“Esto es una estafa y lavado de dinero”.Un concejal de Avellaneda que revistó 14
años en el macrismo, profundiza la denuncia por la financiación ilegal
del PRO en la Provincia de Buenos Aires.
A
raíz del escándalo por la aparición de cientos de ciudadanos que
reciben planes sociales como aportantes truchos a la campaña de
Bullrich, Ocaña y Vidal, un antiguo miembro del PRO, Roberto Daniel
García, contó cómo también su nombre apareció en el
listado de supuestos aportantes sin que él ponga un peso.
“Es muy simple: venía la secretaria de
Gladys González (actual senadora de Cambiemos) con una planilla de
aportes para la campaña y nos decía ‘fijate quién quiere aportar o en
todo caso aparecer en la lista de aportantes’. Nunca le di ningún nombre
de nadie ni puse dinero. Sin embargo, me encontré en el listado de
aportantes como si hubiera puesto 20.000 pesos.” La descripción
pertenece a Roberto Daniel García, quien militó durante catorce años en
las filas del PRO e incluso participó en su fundación cuando era
Compromiso para el Cambio.
García rompió con el partido poco después de la llegada de Macri a la presidencia. Hoy es concejal en Avellaneda, donde tiene su
monobloque Compromiso Federal, alineado con Alberto Rodríguez Saá. Su
supuesto aporte económico corresponde a la campaña presidencial de 2015.
También aparece una prima hermana suya que no hizo aporte alguno.
Figura como si hubiera entregado 2500 pesos “y hay varios concejales que
yo creo que no van a admitir que figuran pero no pusieron nada”, dijo . “Estoy convencido de que esto es lavado de dinero,
además de una estafa”,afirmó.
En los últimos días se conocieron cientos de aportantes fantasma a la
campaña legislativa de 2017, en su mayoría gente pobre beneficiaria de
planes sociales, de donde se habrían obtenido sus datos personales. La
aparición de donantes truchos también en las presidenciales de dos años
antes mostraría un modus operandi utilizado para justificar el
financiamiento de la campaña de Cambiemos con fondos cuyo origen es un
enigma.
Su nombre
García se puso a mirar los listados de aportantes a la campaña
presidencial de 2015 después que el periodista Juan Amorín, de El
Destape, diera a conocer los primeros 205 casos de personas cuyos
nombres y documento aparecen en la rendición de aportes de campaña de
Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, el año pasado (cuando
Graciela Ocaña y Esteban Bullrich eran candidatos) como si hubieran
puesto montos que van de los 300 a los 2500 pesos como aportes privados y
en efectivo. Después resultó que los aportantes falsos eran más de 500 y
llegarían a 1.000.
El denominador común en ese caso es que son personas
de barrios bonaerenses muy pobres. Tenían originalmente los planes
sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja, no están ni remotamente en
condiciones de hacer una donación, aseguran no haberla hecho y, para
colmo, aparecen como afiliados al PRO, para lo cual la mayoría no habría
hecho ningún trámite ni prestado consentimiento.
García encontró su nombre como aportante a Cambiemos en las
presidenciales, como si hubiera entregado 20.000 pesos, en efectivo.
Detectó también el de su prima, María Marta Alba, que había sido
candidata a consejera escolar suplente, con un aporte de 2500 pesos, que
también niega. Pero en la lista figuran también varios actuales
concejales. “Tengo derecho a pensar que ninguno de ellos aportó nada.
Pero difícilmente quienes siguen en Cambiemos lo reconozcan. No creo que
hayan aportado, aparecen ahí igual que yo”, advierte.
Malito
Con la planilla en la mano, García llevó el tema a la sesión del
Concejo Deliberante del 28 de junio último y empezó a mencionar a los
que estaban. “A ver a quién tengo más cerca…”, dijo, y generó risas. Uno
de ellos, Diego Malito, estaba sentado a su lado, recostado en su
banca, lo miraba de reojo con el dedo índice sobre los labios. “Quisiera
preguntarle cuánto aportó, cuándo aportó, en qué escribanía”, le dijo
García. Su colega empezó a titubear, hizo gesto de no recordar. “Debe
haber sido menos de …”, y el bullicio interrumpió la jugada.”Y miren
quién está acá, (Maximiliano) Galucci, apenas se pasó de La Cámpora a
Cambiemos aparece aportando”, intentó avanzar el Concejal de Compromiso
Federal.
