El historial amarillo del juez que decidirá el futuro de Vidal por el escándalo de los aportantes truchos.
Puesto a "dedo" por Vidal para zafar de los sendos delitos penales que pesan en su contra.
Adolfo Gabino Ziulu tiene en sus manos el porvenir político de la
gobernadora. Cercano a los poderosos oficialistas Cabral e Irurzun, el
silencioso subrogante electoral, entre otras cosas, levantó la captura
para un acusado de crímenes de lesa humanidad y fue uno de los primeros
en frenar la reforma judicial del kirchnerismo y en autorizar los
tarifazos del macrismo.
Los detalles.
Mientras la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ya comenzó a
trabajar para su futuro político con mitines, como en su reunión del
miércoles con sus dirigentes "sin tierra" del Conurbano que caminan los
distritos donde gobierna la oposición, en los que se muestra tranquila y
evita dar explicaciones sobre las denuncias de aportantes falsos a lo que ahora se le suman dos muertes de docentes, y, en
cambio, repite ideas acerca de su "honestidad" y sus declaraciones
juradas publicadas hace mucho tiempo.
El camino judicial ya
tiene los nombres de quienes decidirán el porvenir electoral de María
Eugenia Vidal por el escándalo de, justamente, los aportantes truchos de
Cambiemos para los comicios 2017.
Ayer el procurador interino Eduardo Casal echó al fiscal subrogante que investigaba el tema, Hernán Schapiro, por orden de Vidal y lo reemplazó por Guillermo Ferrara, un hombre de perfil conservador que ya tomó determinaciones favorables al oficialismo. No obstante, quien
también es subrogante, pero juez, y decidirá el futuro político de la
gobernadora, en un caso similar al que hizo que Miguel del Sel sea
inhabilitado a ejercer cargos públicos es Adolfo Gabino Ziulu.
Ziulu es un magistrado de 71 años titular desde 2002 del Juzgado Federal N° 2 de La Plata con competencia civil, comercial y contencioso administrativo. No
obstante, el escándalo que puso la lupa sobre Vidal tramita en el JF N°
1 de la capital provincial, despacho clave por su autoridad electoral
por el que el que el gobierno PRO peleó y fracasó al intentar colocar
allí a Juan Manuel Culotta en 2017.
Por qué Ziulu tiene en sus manos a la gobernadora y los aportantes
truchos? Porque tras la vacante producida en el Juzgado 1 por la muerte
de su titular desde el regreso de la democracia en 1983, Manuel Humberto Blanco, y luego de varias idas y vueltas, esa valiosa oficina quedó en las manos subrogantes de este magistrado.
Dentro
de la importante Asociación de Magistrados, Ziulu pertenece a la Lista
Bordó, espacio confesamente antikirchnerista desde el que, de hecho, en
2010 fue candidato suplente a integrar el Consejo de la Magistratura. Para graficar a la línea de este sector, cabe destacar que es comandado por tres jueces cercanos al macrismo, como Luis María Cabral, Ricardo Recondo y Martín Irurzun.
Cabral, por ejemplo, es titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9
de la Capital Federal desde 1993, exsubrogante "permanente" de la Cámara
de Casación, expresidente y actual vicepresidente del Consejo de la
Magistratura con apoyo del macrismo de ese cuerpo, lugar desde el que
también encabezó hasta fines de 2016 la poderosa comisión de Selección
desde la que se impulsó toda la operatoria de manejo y colocación de
jueces en los cuestionados nuevos tribunales orales.
Iruzun, por su parte, es juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal. Es uno de los magistrados que, a
partir de sus decisiones de prisiones preventivas para integrantes de
la gestión kirchnerista, creó la doctrina judicial por la que todo
ex funcionario, por haberlo sido, debe ser encarcelado sin sentencia
firme por una presunta capacidad de intervenir en investigaciones. Algo que no aplica para la corrupción macrista, de repercusión a nivel internacional.
Además, cercano a Ricardo Lorenzetti en Comodoro Py,
Irurzun también está a cargo de la Dirección de Captación de
Comunicaciones del Poder Judicial, encargada de controlar las escuchas
telefónicas. Según Chequeado, uno de sus hermanos, Ignacio Irurzún,
dirige el estudio jurídico familiar que defiende, entre otros, a Jorge
Macri, intendente de Vicente López y primo del Presidente. Otro hermano,
Alejandro Irurzun, es ingeniero en sistemas y trabajó hasta 2014 en la
Auditoría General de la Nación (AGN), lugar al que llegó "de la mano de
Javier Fernández”, hombre relacionado al exagente de inteligencia
Antonio “Jaime” Stiuso.
