El juez Pablo Ormaechea produjo hoy el hecho más relevante en los
cuatro años de investigación del incendio del depósito de Barracas, con
el procesamiento de 17 personas.
Entre los imputados hay directivos de
la empresa y el responsable de la firma de seguridad que debía custodiar
el predio incendiado el 5 de febrero de 2014, que provocó la muerte de 8
bomberos y dos rescatistas.
El magistrado los acusa de “incendio culposo seguido de muerte”. Los
doce funcionarios procesados son Vanesa Berkowski, Pedro Chapar, Roberto
Chiesa, Luis Cogo, Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Silvia Hers,
Gastón Laugle, Felix Lugo, Esther Moroni, Jorge Papanicolau y Rafael
Roldán. Todos quedaron procesados sin prisión preventiva, con embargos
que oscilan entre 7 y 17 millones de pesos.
De Iron Mountain quedaron procesados a los directivos Christian
Castiñeiras, Héctor García, Guillermo Lockhart y Eduardo Sueyras Parra,
quienes fueron embargados por 20 millones de pesos cada uno. El último
imputado es Oscar Godoy, de la empresa de seguridad Segurplus,
responsable de vigilar el galpón de Azara 1245.
El juez dio por probado que el incendio fue intencional para
“encubrir u ocultar” delitos a través de la destrucción de documentos
que podrían demostrar lavado de activos, y acusó a los funcionarios
porteños de omitir los controles y de negligencia a los directivos de
Iron Mountain. Entre otras firmas, allí archivaban documentación Telefé,
Cargill, DirecTV, Galicia Seguros, Cablevisión y el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
El único funcionario que no fue procesado fue el ex oficial carapintada Juan José Gómez Centurión,
entonces responsable de la Agencia Gubernamental de Control, órgano
encargado de habilitar y fiscalizar los locales en la órbita porteña y
titular de la Aduana en el primer tramo de la presidencia de Macri. .
De los funcionarios procesados, Vanesa Berkowski es la de
mayor rango. Ocupaba la Dirección General de Fiscalización y Control.
Para ella es su segundo procesamiento, ya que la Justicia la había
procesado por el derrumbe del boliche Beara, ocurrido en Palermo en
septiembre de 2010.
Cogo se desempeñaba como jefe del Departamento de
Actividades Generales Críticas, y Chiesa era director de Industrias y
Otros Locales. Roldán y Chapar estaban a cargo la Dirección General de
Fiscalización y Control. Hers se ocupaba del Departamento de
Programación Operativa. Laugle y Moroni eran responsables de la
Dirección de Administración y Gestión Operativa Graziani, Grunfeld, Lugo
y Papanicolau eran inspectores.
La víctimas fatales fueron Anahí Garnica (primera mujer
bombero de la Policía Federal), Damián Véliz, Eduardo Conesa, Juan
Monticelli y Maximiliano Martínez, todos del Cuartel I de Bomberos de la
Federal; Leonado Day, jefe de Departamento Zona I de la
Superintendencia Federal Bomberos; José Luis Méndez, del cuartel de
Villa Domínico; Pedro Baricola, de Defensa Civil de la ciudad de Buenos
Aires; y Sebastián Campos y Facundo Ambrosi, ambos bomberos voluntarios
de Vuleta de Rocha. Ambrosi sobrevivió a la tragedia del 5 de febrero y
murió doce días después.
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