La autopsia confirmó que Rodolfo Orellana recibió un disparo de bala de plomo que tuvo orificio de entrada en un omòplato y de salida en su rostro. Los represores deslindan la autora en "personas no identificadas". Otro caso de gatillo fácil como el de santiago Maldonado y Rafael nahuel, donde las "fuerzas de seguridad" permanecen impunes.
En
La Matanza, la Policía Bonaerense reprimió a balazos (con balas de goma y de plomo) a un centenar de
familias que intentaban ocupar terrenos fiscales. Rodolfo Orellana,
militante de la CTEP, cayó muerto en medio de los disparos. En
conferencia de prensa, movimientos sociales, organismos de derechos
humanos y dirigentes políticos repudiaron el brutal ataque policial.
Un militante de Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular
(CTEP) fue asesinado durante una represión de la Policía Bonaerense
contra un centenar de familias que intentaban tomar terrenos en la zona
de Puente 12, en el partido de La Matanza. El hecho ocurrió a la
madrugada de ayer y dejó también heridos de balas de goma y cuatro
detenidos e incomunicados, que fueron repartidos en distintas comisarías
de La Matanza.
La víctima es Rodolfo “Ronald” Orellana,
quien integraba la Organización Libres del Pueblo (OLP-CTEP) y se había
movilizado al predio ubicado sobre Camino de Cintura, a metros de
Ricchieri, con el objetivo de instalar viviendas. Orellana tenía 33 años
y cinco hijos, la mayor de 15 años, la menor de menos de dos. Vivía en
Villa Celina, donde estaba a cargo de los emprendimientos textiles de la
Organización Libres del Pueblo-CTEP.
Sin dudas hubo una represión policial –que en
parte quedó grabada–. Los dirigentes de la CTEP que hablaron con los
testigos directos de lo sucedido aseguran que Orellana cayó cuando la
policía efectuaba disparos sobre los que participaban de la toma, para
desalojarlos.
“No más de cien vecinos fueron a ocupar los terrenos sin una
planificación, empujados por la necesidad”, detalló Pablo Puebla, el
referente barrial del movimiento donde militaba Orellana. “Sobre por qué
nuestros compañeros se sumaron a la toma, podemos decir que la mayoría
alquila piezas de 2 por 4 por montos cada vez mayores; la necesidad es
muy fuerte. Las tierras a las que fueron, son fiscales, y en el lugar
encontraron a dos patrulleros de la Policía Bonaerense, con una persona
de civil. Se generó una discusión en la que los policías advirtieron a
la gente que ‘si querían guerra la iban a tener’. Una vez que entraron,
los vecinos escucharon detonaciones. Nuestro compañero cayó con dos
heridas, una en la nariz y otra en la zona de la pelvis”.
Minutos después, prosiguió Puebla, “llegaron refuerzos de la policía
que dispararon con postas de goma” y detuvieron a cuatro personas.
Los últimos momentos de vida de Orellana fueron registrados en un
video que circuló por las redes sociales. Las imágenes lo muestran
herido e inconsciente, tirado en un pastizal y socorrido por personas
que piden una ambulancia. De fondo se oyen los disparos de la represión
que continuaba.
Con postas de goma fueron heridos además una decena de personas y
hubo cuatro detenidos: Mirian Calizaya, Alanes Coria, Wilson Delgado y
Hugo Vedia.
Los arrestados fueron llevados inicialmente a la comisaría de Ciudad
Evita, donde quedaron incomunicados, bajo el cargo de usurpación, aunque
poco después del mediodía fueron trasladados a distintas comisarías de
La Matanza, todo indica que ante el temor de que se reunieran
manifestantes en protesta por la muerte de Orellana.
Movimientos sociales, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos se reunieron en la sede de la CTEP para respaldar la conferencia de prensa en la que, por la tarde, se repudió la represión. “Acá hay un solo culpable de lo sucedido: las políticas que generan desigualdad e injusticia, que derivan en tragedias como ésta”, señaló Lito Borello, titular del Comedor Los Pibes y secretario de derechos humanos de CTEP.
En el encuentro con los medios estuvieron Juan Grabois, Hugo Godoy
(CTA Perón), Horacio Pietragalla, Wado De Pedro, Oscar de Isasi (ATE
bonaerense), Luis D’Elía, Nacho Levy (La Poderosa), Eduardo Murúa
(Movimiento de Empresas Recuperadas), integrantes del Frente Darío
Santillán y de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre
otros.
Los referentes más cercanos a los vecinos que intentaron la toma
habían logrado reconstruir que desde la mañana del miércoles en los
barrios cercanos circulaba el rumor de que se preparaba una ocupación y
que los lotes estaban libres. “El nivel de necesidad y desesperación de
los vecinos es muy fuerte”, definió Belén Rosas, compañera de militancia
del asesinado. Es decir que la participación de militantes de la
OLP-CTEP no fue orgánica, sino incentivada por versiones que circularon
para acelerar la ocupación.
