Tras la maniobra con el papelito en el Congreso semanas atrás y en medio de
la batería de explicaciones que le exigen y que debe dar a los legisladores y a través de ellos a toda la sociedad, el ministro
de Finanzas, Luis Caputo,
por endeudar a la nación Argentina hasta llevarla a situación de default, y cuyos siderales montos no se han utilizado para financiar la producción, sino que fueron derivados a cuentas desconocidas, siendo Caputo, justamente el dueño de una
offshore, este fin de semana se conoció que va a quedar impune de todos los cargos que se le imputan, por los arreglos entre bambalinas entre Macri y la pobre Justicia argentina.
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La
denuncia por la emisión del bono a 100 años, que parecía unificarse con
el expediente conocido como “Paradise Papers”, volvió, por decisión de
un camarista, al juzgado a cargo de Ariel Lijo, quien hace un mes ya
dijo que no hay pruebas. A ello se suma el desplazamiento de su
impulsor, el fiscal Juan Pedro Zoni. Frente a esto, todo se encamina a que la causa vaya a cerrarse en breve.
A
mediados de marzo, Lijo, después de decir que no había pruebas, envió
la causa contra el ministro Caputo por la emisión del bono a 100 años al
juzgado de Julián Ercolini donde tramita el expediente conocido como
“Paradise Papers”, la investigación que se abrió luego de que se
revelara que el funcionario habría manejado fondos de inversión en las
islas Caimán.
Ercolini la delegó en el fiscal Carlos Rívolo. Este
consideró que ambas causas debían tramitar separado al no haber
conexidad, por lo que ante el conflicto de competencia, la cuestión fue
resuelta por el camarista Martín Irurzun, aliado de Macri y encubridor consuetudinario de todas las estafas de esta camarilla.
Así Irurzun decidió que
volviera a Lijo, según revelaron fuentes judiciales. Qué dijo Lijo hace
un mes? que “las pruebas reunidas en el proceso no permitieron
individualizar alguna irregularidad formal en lo que respecta al dictado
del Decreto Nacional 29/17 y a la posterior emisión de la resolución
97-E/2017 que derivó en la colocación de deuda a cien años de plazo y
bajo la tasa anual de 7,125%”.
La
causa había sido impulsada por el fiscal Juan Pedro Zoni, que fue
desplazado recientemente de la fiscalía federal de Comodoro Py.
Por lo que sin el impulsor principal, y con la resolución que hace un
mes dictó Lijo, todo indicaría que la causa contra Caputo por el famoso
bono iría directo al archivo, según deslizaron fuentes judiciales.
En la denuncia por el bono que fue realizada por el diputado Darío Martinez se cuestiona la colocación de 2.750 millones de dólares mediante un bono al inusual plazo de 100 años, lo que el Ejecutivo calificó como un reflejo de la confianza de los inversores.
El quebranto institucional que vive la Argentina traspasó todos los límites.
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