Otros concejales insistieron en cortarlo. Entonces dijo: “El que
manejaba los fondos de campaña en ese momento (en Avellaneda) era
Ricardo Pagola, expulsado de la OPDS (autoridad ambiental en la
provincia) por llevarse cuatro millones. Es de Bolívar igual que el
presidente de la Cámara de diputados (Manuel Mosca) y la señora Gladys
González . No me sorprende que sea la ruta Bolívar”.
“Estuve buscando una expresión para definir esto: nos tomaron de
boludos. Esa es la expresión. La otra es estafa, esto es una estafa”,
remató, y dijo que presentaría un proyecto, además de recurrir la
Justicia. El Concejo Deliberante de Avellaneda está integrado por 13
concejales de Unidad Ciudadana- PJ, 2 del Frente Renovador, 8 de
Cambiemos y el monobloque Compromiso Federal de García.
Raro
Según expertos en derecho electoral, los aportes de campaña privados
se deberían hacer a través de una cuenta bancaria con todos los datos personales del o la aportante. Esto se suele cumplir con quienes aportan
grandes montos, pero los montos más chicos aparecen en efectivo. El
aporte de 20.000 pesos que aparece hecho por García, de todos modos, era
significativo, más aún en 2015. Otro dirigente bonaerense que se
encontró en las listas de aportantes es Ricardo Bayés, presidente del
partido PAÍS en La Plata (y apoderado en la provincia), aliado del
Frente Renovador. “Aparezco aportando 16.000 pesos que jamás doné a la
campaña de Cambiemos. Arriba y abajo mío aparecen otras personas con el
mismo monto. ¿Es raro eso no? ¿A todos se nos ocurrió poner el mismo
monto?
Fui a tribunales pero no me recibieron la denuncia. La llevaré
donde hay una causa en trámite”. Su única
vinculación con el PRO fue a través de la participación en la campaña de
Julio Garro para intendente platense.
El concejal García relata que recuerda bien que para la campaña de
2015, a quienes participaban activamente les pedían aportes o que
apareciera su nombre. Gladys González era en ese momento diputada y se
postulaba para la intendencia de Avellaneda. Por eso ella y su equipo
centralizaban la campaña en la zona, donde García ya había sido concejal
(también tres veces candidato a intendente) y aspiraba a otro mandato.
Según su relato, “era la secretaria de González, Josefina Colon, la que
venía con unas planillas”, y les decía “‘fijate quién quiere aportar o
en todo caso aparecer en la lista’”. “Yo le dije: no puedo aportar ni
tengo quien aporte o que aparezca. Estoy muy tranquilo porque no puse a
nadie”, relató.
–¿Por qué no hizo una denuncia en ese momento?
–Porque uno está metido en la campaña y deja pasar cosas. No era mi
obligación, además, hacerla, porque no era funcionario. Ahora sí porque
lo soy. Y uno va cayendo en la cuenta de la corrupción. En Avellaneda
hay una asociación ilícita. Estoy convencido de que esto es un gran
lavado de dinero, pero la justicia tendrá que determinarlo.
–¿Todo el mundo sabía de qué se trataba?
–No lo sé. Sé que uno cuando está en el fragor de la campaña no
piensa en los aportantes. Cuando se convierte en una gran estafa te das
cuenta qué es lo que estaban haciendo.
–¿Por qué está tan convencido de que es lavado de dinero?
–¿Cómo justificas un dinero que tirás arriba de la mesa para la
campaña y que los que figuran como aportantes niegan serlo? Si no es
lavado, ¿Qué es? ¿Evasión quizá?
–¿Por qué insiste en cargar las tintas sobre Glayds González?
–Porque era la responsable en Avellaneda, y Pagola manejaba los
fondos. De todos modos, pienso que María Eugenia Vidal es tan
responsable como ellos a nivel provincial. Si no,¿quién?
