Lo hizo fundamentalmente a través de la cita a argumentos utilizados por la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza la dirigente macrista Laura Alonso para defender al mandatario. 

"No se configuraban situaciones que hicieran suponer un conflicto de intereses al momento en que Avian Líneas Aéreas SA solicitara las rutas aéreas en cuestión ni se verificaba alguna de las causales de excusación previstas en la legislación procesal civil en la medida en que, el Sr. Presidente de la Nación, su familia o empresas antes mencionadas no tenían interés económico en la empresa MacAir Jet SA para ese entonces", fueron las palabras de Alonso que el juez Torres utilizó en su resolución. 

El magistrado archivó por "inexistencia de delito" dos de las partes en la que está dividida la causa judicial en la que se investigan siete hechos relacionados con la aviación. En ese marco, además del ahora beneficiado por la justicia jefe de Estado y el caso Avianca, también está imputado el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, por su denunciada vinculación con la empresa Fly Bondi que –como Avian- obtuvo rutas aéreas por parte del Gobierno.

Según el fallo de Torres, todo fue legal: desde la transacción en la que Avian compró en 2016 la histórica compañía de taxis aéreas de la familia Macri, MacAir, y fundó Avianca, hasta las decisiones a través de las que la nueva firma se vio favorecida por el gobierno de Cambiemos con la adjudicación de "servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo", es decir las 16 rutas aéreas que comenzará a explotar en breve.

En la resolución del juez, también se observa que habla del análisis de la venta de las acciones de la empresa de los Macri a la empresa Avian y que, a partir de allí, se habrían comprobado las transferencias de dinero y las acreditaciones en las cuentas bancarias por la suma de 10 millones de dólares.

Esa operación fue asentada en los libros contables de Sideco Americana, la empresa del Holding Macri que poseía las acciones de MacAir. Según Torres y Alonso, cuando la nueva línea aérea se presentó para pedir las rutas ante el Ministerio de Transporte, las acciones no estaban en manos de las empresas de la familia Macri.

En la misma resolución, Torres también desestimó otros delitos que se le atribuían a Macri y su Gobierno: para el juez, la operación para adquirir una flota de aviación destinada a la Presidencia de la Nación donde estaban involucrados los integrantes de la firma MacAir tampoco fue ilegal porque nunca se hizo la compra de la flota presidencial.

Se llamó a licitación por horas de vuelo y por la compra de un avión. Pero ambos procesos fueron cancelados. Es decir, según explica Torres, no se terminaron de direccionar porque no hubo ganadores.

Otra denuncia por la que el magistrado también desestimó la comisión de delitos fue un pago de un viaje a Colombia que hizo Macri. Esa contratación de una empresa para el vuelo que hizo Macri a Cartagena, Colombia, se hizo mediante un procedimiento excepcional llamado "aprobación de gasto". Se había denunciado también que la empresa que hizo el viaje había demandado al Estado argentino por falta de pago, hecho que se pudo comprobar.