El CEPA realizó un análisis del texto enviado al Congreso y alertó sobre
una reforma al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Se
busca remplazar el párrafo que hasta ahora habilita al Ejecutivo a
renegociar la deuda pública siempre y cuando haya una mejora en monto,
plazos y/o intereses por otro que abre la puerta a una reestructuración
desfavorable para la nación y le arrebata el poder de decisión al parlamento.
Un análisis sobre el proyecto de Ley de
presupuesto enviado por el Poder ejecutivo al Congreso, advierte sobre
una modificación a la Ley de Administración financiera que permitiría
suponer que se prepara el terreno para una reestructuración de la deuda
pública en condiciones desfavorables para el país.
El estudio fue realizado por CEPA (Centro de Economía Política
Argentina), que dirige Hernán Lechter, y alerta sobre una reforma al
artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (la 24.156) incluido
en el proyecto que ayer, lunes, presentó el ministro Nicolás Dujovne.
Recuerda el informe de CEPA que la Constitución Nacional "pone en cabeza
del Congreso arreglar el pago de la deuda", pero por Ley 24.156 se
establece que "El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de
crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales
otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su
consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello
implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las
operaciones originales".
"Es decir --comenta el documento del CEPA--, el Congreso de la
Nación hace una excepción al principio general que establece la
Constitución Nacional en los casos de reestructuraciones de deuda,
facultando a que sea el Poder Ejecutivo y no el Congreso el que lleve a
cabo una reestructuración de deuda pública, pero para ello exige que en
esa operación se mejore el monto de la deuda (que haya una quita), se
extiendan los plazos (se estiren los vencimientos) y/o bajen los
intereses. La interpretación mayoritaria de ese texto es que deben
cumplirse al menos dos de los tres requisitos mencionados" .
Sin embargo, "a contramano de esta protección de los intereses
soberanos del país que significa el articulo 65 hoy vigente", el
proyecto de ley del Presupuesto 2019 presentado por Cambiemos "modifica
el artículo 65 antes citado, reemplazando la frase que dice "... en la
medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o
intereses de las operaciones originales", reemplazándola por el
siguiente texto: "... atendiendo a las condiciones imperantes del
mercado financiero.
De constituirse con motivo de la realización de
estas operaciones un incremento de la deuda pública, se deberá afectar
la autorización de endeudamiento prevista para el ejercicio respectivo.
Las operaciones con cargo al presente artículo se realizarán en el marco
de la estrategia plurianual de deuda que será definida por el
Ministerio de Hacienda".
El informe del CEPA se pregunta: ¿se trata de un anticipo para la
reestructuración de la deuda? "Modificar la regulación de las
reestructuraciones, eliminando los requisitos impuestos actualmente al
Poder Ejecutivo, podría estar revelando que, desde el Gobierno se está
pensando en recurrir a reestructuraciones de deuda"; además, "el nuevo
articulado permite suponer que las condiciones de esa reestructuración
no favorecerán a la Argentina".
"Es decir --concluye el documento de CEPA-- que la nueva redacción
habilitaría al Poder Ejecutivo a hacer reestructuraciones, aun cuando de
la reestructuración no se derive una mejora, sino que debe realizarse
en las condiciones imperantes en el mercado financiero. Esta propuesta
de modificación también refleja que el Gobierno, cuando menos, se
encuentra analizando alguna operación de canje de deuda y busca tener
cobertura legal".
Por otra parte, el mismo trabajo agrega que "desde el análisis
político, una eventual reestructuración de deuda en las condiciones
legales vigentes (cumpliendo dos de los tres requisitos: mejora del
monto de la deuda extensión de plazos y/o menores intereses) muy
probablemente no podría realizarse sin afectar intereses del sector
financiero. La solución que el gobierno ofrece, en este marco, es
flexibilizar las condiciones de un posible canje de deuda, perjudicando
intereses nacionales".
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