Mientras el Gobierno festeja la ampliación del crédito con el Fondo
Monetario Internacional por 56.300 millones a cambio de más ajuste, la
Asociación Argentina de Juristas envió una carta a la presidenta de la
entidad, Christine Lagarde, para aclarar que el acuerdo Stand By firmado
en junio “debe ser dejado sin efecto” porque es inconstitucional e
ilegal.
La AAJ, Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas,
organización continental no gubernamental con estatuto consultivo en la
ONU; detalló que el primer pacto celebrado por Macri en medio
de la corrida cambiaria va en contra de artículos de la Constitución
Nacional y de pactos internacionales.
“Por su ilegalidad e ilegitimidad de origen, es susceptible de ser
repudiado por las futuras administraciones de nuestro país, extendiendo
la responsabilidad por la violación del orden nacional e internacional, a
tod@s l@s funcionari@s que suscriban el mismo”, alertaron los juristas
en la declaración que enviaron a Lagarde, en un texto firmado por el ex
juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el presidente del Consejo
Consultivo Asociación Americana de Juristas Beinusz Szmukler.
Los jueces definieron al pacto como “una toma de deuda pública” al
cuestionar que no haya sido “tratada por el Congreso de la Nación” ni
que haya formado parte del Presupuesto Nacional aprobado para el año
2018. Allí puntualizaron en que el acuerdo viola “los incisos 4, 7 y 22
del artículo 75 de la Constitución Nacional”, además del Artículo 1° del
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Toda vez que el último párrafo del artículo 60 de la Ley 26154 se
encuentra caduco, y que la Ley 27431 -que aprobó el Presupuesto Nacional
para el año 2018- no ha autorizado el Acuerdo al que han arribado el
Fondo Monetario Internacional con el Poder Ejecutivo Argentino, el mismo
adolece del vicio insalvable de inconstitucionalidad y en tal sentido
resulta ilegal e ilegítimo para nuestro ordenamiento normativo”,
indicaron en el texto enviado el 25 de octubre, mientras el gobierno
aguardaba la decisión sobre la extensión del pacto y los lineamientos
del Fondo, con oficina en el Banco Central.
En esa misma línea, pero en el orden del derecho internacional,
desestimaron la legalidad del acuerdo por los “estrictos
condicionamientos para los políticas públicas argentinas” que impone el
acuerdo, e “impiden garantizar los derechos humanos esenciales de
nuestro pueblo”.
Por tanto, evaluaron que resulta violatorio de pactos
internacionales. “El FMI no puede ignorar que los fondos ya
transferidos, lejos de destinarse a proteger a los vulnerables, son
utilizados para financiar la especulación financiera y la fuga de
capitales”, aseguraron los juristas.
La ampliación por 56.300 millones se aprobó el viernes a cambio de
más ajuste, caída del PBI hasta el 2 por ciento en 2019 y un nuevo
objetivo: avanzar con la baja en las jubilaciones.
SIn embargo los
propios técnicos del FMI resaltan que la deuda argentina está al borde
de la insustentabilidad y que el ajuste del ministro de Hacienda Nicolás
Dujovne puede no cumplirse. De todas formas, el primer desembolso por
5600 millones de dólares llegaría la semana próxima y en diciembre habrá
otra transferencia por 7600 millones.
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