El gobierno impidió la firma de un acuerdo para que expertos del organismo colaboren. Iban a evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada. Algo que, evidentemente, a Macri no le conviene.
Antes de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) arribara al país para investigar sobre la desaparición de Santiago Maldonado, un ala del Gobierno bloqueó el arribo de un grupo de expertos que iba a evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para impulsar la búsqueda del joven desaparecido sobre la base de documentos y testimonios de funcionarios y otras fuentes,
La misión había sido aprobada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, pero debió retroceder ante la presión de otros funcionarios. Pero funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, presionaron para frenar el arribo de esta comisión internacional.
Esas idas y venidas provocaron, además, que el representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, viajara dos veces desde Chile para firmar el acuerdo, pero debió volverse con las manos vacías.
Garavano protagonizó cruces con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien adoptó otra línea de negociación, más cercana a Macri, quien no oculta puertas adentro su fastidio con la cobertura periodística del caso Maldonado y su impacto, según él, sólo en el "círculo rojo".
En la negociación se realizaron unas seis reuniones. La primera fue el martes 29 de agosto, cuando Santiago Maldonado llevaba cuatro semanas desaparecido y el ministro Garavano se reunió con su hermano Sergio en La Plata, en la Defensoría ante la Casación Penal bonaerense, cuyo titular, Mario Coriolano, colabora con la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, y actúa de puente con las autoridades.
La familia le entregó a Garavano un petitorio. Pidió que autorizara a ese grupo de expertos, que aprobara la participación de los investigadores que trabajan con Coriolano en casos de violencia institucional y que el Estado ayudara con los gastos como querellante de la familia. Por ejemplo, con los pasajes aéreos entre Buenos Aires y Esquel.
Dos días después, hubo una segunda reunión en el Ministerio de Justicia. Junto a Garavano estaban Avruj y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriela Quinteros, mientras que Incalcaterra viajó desde Chile para analizar el despliegue de los expertos.
El jueves 31 de agosto, los equipos de Garavano, la ONU y los Maldonado avanzaron con la letra chica del acuerdo en la sede del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). Al día siguiente, la cuarta reunión fue en la ex ESMA, cuando los Maldonado e Incalcaterra pensaron que cerrarían el acuerdo. Pero no fue así.
Garavano procuró restarle relevancia a esa demora. Afirmó que "el lunes" firmarían el acuerdo. Pero cosechó la inmediata corrección de un emisario de la Cancillería, que dijo que podría ser "el martes", pero que no podía garantizarlo. Al enterarse, Sergio Maldonado enfureció e Incalcaterra se volvió a Chile.
Para entonces, la opción de los expertos internacionales seguía viva, a tal punto que la oficina del Acnudh informó que Incalcaterra se había reunido con Garavano, Avruj, Coriolano y la abogada de los Maldonado y que "el ministro dio a conocer el acuerdo al que habría llegado con los familiares de Maldonado para pedir la cooperación y asistencia con la Oficina del Alto Comisionado".
En Santiago de Chile, el representante de la ONU mantuvo la quinta reunión. Fue con el secretario de Derechos Humanos bonaerense y ex secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón, quien había viajado por otro compromiso, pero café de por medio le planteó a Incalcaterra, su viejo amigo, qué ocurría.
Cantón argumentó, en línea con técnicos de la Cancillería, que convocar al grupo de expertos no era la mejor opción. Dijo que afectaría la imagen internacional de la Argentina y que había una "diferencia abismal" entre el caso Maldonado y la desaparición de 43 estudiantes en México -donde sí intervino un grupo de ese tipo-, pero que sí sería bueno el arribo de un "observador internacional" que analizara el cuadro y recomendara medidas al Estado argentino. La última reunión con Incalcaterra para acordar la llegada de los expertos se dio en la Casa Rosada, en ella participaron Peña y Avruj y otros funcionarios sin Garavano, que llegó al final ya con la decisión tomada: no convocarían al grupo de expertos.
El ala del Gobierno que se opuso a ese acuerdo lo vivió como un triunfo. Sintió que le evitó a la Argentina un escarnio de proporciones mundiales.
