Primero fueron versiones, después se
encargó de confirmarlo el propio ministro de Economía de la provincia de
Buenos Aires, Hernán Lacunza. Para la gobernadora María Eugenia Vidal
una forma de terminar con el reclamo de los trabajadores del astillero
Río Santiago sería reconvertir su perfil productivo y trasladar a los
empleados a la obra pública.
“Confirman la ignorancia total que tienen
sobre el astillero. Es una muestra más de que no tienen ni idea lo que
es la industria naval y el potencial de la planta”, fue la respuesta de
los trabajadores que explicaron que el astillero ya participa de la obra
pública y pusieron de ejemplo la producción de las turbinas para la
represa Yacyretá, el techo del Estadio Único de La Plata y varias
estructuras para puentes, entre otros trabajos.
“Estamos planteando que pasen a hacer obra pública que tanto hace
falta en la provincia”, sostuvo Lacunza, en declaraciones a la prensa,
dando a conocer la nueva propuesta de Vidal.
El martes, los trabajadores
del astillero tomaron la sede del Ministerio de Economía para exigir
una respuesta a la parálisis que viven por la falta de dinero para
continuar los trabajos en ejecución. Trabajos que ya están pautados
mediante contratos y que en caso de incumplimiento la provincia deberá
pagar multas millonarias. Esa es la situación con un barco encargado por
Venezuela que debería ser entregado el 20 de noviembre. En caso de no
entregarlo, Vidal deberá pagarle al gobierno de Nicolás Maduro 200 mil
dólares por día en concepto de multa.
“Esta nueva propuesta de Vidal nos recuerda a la de Duhalde que en el
‘93 decía que el astillero tenía que dedicarse a construir casas... es
de una ignorancia brutal. Va a terminar su mandato y Vidal no va a
entender a qué se dedica el Astillero. Acá se fabricaron íntegramente 12
de las 16 turbinas de Yacyreta, una de las obras públicas de mayor
envergadura de los últimos tiempos”, explicó José Montes,
delegado del astillero. Según el trabajador, en la fábrica de barcos
también hicieron el techo del estadio de La Plata, el Teatro Argentino y
las estructuras de diferentes puentes para cruces viales en zonas
inundables.
Para Montes, la propuesta que todavía no fue pronunciada oficialmente
es parte de la “chicana” del Gobierno para mantener la parálisis del
Astillero “como parte de la política de ajuste acordada con el FMI”.
“Tenemos cuatro patrullas para la Armada construidas en un 70 por ciento
que también está paralizadas y ahora dicen que como estamos en zona
franca no podemos producir para el mercado interno. Son manotazos de
ahogado para justificar el desfinanciamiento”, fue tajante Montes.
Según el delegado, ahora el Gobierno prevé comprar cuatro patrullas
–tres nuevas y una usada– a un astillero francés por 350 millones de
dólares, cuando en el Río Santiago la producción tendría un costo de 240
millones, más de cien millones menos. “Se van cerca de 7 mil millones
de dólares porque no hay flota mercante de bandera propia y todos los
envíos se hace con grandes monopolios extranjeros. Las nuevas patrullas
las quieren encargar por compra directa a un astillero que está
sancionado por pagar coimas y sobornos y es socio de Odebrecht”, sostuvo
Montes, que reclamó una política integral para reactivar el astillero.
El primero de los dos barcos encargados por Venezuela debería
entregarse el 20 de noviembre. Según contó el delegado, sólo resta el 3
por ciento de producción para finalizar el trabajo pero no cuentan con
el dinero ni los insumos para hacerlo. El segundo barco está terminado
en un 83 por ciento. “Tienen que poner una partida para terminar el
barco y que Venezuela pague los 8 millones de dólares por la compra y
nos permita seguir con la producción. Si el barco no se entrega el 20 de
noviembre la provincia de Buenos Aires va a tener que pagar 200 mil
dólares por día por multa a Venezuela como fue establecido en el
contrato”, informó Montes.
Los trabajadores planean continuar con las protestas y el plan de
lucha hasta tener una respuesta del gobierno provincial. La semana que
viene los trabajadores del Río Santiago se sumarán a los paros
convocados por la CTA y CGT y después buscarán impulsar un paro activo
de 36 horas, aunque la medida todavía debe aprobarse en la asamblea.
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