Estaba siendo investigada en la Ciudad, pero el macrismo cerró el caso sin ver el informe.
La candidata de Macri a la Procuración General, Inés Weinberg de Roca,
será impugnada y se complica su designación en el cargo que ocupara
Alejandra Gils Carbó. Es porque recibió honorarios privados mientras era
jueza de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires, algo que los magistrados porteños tienen prohibido, y no los declaró.
Se desprende de una comunicación surgida del Tribunal de Apelaciones de la ONU, que la jurista integró entre 2009 y 2016, en superposición con sus tareas en la Justicia porteña.
"Por una denuncia del diputado porteño Rafael Gentili,
retomada luego por Ernesto Marcer, ex procurador del Tesoro, el Consejo
de la Magistratura porteño intentó abrir una investigación al respecto,
pero el macrismo hizo uso de su mayoría y cerró la posibilidad
argumentando errores de procedimiento en la presentación".
El problema no es por la tributación de esos ingresos, se aclara, sino por no haber siquiera informado que los percibió.
Un
día después de la desestimación de la denuncia, Gentili recibió la
información de la ONU. Se la envió el registrador del Tribunal de
Apelaciones Weicheng Lin. "Usted está en lo correcto. La jueza Weinberg
de Roca, como sus colegas en el Tribunal de Apelaciones, cobra una cantidad fija por cada caso que preside (u$s 2400)
y por cada caso en el que opina (u$s 600). Los honorarios anuales que
la jueza Weinberg recibió en estos años han variado dependiendo del
número de casos que ha presidido y en los que ha opinado", le escribió
Lin a Gentili.
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