Convierten a los “confesos” en
“arrepentidos”; extorsionan con la prisión o la libertad; el que cuenta
lo que quieren se va a casa, el que no declara va al calabozo; circulan
versiones poco creíbles de los hechos y, al menos por ahora, no se
encuentra el cuerpo del delito, es decir, la plata. Esa es la mirada del
ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, que fue protagonista y testigo
de todo el gobierno de Néstor Kirchner y el principio del de Cristina.
Conoce de cerca los acontecimientos y da su versión.
Destaca que quiere que se investigue, pero piensa que se está
perdiendo una gran oportunidad.
¿Cómo evalúa la investigación hasta ahora?
Desde hace muchos años digo que en la economía Argentina hay dos
sectores cartelizados: el de la obra pública y el de la salud. Como
estoy convencido de ello, me parece fantástico que se investigue. Aún
así, desde el primer momento dije que la investigación está en peligro
por el modo en que el juez, con la pasividad del fiscal, se la apropió
de forma irregular. A partir de ello, se ha desarrollado una indagación
en donde a los “confesos” se los protege como “arrepentidos” en la
medida que ofrezcan versiones que involucren a ciertas personas y
consoliden lo truculento de la historia. Tal vez la declaración de
Claudio Uberti sea una muestra de lo dicho.
¿Por qué?
Fíjese que es una declaración dividida en dos partes. En la primera
parte habla de que él le cobraba coimas a los empresarios de las
concesiones viales, de las autopistas. Y hace alguna referencia a que
entregaba el dinero en el ministerio. Pero lo impactante es que se corta
la declaración y vuelve a declarar después. En esta segunda parte dice
que el día de la muerte de Néstor Kirchner había 60 millones de dólares
en el departamento de la calle Juncal. El mismo reconoce que no los vio,
pero dice saberlo por comentarios. Se ve que entre una y otra
declaración le dijeron “danos más, con esto no te alcanza para zafar de
la cárcel. Necesitamos algo más contra Néstor y Cristina”. Y entonces
larga lo de los 60 millones de dólares. En ese sentido es una
declaración que tiene puntos en común con otras, en especial la del
empresario de la Hidrovía, Gabriel Romero: necesitan involucrar a
Cristina de alguna manera.
¿Es creíble lo de Uberti?
Es muy poco creíble aquello que tiene que ver con ese “agregado” que
hizo Uberti. Estoy seguro que habla de ese modo confiando en que los
hechos que relata y lo involucran están prescriptos. Pasaron once años
desde que Uberti renunció hasta que “confiesa”. El admite que fue un
funcionario de cuarta categoría que no tuvo ningún trato con Cristina.
La renuncia se la pedí yo en 2007 por lo de la valija de Antonini
Wilson. Me cuesta creer que haya entrado al departamento de los Kirchner
y mucho menos al dormitorio. Le aclaro que los Kirchner no vivían ahí,
vivían en Olivos. Yo me temo que con el método de amenazar con la
cárcel, le sacaron alguna frase contra ellos. Y no es inocente lo de los
60 millones de dólares. Esa cifra coincide con lo que dicen que le
encontraron al fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en
Estados Unidos. O sea quieren vincular todo para poder cerrar así la
escenografía. Desde ya que todo lo que dice sobre el maltrato de
Kirchner a sus colaboradores es una zoncera. Lo que me asombra de su
declaración es cómo dice haber manejado el tema de los empresarios de
autopistas.
¿En qué sentido?
Según el relato de Uberti, él cobraba coimas de los concesionarios.
Nadie ha reparado en que por entonces la principal concesión era la de
Autopistas del Sol, Ausol, una empresa en la que Franco Macri y su hijo
Mauricio tenían intereses claros. Era accionistas de la sociedad
controlante. Algo parecido me pasa cuando leo lo dicho por Carlos
Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción. Él cuenta cómo
las empresas se cartelizaban y armaban las licitaciones y los precios.
Dice también que en ese acuerdo participaba Iecsa. En esa época, desde
2004, Iecsa era de los Macri. Recién en 2007 supuestamente se la
vendieron a Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio. Esto muestra cómo
esconden a algunos supuestos responsables de las maniobras y como
exhiben a otros.
Todo parte de un vicio original. Es un caso clarísimo de
forum-shopping. Cuando Diego Cabot, de La Nación, cuenta cómo le lleva
las cosas a Carlos Stornelli y acuerdan meter los cuadernos en el caso
del Gas Natural Licuado (GNL) queda todo en evidencia. Cabot lo cuenta
inocentemente, él no es abogado. Pero es revelador de cómo el fiscal y
el juez se quedaron con la causa de forma irregular. También me llama la
atención que no aparezcan los originales y que se hayan dispuesto
tantas detenciones solo manejando fotocopias. Además, nadie está
controlando (debería hacerlo el Congreso) los acuerdos que el Fiscal
firma con los “arrepentidos”. En esta causa a los “confesos” se los
trata como “arrepentidos” para beneficiarlos procesal y penalmente.
¿Cuál es la diferencia?
