La justicia estadounidense decidió que la demanda de un fondo buitre por YPF seguirá en el tribunal que ocupaba Griesa


A unos meses de que Macri dijera que fue "un error muy grande" haber "confiscado" YPF en detrimento de la estrategia oficial del país, una Corte de Nueva York falló en contra de la Argentina al resolver que la demanda por  3000 millones de dólares, por la recuperación de la petrolera presentada por un fondo buitre continuará en Estados Unidos y no se trasladará a Buenos Aires. 


"Fue un error muy grave haber confiscado una empresa como hizo el gobierno anterior para luego ir al Congreso y convertir eso en una expropiación", aseguró  Macri para un medio español en abril de este año, dejando la puerta abierta de par en par para empezar este juicio en Estados Unidos, en una declaración que pareció vulnerar la propia estrategia nacional para evitar que la justicia estadounidense fallara contra la Argentina por las demandas de fondos buitres por la recuperación de YPF como empresa nacional durante el kirchnerismo.

Eso es lo que acaba de ocurrir, ya que, la Corte del Distrito Sur de Nueva York le dio un duro golpe al gobierno nacional al fallar en contra de la Argentina y resolver que la demanda por USD 3000 millones por la expropiación de YPF presentada por un fondo buitre deberá seguir adelante en Estados Unidos, y no trasladarse a Buenos Aires.

Si bien al Gobierno le queda una instancia de apelación ante la Corte de los Estados Unidos, en la que evaluarían presentarse, la resolución es una mala noticia para la Argentina. 

De esta manera, el juicio seguirá adelante con oscuras perspectivas para la Argentina, ya que la continuidad será en el tribunal que supo ocupar Thomas Griesa con nulos resultados positivos para el país.


Cabe recordar que la justicia norteamericana tiene detenida por un hold la demanda por US$ 500 millones de otro fondo buitre, el Eton, dado que la jueza de esta causa había tomado la determinación de esperar la resolución del litigio de Burford.

La demanda, en los papeles, fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.

Por el contrario a esa versión la Argentina sostiene que fue una decisión soberana y, por lo tanto, no debía seguir los caminos de una oferta accionaria tradicional de mercado. 



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