Los dos fallos que en sólo una semana voltearon operaciones mediático-judiciales contra la oposición.
El lunes, la Cámara Criminal y Correccional sobreseyó a dos
funcionarias de Desarrollo Social que habían autorizado a Cristina a
cobrar una pensión como ex presidenta, ítem que fue duramente fustigado
por algunos medios. Ayer, el último titular del PAMI del anterior
gobierno fue absuelto en el juicio oral y público por una causa
impulsada por Bonadio y agitada por la prensa.
En plena tensión entre Macri y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se produjo una
semana con dos decisiones judiciales que voltearon, paradójicamente,
dos operaciones mediático-judiciales contra la oposición, que fueron
usadas por el oficialismo para agitar presiones sobre Comodoro Py.
El primer golpe a las operaciones que el Gobierno utilizó para
desplegar el fantasma de la supuesta "corrupción sistemática" del
kirchnerismo ocurrió el lunes, cuando la Cámara Criminal y
Correccional Federal Nº1 sobreseyó a dos funcionarias del Ministerio de
Desarrollo Social que habían autorizado a Cristina a cobrar su pensión como ex presidenta.
Los jueces de segunda instancia Jorge Luis Ballestero y Leopoldo Bruglia desprocesaron a Guadalupe Niño y a María Cecilia Insaurralde Amaya,
que habían sido denunciadas y procesadas por el juez Luis Rodríguez a
instancias del fiscal Carlos Stornelli por haberle otorgardo el
beneficio a la ex mandataria cuando existía una supuesta incompatibilidad
por la percepción de la pensión del también ex jefe de Estado Néstor
Kirchner.
En su argumentación, Ballestero destacó que "la cuestión traída
a conocimiento de las imputadas a los efectos de ser evaluada y emitir
una opinión era, sin dudas, novedosa, pues no existían precedentes de un
caso de esas características" y destacó: "No
necesariamente nos enfrentamos a la ocurrencia de un delito. De hecho,
si no fuera así, cualquier ´error´ o ´diferencia de criterio´ acarrearía
responsabilidad penal".
Por su parte, Bruglia también fue lapidario con la operación agitada por Clarín de la mano del periodista Daniel Santoro: "No
existen pruebas que permitan avalar el elemento subjetivo que el tipo
penal requiere, configurándose una hipótesis de discusión sobre la
interpretación de una norma legal".
El fallo enterró una denuncia que sindicaba a Niño, la directora de
Jurídicos del ministerio de Desarrollo Social, y a Insaurralde Amaya, la
abogada de la comisión nacional de pensiones asistenciales de
Desarrollo Social, como responsables de haber otorgado una pensión a la
exmandataria.
El segundo impacto contra la metodología de mover denuncias públicas en
un entramado integrado por Comodoro Py, medios de comunicación y
algunos dirigentes oficialistas, se generó ayer, cuando Luciano
Di Césare, el último titular del PAMI del gobierno de CFK, fue absuelto
ayer en el juicio oral y público al que lo había llevado el polémico
juez Claudio Bonadio por presuntamente haber destinado fondos del
organismo a letras del tesoro nacional.
Diego Velázquez, el fiscal del juicio, pidió la absolución porque determinó que la
maniobra fue legal en el marco de que no significó un fraude para el
PAMI ni afectó de ninguna manera las prestaciones que el organismo
brinda a los jubilados. Sin acusación, el Tribunal Oral y Federal 2 decidió la inocencia del exfuncionario.
"No existen siquiera indicios de un menoscabo de las
prestaciones asistenciales, o de algún tipo de deterioro de los activos
del PAMI que pueda relacionarse con la decisión del imputado de
suscribir letras del tesoro", concluyó el fiscal.
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