Procesaron a Gils Carbó por la compra del edificio para la Procuración. Tan ridículo como obsceno.
El juez federal Julián Ercolini, aliado de Macri al igual que Bonadío, dictó el procesamiento de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó en el marco de la causa en la que se investigan, según este nuevo ataque judicial, irregularidades en la adquisición de un edificio para la Procuración de más de 43 millones de pesos.
Según la resolución de 211 carillas, el juez consideró a Gils Carbó como “coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y además le trabó un embargo por 7 millones de pesos.
El fallo da cuenta de la supuesta existencia de “un complejo plan orientado a adquirir directamente” para el Ministerio Público Fiscal, el edificio de la calle Perón 667, bajo la “simulación engañosa de una licitación pública”. El juez Ercolini advierte sobre “acciones ardidosas” de Gils Carbó y otros cuatro procesados.
La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667estaba digitada antes de ser pública, para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión.
Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado Alejandro Rúa aseguró que “está probado que Alejandra Gils Carbó no cobró ni se benefició por esta operación, ya que no ingresó dinero a su patrimonio por fuera del salario que como funcionaria judicial de carrera percibe en su cuenta sueldo desde hace 30 años”. Cuando efectuó su descargo, la Procuradora sostuvo que “las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill. Está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill”, dice la presentación efectuada por Gils Carbó en su momento.
El juez federal Julián Ercolini, aliado de Macri al igual que Bonadío, dictó el procesamiento de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó en el marco de la causa en la que se investigan, según este nuevo ataque judicial, irregularidades en la adquisición de un edificio para la Procuración de más de 43 millones de pesos.
Según la resolución de 211 carillas, el juez consideró a Gils Carbó como “coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y además le trabó un embargo por 7 millones de pesos.
El fallo da cuenta de la supuesta existencia de “un complejo plan orientado a adquirir directamente” para el Ministerio Público Fiscal, el edificio de la calle Perón 667, bajo la “simulación engañosa de una licitación pública”. El juez Ercolini advierte sobre “acciones ardidosas” de Gils Carbó y otros cuatro procesados.
La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667estaba digitada antes de ser pública, para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión.
Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado Alejandro Rúa aseguró que “está probado que Alejandra Gils Carbó no cobró ni se benefició por esta operación, ya que no ingresó dinero a su patrimonio por fuera del salario que como funcionaria judicial de carrera percibe en su cuenta sueldo desde hace 30 años”. Cuando efectuó su descargo, la Procuradora sostuvo que “las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill. Está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill”, dice la presentación efectuada por Gils Carbó en su momento.
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