Antes de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) arribara al país para investigar sobre la desaparición de Santiago Maldonado, un ala del Gobierno bloqueó el arribo de un grupo de expertos que iba a evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para impulsar la búsqueda del joven desaparecido sobre la base de documentos y testimonios de funcionarios y otras fuentes,
La misión había sido aprobada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, pero debió retroceder ante la presión de otros funcionarios. Pero funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, presionaron para frenar el arribo de esta comisión internacional.
Esas idas y venidas provocaron, además, que el representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, viajara dos veces desde Chile para firmar el acuerdo, pero debió volverse con las manos vacías.
Garavano protagonizó cruces con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien adoptó otra línea de negociación, más cercana a Macri, quien no oculta puertas adentro su fastidio con la cobertura periodística del caso Maldonado y su impacto, según él, sólo en el "círculo rojo".
En la negociación se realizaron unas seis reuniones. La primera fue el martes 29 de agosto, cuando Santiago Maldonado llevaba cuatro semanas desaparecido y el ministro Garavano se reunió con su hermano Sergio en La Plata, en la Defensoría ante la Casación Penal bonaerense, cuyo titular, Mario Coriolano, colabora con la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, y actúa de puente con las autoridades.
La familia le entregó a Garavano un petitorio. Pidió que autorizara a ese grupo de expertos, que aprobara la participación de los investigadores que trabajan con Coriolano en casos de violencia institucional y que el Estado ayudara con los gastos como querellante de la familia. Por ejemplo, con los pasajes aéreos entre Buenos Aires y Esquel.
Dos días después, hubo una segunda reunión en el Ministerio de Justicia. Junto a Garavano estaban Avruj y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriela Quinteros, mientras que Incalcaterra viajó desde Chile para analizar el despliegue de los expertos.
El jueves 31 de agosto, los equipos de Garavano, la ONU y los Maldonado avanzaron con la letra chica del acuerdo en la sede del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). Al día siguiente, la cuarta reunión fue en la ex ESMA, cuando los Maldonado e Incalcaterra pensaron que cerrarían el acuerdo. Pero no fue así.
Garavano procuró restarle relevancia a esa demora. Afirmó que "el lunes" firmarían el acuerdo. Pero cosechó la inmediata corrección de un emisario de la Cancillería, que dijo que podría ser "el martes", pero que no podía garantizarlo. Al enterarse, Sergio Maldonado enfureció e Incalcaterra se volvió a Chile.
Para entonces, la opción de los expertos internacionales seguía viva, a tal punto que la oficina del Acnudh informó que Incalcaterra se había reunido con Garavano, Avruj, Coriolano y la abogada de los Maldonado y que "el ministro dio a conocer el acuerdo al que habría llegado con los familiares de Maldonado para pedir la cooperación y asistencia con la Oficina del Alto Comisionado".
En Santiago de Chile, el representante de la ONU mantuvo la quinta reunión. Fue con el secretario de Derechos Humanos bonaerense y ex secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón, quien había viajado por otro compromiso, pero café de por medio le planteó a Incalcaterra, su viejo amigo, qué ocurría.
Cantón argumentó, en línea con técnicos de la Cancillería, que convocar al grupo de expertos no era la mejor opción. Dijo que afectaría la imagen internacional de la Argentina y que había una "diferencia abismal" entre el caso Maldonado y la desaparición de 43 estudiantes en México -donde sí intervino un grupo de ese tipo-, pero que sí sería bueno el arribo de un "observador internacional" que analizara el cuadro y recomendara medidas al Estado argentino. La última reunión con Incalcaterra para acordar la llegada de los expertos se dio en la Casa Rosada, en ella participaron Peña y Avruj y otros funcionarios sin Garavano, que llegó al final ya con la decisión tomada: no convocarían al grupo de expertos.
El ala del Gobierno que se opuso a ese acuerdo lo vivió como un triunfo. Sintió que le evitó a la Argentina un escarnio de proporciones mundiales.
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