En un clima de mucha tensión y con alguna agresión a los vecinos, se
trató en la Legislatura porteña la presentación del proyecto de
urbanización cuestionado por la Mesa Participativa de la villa 31.
La presentación debía contar con la firma de al menos 8 de los 11
consejeros de la villa, que constituyen el órgano administrativo. Pero
solamente firmó uno de ellos para acompañar a la propuesta presentada
por el Gobierno porteño.
El proyecto oficial fue presentado con la firma de Diego Fernández,
director de la Secretaria de Integración Social y Urbana, quien no logró
hacer mérito a su título, ya que sólo integró una firma.
El proyecto lleva el número de ley 2736, y de ser aprobada
constituirá el plan de urbanización a ser puesto en marcha.
Desde la
villa, la enorme mayoría de los delegados cuestiona la propuesta porque
saltea las decisiones de la Mesa Participativa de urbanización, y carece
de la firma de 8 consejeros como marca la ley. Además, la Mesa critica
que no hubo asambleas ni participación real de los vecinos. De los
puntos que la Mesa cuestionó en los borradores el gobierno no tomó
ninguno.
Después del informe el diputado Gabriel Solano (FIT) cuestionó que el
gobierno realizara varios desalojos forzosos, prohibidos por la ley
3343, y denunció la responsabilidad del gobierno en la división que
existe entre los vecinos.
Por su lado, la legisladora Paula Penaca (UP) también responsabilizó
al gobierno del enfrentamiento entre vecinos, y lo acusó de no dar la
suficiente participación. También aludió a la demolición de la histórica
escuela Banderita y que se enviara a sus alumnos a un galpón.
Por otro lado la diputada Maria Muiños (BP) se refirió al valor de la
tierra , el metro cuadrado, y la falta de certeza de cuanto tendrán
que pagar los vecinos por la urbanización, mejora de viviendas, y la
construcción de las nuevas.
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