A partir del 1º de enero no habrá más subsidios nacionales a los colectivos urbanos y suburbanos. El Estado nacional pretende cubrir con 6500 millones de pesos los cerca de 53.000 millones que, en menos de dos meses, dejará de enviar a las provincias y municipios para sus redes de colectivos. El boleto que paga el pasajero podría escalar al doble del precio actual.
Educación, Salud, Ciencia y Vivienda aparecen entre las áreas más
sensibles que verán recortados sus ingresos según el Presupuesto 2019, y
sin embargo existe un sector para el cual se prevé un ajuste aún más
fuerte y con un impacto del que resulta difícil dimensionar sus
consecuencias, todo sin que prácticamente se haya despertado algún tipo
de resistencia.
Es que Macri decidió que a
partir del año que viene serán las provincias, los municipios y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes definirán las compensaciones al
transporte automotor de pasajeros, lo que quiere decir que en breve
serán estas jurisdicciones las que tendrán que asumir con fondos propios
las erogaciones vinculadas a esas decisiones.
En otras palabras: a
partir del primero de enero no habrá más subsidios nacionales a los
colectivos urbanos y suburbanos, unos subsidios que –vale aclararlo– de
2002 a esta parte vienen sosteniendo cerca de un 50 por ciento del valor
de la “tarifa técnica” a través de compensaciones monetarias, por un
lado, y de la provisión de gasoil a un precio diferencial por el otro.
Se plantean dos alternativas: o que las provincias y
municipios se encarguen de cubrir esa brecha (o al menos parte de ella),
o que la diferencia pase directamente a la tarifa, con lo cual el
boleto que paga el pasajero podría escalar al doble del precio actual.
Números
La gran pregunta es si las jurisdicciones serán capaces de hacer
frente a este nuevo gasto, para lo cual resulta ilustrativo advertir de
qué números estamos hablando. La ciudad de Córdoba recibe de la Nación
una suma anual que entre compensación y cupo de gasoil asciende a 1.753
millones de pesos, mientras que por el mismo concepto la de Salta
obtiene 1.213 millones y Rosario 1.587 millones de pesos. Pero aun en
localidades algo más pequeñas esas cifras resultan importantes: por
casos, cerca de 800 millones van a Mar del Plata, 248 a Resistencia y
134 a Tandil.
En cuanto a los colectivos de la CABA, estos se benefician cada año
de unos 4800 millones de pesos del Estado nacional. No por nada en
Córdoba y Resistencia ya empezaron a aparecer buses ploteados con una
advertencia: “Sin subsidio, pasaje a 40 pesos”.
Claro que, como siempre, existen matices. En primer lugar, las líneas
de colectivos de jurisdicción nacional (esto es, las que atraviesan por
lo menos dos distritos) continuarán recibiendo su correspondiente
subsidio de la Nación.
Entra en ese conjunto un grueso de líneas del
Área Metropolitana de Buenos Aires (todas las que van de la Capital al
conurbano) y un grupo menor de interprovinciales como las que unen
Neuquén con Cipolletti, Corrientes con Resistencia y Viedma con Carmen
de Patagones.
Otro dato es que, tras una serie de negociaciones, el gobierno
nacional decidió crear un fondo de 6500 millones de pesos anuales para
compensar los desequilibrios financieros que pudieran generarse a partir
de la quita del subsidio. No obstante, surgen aquí dos limitaciones.
La
primera es que 5000 de esos 6500 millones se destinarán exclusivamente a
subsidiar a aquellas jurisdicciones que hoy no tienen SUBE y, por lo
tanto, no tienen tampoco descuentos por atributos sociales (jubilados y
pensionados, veteranos de Malvinas, trabajadores domésticos y
beneficiarios de la AUH, Asignación por Embarazo, Becas Progresar,
Hacemos Futuro, Monotributo social y pensiones no contributivas), con la
condición de que subsidien a todo el transporte con al menos el 50 por
ciento de lo que la Nación les aportó en 2018; en tanto los restantes
1500 se repartirán en forma discrecional.
La segunda y todavía más crucial limitación tiene que ver con la
colosal desproporción entre los montos, ya que el Estado nacional
pretende cubrir con 6500 millones de peso,s los cerca de 53.000 millones
que en menos de dos meses estará dejando de enviar a las provincias y
municipios para el sostén de sus redes de colectivos.
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