Hugo Moyano denunció al ministro de Trabajo Jorge Triaca y Damián G. Araya funcionario de esa cartera por la comisión de numerosos delitos en la aplicación de la multa de casi $810 millones a la Federación de Camioneros.
Según consta en la denuncia, "existen pruebas concretas de persecución política diseñadas desde la Jefatura de Gabinete y de la AFI para cumplir con el deseo de Macri
de sostener la pulseada con la Justicia contra Hugo Moyano, citándose
reuniones con Jorge Triaca, y el secretario de Coordinación, Mario Quintana.
La orden: no aflojar la cuerda con Moyano, que se sumaron a la
actividad de los Trolls financiados con fondos públicos y dirigidos por Marcos Peña", señala el documento.
En su
presentación, el líder de Camioneros denuncia "que para poder sancionar
se utilizó con falsedad una base imponible inexistente (la Federación no
tiene a trabajadores como afiliados) y el ocultamiento de documental de
descargo mediante trampas en el sistema informático".
Asimismo
se remarcó que "el funcionario firmante carecía de autorización legal
para sancionar cometiendo usurpación de funciones públicas, aclarando
que este conjunto de ilícitos tuvieron como finalidad provocar engaño en
la Justicia Laboral que, en base a un expediente fraguado, decretó
embargos por más de 1000 millones de pesos".
De esta manera,
Moyano sostiene que "la estafa procesal requiere- para su configuración-
la introducción en un proceso judicial de elementos falsos cuyo valor
determinante para el magistrado resulte evidente, de manera que la
injusticia del pronunciamiento no dependa de un error de apreciación del
juez, sino precisamente de lo que jurídicamente debe acordar el
elemento introducido en caso de que fuese verdadero".
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