CIPPEC calculó que empresas eléctricas se llevarán 500 millones de dólares anuales "de regalo" por 15 años, monto saqueado a los usuarios deliberadamente.

Un trabajo presentado por la organización no gubernamental arrojó que el Gobierno nacional realizó la firma de contratos a largo plazo que "comprometen pagos a realizar por los consumidores por los próximos 15 años", De esta forma las empresas tendrán beneficios extras de 500 millones de dólares al año.

La organización no gubernamental CIPPEC determinó que el gobierno firmó contratos a largo plazo de forma centralizada, sin fundamentos públicos y que comprometen pagos a realizar por los consumidores por los próximos 15 años, con beneficios extra de unos 500 millones de dólares anuales para empresas del sector eléctrico.

Hasta el año 2026 se trata de unos 5.000 millones de dólares que saldrán del bolsillo de los usuarios, de acuerdo al informe desarrollado por el investigador principal de CIPPEC Diego Bondorevsky. El trabajo cuestiona que el Gobierno les abrió la puerta del negocio primero a las grandes empresas, cuando en el mundo los pequeños productores adquirieron un rol trascendental.

El Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren firmó en marzo de 2016 la denominada resolución 21, por la cual se licitaron aproximadamente 3100 megawatts (MW) de generación térmica para evitar cortes. Esos contratos, denominados PPA, se firmaron a 10 años y se efectivizaron en un precio medio de US$21/kW-mes.

"Para poner en contexto esos valores, en Chile los precios resultantes de esa tecnología son de aproximadamente US$8,5/kW-mes, y en México (un sistema con gran componente térmica y de mayor escala) del orden de US$6/kW-mes", indicó Bondorevsky.

El especialista determinó: "las elevadas tasas internas de retorno requeridas por los inversores en las licitaciones, en un contexto en el cual se sumaban un alto riesgo país y el riesgo específico del sector, que definieron plazos de recuperación de la inversión de 4 a 5 años, ponen en duda la decisión de privilegiar un resultado de corto plazo (evitar los altos costos de la energía no suministrada) asumiendo costos significativamente mayores que los que tendría el sistema con cortes".

Según los números de Bondorevsky, el sistema tiene un costo anual adicional de US$600 millones por esta medida (aproximadamente US$2700 millones en total a valores presentes por 12 años). "Dado que los consumidores son quienes se van a hacer cargo de estos costos por los próximos años, este tipo de contratos se transforman en hipotecas muy caras a pagar" para ellos, señaló.

"¿Por qué en tan poco tiempo se toman decisiones tan importantes? ¿Por qué las decisiones, que implican transferencias de consumidores a empresas de mucha plata, son tan centralizadas", señaló Bondorevsky en declaraciones.

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