El Gobierno anunció este viernes una serie de medidas que tienen el propósito de recuperar la confianza de la clase media pero que, cuando se las analizan, siguen mostrando el rechazo que siente por cualquier intervención del Estado en favor de los menos favorecidos y de la insistencia en beneficiar a las empresas con exenciones impositivas o generando nuevas oportunidades de negocios a costa de los argentinos.

Una de las medidas más destacadas, el tope al aumento de la cuota de los préstamos hipotecarios actualizados por UVA, es en verdad un simple maquillaje: las cuotas siempre actualizarán por inflación y si se opta por postergar el pago de una parte muy pequeña (el tope es 10 puntos más que el aumento salarial, es decir que por ejemplo este año con una inflación de 45% y un aumento de paritarias promedio de 30%, la cuota podrá aumentar 40% y se permite postergar el pago de 5 puntos de inflación) esa diferencia pasará a integrar el capital adeudado y se actualizará por inflación más intereses.

No hay una verdadera solución para los tomadores de estos créditos, quienes no tienen hoy expectativa de cancelar algún día la deuda y deberán conformarse con las ventajas de pagar una cuota equivalente a un alquiler sin tener que renovar contratos ni abonar comisiones.

Algo parecido pasa con el programa de vivienda Procrear relanzado. El monto de la línea de crédito es de 10 mil millones de pesos (a un promedio de millón por crédito son 10 mil beneficiarios máximo) y tendrán una bonificación menor sobre la tasa de interés que se cobra por sobre la UVA. Es decir, quién quiera acceder a su vivienda a través de la línea oficial deberá poner en efectivo el equivalente a 20% y endeudarse a UVA (inflación de cada mes) más una tasa que se estima en 5% a 6%. 

El Estado, en tanto, compensará al banco que otorgue el crédito con el equivalente a 2 o 3 puntos de la tasa. Es decir, se trata de un beneficio marginal que de ninguna manera cambia las condiciones de acceso a la vivienda. El que no puede tomar un crédito en un banco tampoco podrá hacerlo por el Procrear.

En cambio, para las constructoras que encaren proyectos de viviendas con valores de hasta hasta 140.000 UVA (aproximadamente 100 mil dólares) tendrán exenciones de IVA, Ganancias y del impuesto al cheque.

Está claro qué piensa  Macri respecto de la intervención del Gobierno: si es para favorecer a las empresas, hay capacidad de resignar impuestos (no tienen que tomar ninguna obligación, como precios máximos, para acceder a los beneficios); si es para favorecer a la gente, muchos anuncios vacíos de contenidos.

Incluso, en lo que pareció ser una medida intervencionista en favor de los inquilinos la realidad es que busca consolidar el negocio bancario de las garantías y las libertades de los dueños para fijar condiciones.

La apuesta del Gobierno a recuperar el voto de la clase media con anuncios vacíos de contenido pueden generar un efecto negativo al sumar al empobrecimiento por las subas desorbitantes de los servicios públicos con una inflación descontrolada en un contexto de recesión económica con el desempleo amenazando, con la frutración de comprobar que no hay nada detrás de los discursos del presidente Macri.

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