El informe anual de 2017/2018 denunció una
crimilización contra grupos indígenas; habla de un retroceso en la
política migratoria y detenciones indiscriminadas de parte de la
policía.
Crimilización y discriminación de los pueblos indígenas. Derechos de los inmigrantes con retrocesos importantes.
Detenciones indiscriminadas y mujeres maltratadas por la policía.
Críticas por la muerte de Santiago Maldonado y por la detención de
Milagro Sala.
Estos son algunos de los ejes relevantes del informe sobre la situación
de los derechos humanos en el mundo en 2017/2018 que presentará este
jueves Amnistía Internacional y cuyo capítulo dedicado a la Argentina
muestra una dura crítica a la política de derechos humanos de Macri.
Si bien ofrece algunos
elogios al país como la sentencia en la megacausa ESMA y los avances
legislativos con la ley de emergencia territorial y la ley de paridad de
género, polític que se llevaron a cabo en el gobierno de Cristina Kirchner, en líneas generales el documento es duro con el Gobierno.
El informe anual de Amnistía será presentado hoy en todo el mundo. Contempla severas críticas a la
situación de violación a los derechos humanos en Venezuela y también
revela una primera radiografía completa de los dos primeros años de
Macri en materia de derechos humanos sobre los siguientes temas:
1- Comunidades indígenas y Maldonado.
El documento sostiene que la mayoría de las comunidades indígenas aún
no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra,
pese a que la Constitución reconocía su derecho a sus tierras
ancestrales y a los recursos naturales.
En este punto Amnistía destacó que en enero de 2017, la policía local y miembros de la
Gendarmería Nacional Argentina, una policía federal militarizada,
cerraron todos los puntos de acceso a la tierra indígena habitada por la
comunidad mapuche Pu Lof en Chubut.
Así, al abordar el caso de la muerte de Maldonado el informe revela que la comunidad denunció ataques de las fuerzas policiales que incluyeron golpes e intimidación a niños y niñas. Y luego califica como una operación ilegal de la Gendarmería la que se realizó en la comunidad de Pu Lof durante
la cual desapareció Santiago Maldonado. Indica más adelante que fue hallado el
cuerpo del joven y que la investigación sobre su muerte no concluyó.
Por otra parte, al destacar las políticas discriminatorias contra los grupos indígenas
el informe de Amnistía sostuvo que las autoridades emplearon
procedimientos judiciales para intimidar a los pueblos indígenas, a los
que acusaron, entre otras cosas, de sedición, resistencia a la
autoridad, robo, tentativa de agresión y homicidio.
Allí menciona que Agustín Santillán, líder indígena del pueblo wichí en
la provincia de Formosa, pasó 190 días en prisión preventiva entre
abril y octubre y afrontaba más de 28 procesos penales.
2- Derechos sexuales y reproductivos.
En referencia a este tema el informe anual de Amnistía sostiene que en
la Argentina las mujeres y las niñas seguían afrontando obstáculos para
acceder a un aborto legal cuando el embarazo ponía en peligro su salud o
cuando era consecuencia de una violación. Así, aclara que la
despenalización plena del aborto estaba pendiente de aprobación en el
Congreso.
3- Violencia contra las mujeres.
En un apartado especial, el informe destaca que, según datos de la
sociedad civil, entre enero y noviembre del año pasado se registraron al
menos 254 femicidios. En tanto, denunció que el
Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios
para su implementación plena.
4-Inmigrantes y refugiados.
El informe de Amnistía cuestiona duramente el decreto de Macri que
modificó la ley de migraciones de 2004 para limitar los derechos de
entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones.
En tanto, al recordar la promesa de Macri, de recibir 3000
refugiados sirios destaca que el sistema de recepción de solicitantes
de asilo seguía siendo lento e insuficiente, y no había un plan de
integración vigente para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes
de asilo a acceder a derechos básicos, como la educación, el trabajo,
la atención médica y el aprendizaje del idioma.
De esta manera, Amnistía señala que, a pesar del compromiso del jefe de
Estado, hasta ahora no se había creado ningún programa de
reasentamiento y menos de 400 personas refugiadas sirias se habían
beneficiado de un plan de patrocinio privado y de visados por razones
humanitarias.
5- Juicios a militares. Amnistía
señaló que en 2017 seguían celebrándose ante tribunales civiles
ordinarios los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos
durante el régimen militar de 1976-1983. Así, enumera que entre
2006 y mayo de 2017 se dictaron 182 sentencias, con lo que el número
total de personas declaradas culpables se elevó a 756 y el de
absoluciones ascendió a 74.
Pero por otra parte, el informe destacó que la Corte Suprema dictó
sentencia en el caso de Luis Muiña (que fue declarado culpable de
crímenes de lesa humanidad) y estableció que cada día cumplido en
prisión preventiva debía contar como dos cuando la persona en cuestión
permanecía detenida más de dos años sin que se dictase condena. Luego
aclara que el Congreso aprobó posteriormente una ley para aclarar que la
conocida como fórmula del 2×1 podía no ser aplicable a crímenes de
lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
6- AMIA.
Al evaluar el caso del encubrimiento de la investigación del atentado
de 1994 contra el edificio de la AMIA, la ONG mundial encargada de velar
por los derechos humanos alertó que un decreto de Macri de abril de
2017 transfirió documentación clasificada de la Unidad Fiscal Especial
al Ministerio de Justicia, lo cual ponía en peligro la independencia de la investigación y restringía el acceso de la acusación a las pruebas.
7- Marchas y policías.
En este capítulo Amnistía destacó que durante una manifestación por el
Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se produjeron detenciones
indiscriminadas. Y reveló que muchas mujeres denunciaron haber sido
maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas policiales; algunas
afirmaron que las habían obligado a desnudarse por completo.
En otro tramo del informe se revela que en abril se reprimió con
violencia a docentes que se manifestaban en reclamo de salarios justos.
Y se destaca que en septiembre, 31 personas fueron violentamente
detenidas y retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de
la Ciudad de Buenos Aires por participar en una manifestación masiva.
Luego hace mención a las protestas de diciembre pasado en contra de la
reforma previsional frente al Congreso. Sobre esta marcha, Amnistía
denunció que la policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo
denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas.
Al recordar el caso de Milagro Sala, Amnistía destacó que no se
atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la
liberación inmediata de la líder social y activista piquetera acusada
por delitos de corrupción. Sólo se atendió parcialmente esa solicitud,
ya que las condiciones impuestas no cumplían las normas nacionales e
internacionales, dijo el informe.
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