Para llegar a ser juez federal, Ziulu se inscribió en el Concurso 43,
en el que ingresó tercero en la terna aprobada por el Consejo de la
Magistratura. No obstante, un hecho trascendente en su carrera fue
cuando intentó ascender a la Cámara Federal de La Plata. En
2005, integró la terna del Concurso 110 para cubrir la vacante liberada
tras la renuncia del excamarista Jorge Hemmingsen. En esa ocasión, a
pesar de que Ziulu obtuvo el primer lugar en la terna, el Poder
Ejecutivo optó por Carlos Compaired.
“Los jueces sólo hablamos por el contenido de nuestras sentencias”,
suele destacar como axioma, Ziulu,
este docente de Derecho Constitucional -cátedra en la que lo acompaña el
ex ministro e intedente platense Julio Alak- en la
facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) para justificar su rechazo a hablar con la prensa.
LAS DECISIONES QUE LO ALEJAN DEL CELESTE Y LO PINTAN DE AMARILLO
1-En abril de 2013, tras casi 24 horas de debate en la Cámara de Diputados, el gobierno de Cristina Kirchner logró convertir en ley el paquete de 6 leyes de reforma
judicial conocido como de "Democratización de la Justicia". Ziulu fue
uno de los primeros jueces que frenó algunas de esas normas impulsadas
por el kirchnerismo.
En específico, declaró inconstitucional la ley que limitaba las medidas
cautelares y suspendió algunas artículos del texto que reformaba el
Consejo de la Magistratura. La reforma judicial de CFK fue finalmente
declarada inconstitucional por la Corte Suprema por el voto de 6 de sus 7
miembros de aquel entonces, con la única voluntad favorable a la
iniciativa por parte de Eugenio Zaffaroni.
2-El historial del magistrado que determinará qué pasará en la investigación de los falsos aportantes de Cambiemos hay un fallo reciente que fue celebrado por la Casa Rosada y por Macri, ya que trata sobre un tema clave para el Gobierno. En junio de 2016, Ziulu
fue el primero de los magistrados del país en avalar los tarifazos,
tras rechazar los amparos presentados por un grupo de legisladores
bonaerenses y el Defensor del Pueblo bonaerense.
"No corresponde sustraerse a la realidad de una grave crisis
energética y las eventuales consecuencias que derivarían de una medida
cautelar con los alcances que pretenden los accionantes”, argumentó en su fallo, con el que dio luz verde a las subas de las tarifas de servicio eléctrico impulsadas por el Gobierno.
3-En mayo de 2018, una noticia poco trascendental pero de mucho peso
mediático en contra del kirchnerismo ocupó parte de la agenda: un Audi
TT modelo 2010 de Leonardo Fariña, el financista de las
múltiples declaraciones contra exfuncionarios de la anterior gestión,
fue subastado a través de la modalidad de sobre cerrado.
Llamativamente, a la subasta sólo se había presentado un comprador y la
operación se habría concretado por módicos $270 mil. La decisión de la
venta estuvo a cargo del Juzgado Federal 2, el que encabeza Ziulu.
4-En este caso desde el Juzgado Criminal y Correccional I de La Plata, el
4 de junio Ziulu le concedió la exención de prisión a Teodoro Aníbal
Gauto, quien tenía un pedido de captura que había llegado hasta la
Interpol acusado de vejaciones durante la última dictadura y de tener
una participación activa en el centro clandestino de detención, tortura y
exterminio La Cacha.
El abogado defensor Juan José Lossino había requerido que se desista
del pedido hecho el 16 de febrero del año 2010 por el entonces juez
federal de La Plata Humberto Blanco y ratificada luego por Ernesto
Kreplak.
La Cámara, siendo instancia revisora, solicitó una nueva expedición al
respecto. En el fallo se sostiene que la
detención del imputado se había solicitado en base a las declaraciones
de una testigo que no pudo identificar a Gauto en un reconocimiento
fotográfico.
“En el transcurso de estos ocho años ninguna otra prueba de
cargo se incorporó al expediente, lo que motivó que el Ministerio
Público Fiscal no haga ninguna otra acusación”, explicó Ziulu en su resolución.
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