SOMU
Según cuenta García, su situación en Cambiemos se volvió insostenible
cuando empezó a hacer algunas denuncias internas. “Teníamos un
presidente que decía que había que denunciar la corrupción de adentro, y
al que lo hacía, como yo, empezaban a perseguirlo”, señala.
El
concejal quedó enfrentado con González cuando la acusó de pedirles a él y
a los futuros funcionarios en cargos provinciales el 10 por ciento de
sus sueldos, supuestamente para una fundación.
En una presentación
judicial García adjuntó una captura de pantalla de su celular donde está
el pedido del porcentaje en cuestión. “También la denuncié por utilizar
fondos de la Fundación Azul del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos)
para hacer campaña”, cuenta. El titular del sindicato, Omar Caballo
Suárez, está preso por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, y
González fue nombrada interventora.
La prima de García, María Marta Alba,dijo a que no sale
del asombro por haberse encontrado como aportante. Ella es una ex
docente que trabajó como voluntaria para la campaña de Cambiemos en 2015
y que aceptó aparecer como candidata a consejera escolar suplente. Así
fue como otorgó sus datos a la fuerza política.
“Trabajé en la campaña
como una ciudadana más que quería un cambio. No era una cuestión de
militancia. Salíamos a volantear y tocar timbre. Pusimos trabajo
voluntario. En la lista de aportantes falsos no sólo estoy yo sino una
amiga muy cercana y otras mujeres, cerca de diez, que ayudábamos de este
modo. Las que aparecemos como donantes somos las que tuvimos algún
lugar en una lista. Tenían nuestros datos. Yo no quiero figurar. Es una
desilusión que no voy a dejar pasar”.
Delitos
Desde el punto de vista judicial, hay un abanico posible de delitos
en juego que van desde violación a la ley de financiamiento de partidos
políticos u otros delitos electorales, usurpación de identidad,
falsificación de documentos, falsificación de firmas (en especial en el
caso de los afiliados truchos).
El PRO podría hasta perder su sello en
la provincia de Buenos Aires. Pero también podría haber lavado de
dinero, según explican en los tribunales de Comodoro Py y bonaerenses:
lo que sucede es que en ese caso se debería probar que el origen del
dinero que se utilizó es delictivo y se lo quiso blanquear.
Todavía no
dieron ninguna explicación pública ni Graciela Ocaña, ni Esteban
Bullrich, ni Gladys González (que fue candidata también en 2017), ni
Toty Flores, ni la gobernadora Vidal.
A partir de la revelación del periodista Amorín se abrieron al menos
tres investigaciones.
En Comodoro Py, la fundación Alameda hizo una
denuncia por posible lavado que ya activó el fiscal Carlos Stornelli -la
apuntó a los responsables financieros, pero no a Ocaña (con quien el
fiscal trabajó en el PAMI) ni a Bullrich- y el juez Sebastián Casanello
ordenó las primeras medidas.
En La Plata también se abrió una causa que
tiene como principal denunciada a Vidal como responsable del partido en
la provincia. Todavía no tiene dictamen de la fiscalía. El fiscal
electoral porteño Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar
sobre los 205 aportantes truchos iniciales. Mandó a cotejar si son
beneficiarios de planes sociales, sus condiciones de vida y la Cámara
Electoral ya confirmó de una muestra de 100 al azar, que 99 aparecían
como afiliados (una gran mayoría dice no haber hecho el trámite ni
tener simpatía por el partido gobernante).
Posiblemente llame a
declarar a algunos de los damnificados. La Gendarmería debía ir a cotejar a
algunas villas, por ejemplo en la zona de Quilmes y Florencio Varela,
las condiciones de vida de las personas que aparecen como aportantes.
Pero informaron a la fiscalía que hicieron unas pocas hasta ahora (que
corroboran la información periodística) y vienen muy atrasados porque
les cambiaron la tarjeta que usan para cargar combustible y esto les
dificulta viajar a la provincia de Buenos Aires. Así se lo dijeron al
fiscal.
Cualquier artilugio sirve para tapar los delitos, eso es Cambiemos.
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