El presidente de Cataluña pidió al Parlamento suspender la declaración de independencia
Barcelona emprenderá un diálogo para llegar a una solución acordada.
El presidente catalán Carles Puigdemont asumió este martes en el parlamento el "mandato" del referéndum para que Cataluña sea una "República independiente", aunque llamó al congreso a suspender "los efectos" de la independencia para propiciar un diálogo.
El gobierno español de Mariano Rajoy lo consideró una declaración "implícita" de independencia, tras la consulta del 1 de octubre, ilegalizada por la Justicia: "No es admisible hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita".
En una esperada comparecencia ante el parlamento regional, Puigdemont asumió el veredicto de las urnas, en las que el sí a la autodeterminación ganó con más del 90% de los votos, con una participación del 43% de la población de esta región de 7,5 millones de habitantes.
"Asumo al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república", dijo Puigdemont.
Y acto seguido, agregó: "El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada".
Estos son los mensajes más fuertes de un discurso de marcado tono histórico, casi todo en catalán, en el que reprochó al Estado no haber sido un interlocutor "en el pasado ni en el presente".
Antes, el presidente catalán defendió "la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y no contribuir ni con la palabra ni con el gesto a incrementarla".
La sesión se inició con una hora de retraso porque hubo una discrepancia en el seno de la coalición independentista, donde conviven diferentes sensibilidades, desde el conservador PdeCAT, al partido de extrema izquierda de la CUP.
El gobierno español había pedido horas antes a Puigdemont que no hiciera nada "irreversible" y desistiera de agravar la crisis política que vive España, la peor de su era democrática moderna, una demanda a la que se sumaron voces europeas.
El Parlamento donde hablaba el presidente era un fortín. La policía catalana cerró al público el parque donde se encuentra la Cámara para prevenir incidentes entre unionistas y secesionistas, días después de que las imágenes de las cargas policiales contra los votantes dieran la vuelta al mundo.
Las vallas rodeaban las entradas al parque, había decenas de furgonetas policiales y un helicóptero sobrevolaba la sede.
Tercera declaración de independencia en 86 años
En los últimos 86 años, el gobierno catalán proclamó en dos ocasiones la independencia, sin que ésta llegara a materializarse.
El primero en hacerlo fue Francesc Macià en 1931, y el segundo Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.
Ante este horizonte, las empresas optaron por resguardarse: de las siete compañías catalanas en el selectivo bursátil español, seis trasladaron su sede a otras regiones españolas como los bancos CaixaBank y Banco Sabadell, o la energética Gas Natural. "Es un reflejo claro del grado máximo de preocupación" del mundo empresarial, advirtió en un comunicado la principal patronal regional, Fomento del Trabajo, pidiendo a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar "hacia la insolvencia económica".
Barcelona emprenderá un diálogo para llegar a una solución acordada.
El presidente catalán Carles Puigdemont asumió este martes en el parlamento el "mandato" del referéndum para que Cataluña sea una "República independiente", aunque llamó al congreso a suspender "los efectos" de la independencia para propiciar un diálogo.
El gobierno español de Mariano Rajoy lo consideró una declaración "implícita" de independencia, tras la consulta del 1 de octubre, ilegalizada por la Justicia: "No es admisible hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita".
En una esperada comparecencia ante el parlamento regional, Puigdemont asumió el veredicto de las urnas, en las que el sí a la autodeterminación ganó con más del 90% de los votos, con una participación del 43% de la población de esta región de 7,5 millones de habitantes.
"Asumo al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república", dijo Puigdemont.
Y acto seguido, agregó: "El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada".
Estos son los mensajes más fuertes de un discurso de marcado tono histórico, casi todo en catalán, en el que reprochó al Estado no haber sido un interlocutor "en el pasado ni en el presente".
Antes, el presidente catalán defendió "la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y no contribuir ni con la palabra ni con el gesto a incrementarla".
La sesión se inició con una hora de retraso porque hubo una discrepancia en el seno de la coalición independentista, donde conviven diferentes sensibilidades, desde el conservador PdeCAT, al partido de extrema izquierda de la CUP.
El gobierno español había pedido horas antes a Puigdemont que no hiciera nada "irreversible" y desistiera de agravar la crisis política que vive España, la peor de su era democrática moderna, una demanda a la que se sumaron voces europeas.
El Parlamento donde hablaba el presidente era un fortín. La policía catalana cerró al público el parque donde se encuentra la Cámara para prevenir incidentes entre unionistas y secesionistas, días después de que las imágenes de las cargas policiales contra los votantes dieran la vuelta al mundo.
Las vallas rodeaban las entradas al parque, había decenas de furgonetas policiales y un helicóptero sobrevolaba la sede.
Tercera declaración de independencia en 86 años
En los últimos 86 años, el gobierno catalán proclamó en dos ocasiones la independencia, sin que ésta llegara a materializarse.
El primero en hacerlo fue Francesc Macià en 1931, y el segundo Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.
Ante este horizonte, las empresas optaron por resguardarse: de las siete compañías catalanas en el selectivo bursátil español, seis trasladaron su sede a otras regiones españolas como los bancos CaixaBank y Banco Sabadell, o la energética Gas Natural. "Es un reflejo claro del grado máximo de preocupación" del mundo empresarial, advirtió en un comunicado la principal patronal regional, Fomento del Trabajo, pidiendo a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar "hacia la insolvencia económica".
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