El dueño de la cadena de supermercados y su hijo Germán fueron hallados culpables por poseer un arsenal en una sucursal de la cadena Coto en Caballito. En caso de ser condenados, las penas podrían ser de
cumplimiento efectivo.
Así procesaron al empresario Alfredo Coto, por tenencia ilegal y acopio de armas de fuego.
El empresario Alfredo Coto fue procesado,
junto con su hijo Germán, por tenencia ilegítima de materiales
explosivos, acopio de armas de fuego, piezas o municiones y
adulteración o supresión del número o grabado de un arma.
Dicho de otro
modo, el dueño de la famosa cadena de supermercados fue responsabilizado
penalmente por delitos graves e inhabilitado como usuario de armas, al
igual que su empresa que no podrá ser usuaria colectiva, a raíz del
hallazgo de un arsenal que estaba guardado en la sucursal de la calle
Paysandú al 1800, en Caballito.
¿Qué había? Más de 200 granadas, 41
proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, gas pimienta, 3800
municiones, un silenciador, 14 chalecos antibala, 22 cascos, entre
otras cosas.
Dentro de ese combo, había armamento que pertenecía a las
fuerzas de seguridad y cuyo uso está prohibido para cualquier ciudadano
que no las integre, otro con la numeración limada y otros tantos con
permisos vencidos. Entre las varias explicaciones que dio Coto en sus
presentaciones judiciales, dijo que no tenía manera de controlar todo en
su compañía, que podía haber existido un “exceso de confianza” con
“organismos de seguridad” y que, de todos modos, había sufrido hechos de
violencia que lo llevaron a armarse.
La resolución fue firmada por el juez federal Sebastián Ramos, que
también les impuso a los Coto embargos por tres millones de pesos. Los
delitos que les atribuyen no son para nada menores. El acopio de armas,
por ejemplo, prevé penas de 4 a 10 años de prisión. La tenencia, de 3 a
6 años, y la adulteración de la numeración, de 3 a 8 años de cárcel. En
un juicio oral podrían implicar condenas de cumplimiento efectivo. Por
ahora, sin embargo, el juez no encontró peligros procesales que
justifiquen sus detenciones.
Lo que ordenó es notificar a la Agencia
Nacional de Materiales Controlados (Anmac) sobre la inhabilitación de
ambos para tener armas de manera individual, y como “usuario colectivo” a
través de la empresa. También fue procesado un agente de Prefectura,
Cristian Javier Oscar González, porque parte del armamento que apareció
en Coto estaba bajo su órbita. Y fue citada a indagatoria una comisaria
inspectora, Estelita Eufrasia Herrera, quien estaba a cargo de custodiar
una serie de armas que venían de una licitación en la provincia de
Buenos Aires, y que aparecieron en el supermercado.
La investigación se inició después de una inspección de la Anmac en
la sucursal de Coto en Caballito. Pero no fue el organismo de donde
surgió la denuncia, sino que llegó un anónimo a la Unidad Fiscal
especializada en la Investigación de ilícitos relacionados con armas de
fuego, explosivos y materiales controlados (Ufiarm), que conduce el
fiscal federal Jorge Di Lello. Este inició una actuación preliminar y
concretó la denuncia penal.
La fiscal Paloma Ochoa, además de corroborar
la existencia del arsenal y sus anomalías, había pedido imputar también
a los responsables de la agencia de materiales que tras la inspección
no decomisaron los explosivos y el material prohibido. Pero por ahora el
juez Ramos dispuso faltas de mérito, entre ellos del coordinador de
inspecciones Juan Diego Kotelchuk. Ochoa puede apelar.
Además de las granadas, proyectiles de gases, municiones, escudos,
chalecos y cascos había armas registradas a nombres de otros usuarios,
un revólver con el número adulterado, escopetas con pedido de captura y
lanzagases con número borrado. A la vez, una veintena de armas que se
supone que debían estar allí, consignadas por Coto como usuario
colectivo, no estaban. Y una buena parte del armamento hallado
pertenecía a la Policía Federal y a la Prefectura.
Cuando tuvo oportunidad de defenderse en una indagatoria, Alfredo
Coto, ensayó diversas explicaciones. Una de ellas, era que posiblemente
la presencia de ciertas armas en su supermercado respondiera a un
“excesos de confianza” de las empresa que le proveía seguridad –aunque
el propio Coto tiene su propia seguridad– y/o con las fuerzas de
seguridad por el vínculo cercano de años. A la vez sostuvo que él no
pudo haber cometido delito alguno porque, dada la estructura de su
empresa, no podía conocer todos los movimientos.
De todos modos había
armas tanto a su nombre como de su hijo Germán. Pero planteó que
seguramente agentes de la Prefectura, Policía Federal y Gendarmería
habían dejado armas suyas allí. También argumentó que algunas armas
estaban allí desde hacía al menos tres años por “graves y reiterados
hechos de violencia que se generaron contra locales y dependencias del a
empresa”. Se refería, explicó, a las últimas dos décadas y a
organizaciones sociales y de desocupados.
Para el juez Ramos, los Coto cometieron delitos graves. Además de la
posible apelación de Ochoa todo indica que ellos mismos apelarán. Ahí
deberá definir la causa si acusa también al poderoso empresario que seguramente tenía pensado repeler un presunto o posible saqueo con armas de guerra.
El gobierno intentó ocultar el hallazgo del arsenal..
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