En esta causa el empresario o funcionario llega, confiesa cosas y se
va a su casa. Eso no tiene nada que ver con las reglas que establece la
Ley del Arrepentido. El arrepentido debe ofrecer un cúmulo de datos que
alivie la búsqueda de pruebas. En esta causa no sucede eso. Los
acusados confiesan el delito y se van a su casa. Nunca precisan de dónde
salió el dinero de las coimas que dicen haber pagado ni especifican
claramente dónde, a quiénes y en concepto de qué las pagaron. ¿Por qué
con tan poco los tratan con el privilegio con que se trata a un
“arrepentido”? Para beneficiar a los que con sus palabras ayudan a
montan el escenario que quieren construir. Acá se está usando
perversamente el mecanismo del arrepentimiento. Cambian “confesión” por
“libertad”. En los diarios el mismo Fiscal ofrece “sortijas” liberadoras
para los que confiesan. “Si a mí me conforma lo que dice, se va a su
casa” dice sin llamar al asombro a nadie. Esta lógica conduce a
consecuencias increíbles. De este modo, el acusado de coimear queda
libre solo por “confesar” y el acusado de ser coimeado queda preso por
no “arrepentirse”. Es una vergüenza.
–En el caso de la Hidrovía, los diarios titularon con el
supuesto pago de 600.000 dólares por el decreto de extensión de la
concesión...
–En este caso pasó lo que queda evidente. Le dijeron a Romero
(empresario acusado) “no alcanza con que diga que pagó coimas.
Necesitamos que impute a Cristina”. Entonces Romero dice que pagó por un
decreto que firmó Cristina. Y no vieron de qué se trata ese decreto. En
él Cristina no toma una decisión discrecional. Si fuera así tal vez
sería posible pensar que se pagó para que esa “discreción” beneficie a
alguien. Pero la realidad es que ese decreto solo homologó una decisión
de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN) en la que intervenían funcionarios de los ministerios
de Planificación y Economía. Para tomar esa decisión fue necesario
llevar adelante uno de los trámites más engorrosos que existe en la
administración. Se hicieron audiencias públicas, intervino la
Procuración del Tesoro, la Sindicatura General de la Nación, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y también la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas, es decir el Congreso nacional.
Se votó en esa comisión el texto del acuerdo, con las observaciones que
vinieron de las audiencias y los organismos consultados. De manera que
ese decreto no era un acto arbitrario del Poder Ejecutivo. Cristina
homologó un acuerdo que fue resuelto previamente. Otra vez, se ve que la
quieren involucrar en lo que sea.
–¿Cuánta importancia tiene encontrar el supuesto dinero de las coimas?
–Bueno, es el cuerpo del delito. Los empresarios dijeron cosas
distintas. Calcaterra sostuvo que pusieron plata para la campaña
electoral. Wagner aseguró que pusieron plata para coimas, pero después
dice que para gastos políticos. Ninguno cuenta de dónde salió el dinero.
Parece cantado que no sacaron, por ejemplo, 100.000 dólares de la
contabilidad para pagar una coima. O sea que supone la existencia de un
lavado de dinero que tiene que ser objeto de investigación. ¿De qué
delito precedente viene? También podemos hablar de cohecho, que es lo
que describe Wagner. Los empresarios se reunían, fijaban quién ganaba
cada licitación y a qué precio. Ahí hay defraudación al Estado y
cohecho. Pero también Wagner habla de que sus pagos eran para gastos
políticos. Y la acusación habla de que la asociación ilícita era para
enriquecerse. En medio de tanta confusión, será imperioso establecer la
ruta del dinero para dirimir responsabilidades y poder calificar el
delito.
¿Qué puede pasar si no aparece el dinero?
Todo puede volverse endeble si no se logra probar el destino de
semejantes sumas. Habrá que ver qué surge de las declaraciones que se
sigan tomando. Tal vez algo aparezca. No lo sé. Pero no siento que
estemos por buen camino. Esta es una buena oportunidad para terminar con
un flagelo argentino de siempre, que es el flagelo de la obra pública.
Se convirtió en un mecanismo de cartelización y enriquecimiento de
muchos empresarios y de funcionarios que se corrompieron. Eso se puede
terminar haciendo una investigación imparcial y sensata. Le doy un
ejemplo. Piense que usted me coimea. Yo me niego a declarar y quedo
preso y usted confiesa bajo la forma del arrepentimiento y lo liberan.
La realidad es que los dos cometimos el mismo delito en su forma activa o
pasiva. ¿Por qué uno está libre y el otro no? Ahí es donde uno observa
que la detención se utiliza para presionar a la gente. Nadie aportó nada
significativo. Nadie contó dónde está el dinero, de dónde sacaron el
dinero. El que habla de bolsas llenas de dinero es un inimputable que
cuando manejaba un remise dice haber escrito cuadernos en donde afirma
cosas poco sensatas. Ahora, reconozcamos que si tanta gente se está
inculpando, algo debe haber pasado. Y hay que investigar. Sucede que
esta forma de investigar puede llevar a que todo se frustre. Algunos me
dicen que, con esto que digo defiendo a Cristina. La verdad es que no,
aunque creo que Cristina no tiene ninguna participación en estas cosas.
Pero más allá de lo que yo crea está el deber de investigar como
corresponde. Yo no defiendo a Cristina. Defiendo el Estado de Derecho y
la necesidad de preservar el debido proceso.
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