El predio en el que ocurrió la represión es fiscal y está bajo la
órbita de la Agencia de Administración Bienes del Estado. Iber Mamani,
referente de la comunidad boliviana y del Movimiento Popular Patria
Grande, contó desde La Matanza el proceso histórico que da contexto a lo
sucedido. Dijo que hace tres años un primer grupo de familias se asentó
en la zona, aunque fue desalojada en un operativo que tiró abajo sus
precarias edificaciones.
“Estas familias habían comprado los terrenos de
buena fe a un estafador que asegura tener documentos que le dan la
posesión de los terrenos. En ese momento se abrió una negociación con el
Estado, se hizo un censo y unas 50 familias pudieron asentarse. Casi
todas, como la persona asesinada, Rodolfo Orellana, pertenecen a la comunidad boliviana.
“Por ese acuerdo se dejó sin lotear un sector, en el que se encuentra
un cementerio querandí. Los vecinos lo entendieron.” Sin embargo,
agregó Mamani, en el último año se volvió a repetir el mecanismo de la
estafa y los terrenos volvieron a ser vendidos. Así habrían comenzado
los movimientos para la ocupación.
“Nosotros repudiamos la represión. El Estado es responsable, porque
sobre esos lotes hay incluso una orden judicial de señalizar ese lugar.
En las últimas dos semanas presentamos nuevas denuncias al AABE sobre
que los terrenos habían sido vueltos a vender ilegalmente y se preparaba
una toma de la gente que había sido estafada. Lamentablemente el Estado
no intervino. Con este Gobierno lo que hay son respuestas brutales como
ésta”.
Esto contò Belén Rosas, compañera de militancia de Rodolfo Orellana:
“La situación general del barrio donde
vivía Rodolfo, en Villa Celina, es muy precaria. La mayoría de las
viviendas son piezas alquiladas de dos metros por cuatro en las que
viven familias muy numerosas, hacinadas. Es una zona humilde en el
partido de La Matanza, donde la situación de crisis hace que las
viviendas sean cada vez más precarias. Las edificaciones de la comunidad
boliviana son en alto, sobre el mismo terreno, porque no tienen otra
opción. No pueden conseguir otras viviendas para sus hijos. No sabemos
qué hizo puntualmente que nuestros compañeros se sumaran al intento de
ocupación. Lo que sí conocemos son las condiciones que llevan a que las
personas lleguen al punto de arriesgar sus vidas por conseguir un
espacio para una vivienda propia”, señaló Belén Rosas, compañera de
militancia de Rodolfo Orellana.
La joven estuvo en su barrio durante la mañana, después de que
Orellana fuera asesinado. “Hay un grupo que se quedó acompañando a los
familiares y vecinos. Hay testigos que vieron todo lo que pasó y que
decidimos preservar porque están conmocionados. En el barrio hay mucha
tensión. Les han arrebatado a un compañero. Y hay otro compañero
arrestado, Hugo Vedia, que fue detenido y no sabemos a qué comisaría lo
trasladaron, la familia está buscándolo”.
El militante asesinado era responsable de los emprendimientos
textiles que la Organización Libres del Pueblo (OLP) había creado en el
barrio. Hace dos meses, con su cooperativa de trabajo se habían ocupado
de confeccionar uniformes para los chicos que participaron de los
Torneos Juveniles Bonaerenses en Mar del Plata. Ahora estaban haciendo
una partida de guardapolvos. “Militaba con nosotros hacía dos años, era
una persona muy activa, muy comprometida”, agregó Belén. También pidió a
los medios que estigmatizan las tomas, mostrándolas como meros hechos
delictivos, “que recorran los barrios”, para registrar las situaciones
de exclusión que se viven.
“Miriam Calizaya, detenida ahora en la Comisaría de la Mujer de La
Tablada, está al frente de uno de nuestros merenderos. Son las
compañeras que todos los días, sin recursos, tienen que resolver cómo
darle de comer a los chicos. No sigan ocultando el nivel de necesidad y
desesperación que tienen esos vecinos”.
“La situación represiva general no nos sorprende. Es así como se
vienen manejando desde que asumieron. Así y todo, es difícil saber cómo
responder cuando hay una represión. La Gremial de Abogados estuvo
dedicada a ayer a tratar de asistir a los detenidos. Esperamos que
mañana sean liberados, porque el delito por el que los imputaron, la
usurpación, es excarcelable. Una vez que recuperen la libertad vamos a
poder enfocarnos en ver cómo avanzar en la causa judicial sobre la
represión”, concluyó la compañera de agrupación de Orellana.
Laura Taffetani, abogada de dos de los detenidos, contó que no le
permitieron tomar contacto con ellos. “Mirian Calizaya es una mujer
joven con un hijo que todavía toma la teta. Para alimentarlo ––, los familiares permanecen con el niño en la puerta de la
comisaría, y cada tres horas le mandan al bebé. Es una crueldad
innecesaria.”
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