El Gobierno respaldó a Gustavo Arribas, pero un documento oficial de la Policía Federal de San Pablo confirma que Arribas está fehacientemente involucrado en lavado de dinero y coimas tras haber sido comprobado en las investigaciones y las declraciones de los testigos.
El Gobierno salió este viernes a defender públicamente a Gustavo Arribas, acusado de recibir US$850.000 en el marco de operaciones de lavado de dinero. "Respaldamos plenamente" al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, dijo ayer Marcos Peña en conferencia de prensa. Sin embargo, el
horizonte se tornó complejo para el funcionario macrista ya que, por
primera vez, se dio a conocer un documento oficial que lo vincula a la
denominada "Operación descarte".
Se trata de un documento oficial presentado por la Delegación de Combate a la Corrupción y Crímenes Financieros de la Policía Federal de San Pablo, con colaboración de la AFIP brasileña, al que accedió Perfil y donde Arribas es mencionado cinco veces en testimonios de arrepetidos e investigadores.
El documento detalla la trama de la "Operación Descarte", la cual se dedicaba al "lavado de dinero con recursos provenientes del Consorcio Soma-Soluciones en Medio Ambiente”,
un grupo empresario vinculado a la recolección de basura en San Pablo.
Según explica la Policía Federal de ese lugar, había seis grupos
empresarios distintos pero todos vinculados ya que el dinero que
manejaban provenía del consorcio dedicado a la recolección de residuos.
Uno de los seis grupos tenía como líder a Atila Reys Silva.
Este nombre es conocido en la Argentina porque, cuando el año pasado
Arribas fue acusado de recibir coimas por US$600.000, el titular de la
AFI sólo reconoció una de las transferencias recibidas en septiembre de
2013 la cual, dijo, fue por la venta de un departamento en San Pablo a
Atila Reys Silva. Luego cambió la coartada y aseguró que fue por la
venta de bienes muebles.
Según detalla el documento oficial, Atila Reys Silva controlaba dos empresas bajo el nombre Orion.
Su testaferro, Marcos Alberto Silveira, explicó cómo funcionaba la maniobra de lavado de dinero: “Al
menos entre los años 2013 y 2015 (una de las empresas, Orion Brasil
Importaçao e Distribuiçao) fue utilizada para recibir una cantidad
elevada de nada menos que 72.564.052,70 reales” (unos US$ 24
millones) bajo la pantalla de venta de mercaderías o prestación de
servicios. Estos servicios falsos eran pagados
por el consorcio que manejaba la recolección de residuos en San Pablo y
por CVC Turismo, otra empresa importante en Brasil.
El blanqueo estaba en manos de los financistas Alberto Youssef y Leonardo Meirelles
- quien acusó a Arribas -, quienes movían el dinero en el sistema
financiero y tenían su propia red de empresas truchas y cuentas en
bancos internacionales para el pago de coimas.
El documento detalla que una de las maneras de blanquear dinero fue mediante “pagos
de gastos personales y patrimoniales de él y su familia, incluida la
adquisición de bienes de lujo, como autos de marca Ferrari y Maserati;
pagos a las empresas truchas de Alberto Youssef, preso por el Lava Jato;
transferencia de valores para Gustavo Héctor
Arribas, sospechoso de corrupción en la Argentina relacionado con
Odebrecht y el Lava Jato”.
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