la mañana en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, a la espera de que se libere a los 31 detenidos durante la represión del viernes en Plaza de Mayo. Después de tomarles declaración indagatoria, el juez Marcelo Martínez de Giorgi firmó todas las excarcelaciones y cerca de las 10 de la noche, fueron liberados. Según le dijo María del Carmen Verdú, titular del CORREPI, a Política Argentina, los detenidos son trasladados a General Paz y Madariaga, donde se encuentra la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Desde allí, a sus hogares.
Más temprano, Verdú había adelantado que "el juez manifestó que compartía lo que le estábamos diciendo respecto a la libertad de los detenidos" y expresó "su voluntad de que se declaren las excarcelaciones de forma inmediata". En este marco, denunció que se trata "de una causa armada por la policía para desvirtuar la masiva movilización por Santiago Maldonado" y que gracias al esfuerzo y acompañamiento de los trabajadores de prensa y el SipreBA, lograron adelantar las declaraciones indagatorias que, en principio, estaban programadas para el lunes.
Por su parte, el abogado de Correpi, Ismael Jalil, aclaró que "los 31 detenidos están mal detenidos, no tienen que ver con los incidentes" y remarcó que las declaraciones y pruebas presentadas permitieron demostrar que "el lugar de detención (real) es diferente del que fiigura en el acta" policial. En esta línea, agregó Verdú, "el horario de detención policial no coincide con pruebas objetivas".
Por esto, señaló Jalil, "estamos ante un verdadero escándalo, ante un bochorno" porque "acaban de detener por 72 horas a trabajadores argentinos y van a pagar por eso". De este modo, adelantó que "en el banquillo de los acusados tienen que estar los responsables, que van desde el Presidente de la Nación hasta la Ministra de Seguridad y todo el gabinete de ese ministerio".
Más temprano, Verdú había adelantado que "el juez manifestó que compartía lo que le estábamos diciendo respecto a la libertad de los detenidos" y expresó "su voluntad de que se declaren las excarcelaciones de forma inmediata". En este marco, denunció que se trata "de una causa armada por la policía para desvirtuar la masiva movilización por Santiago Maldonado" y que gracias al esfuerzo y acompañamiento de los trabajadores de prensa y el SipreBA, lograron adelantar las declaraciones indagatorias que, en principio, estaban programadas para el lunes.
Por su parte, el abogado de Correpi, Ismael Jalil, aclaró que "los 31 detenidos están mal detenidos, no tienen que ver con los incidentes" y remarcó que las declaraciones y pruebas presentadas permitieron demostrar que "el lugar de detención (real) es diferente del que fiigura en el acta" policial. En esta línea, agregó Verdú, "el horario de detención policial no coincide con pruebas objetivas".
Por esto, señaló Jalil, "estamos ante un verdadero escándalo, ante un bochorno" porque "acaban de detener por 72 horas a trabajadores argentinos y van a pagar por eso". De este modo, adelantó que "en el banquillo de los acusados tienen que estar los responsables, que van desde el Presidente de la Nación hasta la Ministra de Seguridad y todo el gabinete de ese ministerio".
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