El gobierno porteño le regala tierras públicas a Aeropuertos Argentina 2000
Pese
a que hace veinte años que no paga el canon, que se venció la concesión
y que no hizo ninguna de las obras a las que se comprometió, la empresa
de Eduardo Eurnekian recibirá 13 hectáreas (además de las 138 que ya
tiene).
Aeropuertos Argentina 2000, que ocupa 138
hectáreas de dominio público a cambio de nada (no paga el canon que le
corresponde, no hay concesión, no hay permiso de uso, no hay
absolutamente nada), se seguirá expandiendo: el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires busca ampliar el Aeroparque Jorge Newbery con un faraónico
proyecto que contempla extender el aeropuerto sobre trece hectáreas
adyacentes de espacios verdes que son de dominio público y realizar un
relleno de nueve hectáreas sobre el río para construir un
estacionamiento subterráneo.
Para hacerlo, deberá aprobarse un convenio firmado a fines de 2017
entre Nación y Ciudad por el cual Horacio Rodríguez Larreta transfiere a
la Nación terrenos porteños que el Ejecutivo Nacional transfiere a
Aeropuertos Argentina 2000.
La medida, impulsada por el jefe de Gobierno porteño, ya tiene un
primer aval en la Legislatura y el apoyo de todo el bloque oficialista y
de un amplio sector de la oposición. Desde el oficialismo argumentan
que “en la actualidad el Aeroparque se encuentra con su capacidad
sobreexigida” y prometen que con la ampliación “habrá mayor seguridad
aeroportuaria”. Sin embargo, vecinos, arquitectos, urbanistas y
ambientalistas denuncian el impacto ambiental negativo de la obra y
expresaron su absoluto rechazo al proyecto del que, aseguran, sólo se
beneficiará la empresa concesionaria, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Por tratarse de territorios de dominio público de la Ciudad, el
proyecto necesita ser aprobado en un sistema de doble lectura. Esto
significa que debe aprobarse en primera instancia en la Legislatura,
realizar audiencias públicas con funcionarios, vecinos y profesionales
especializados en la cuestión y, luego, aprobarse de forma definitiva
incorporando las observaciones que surjan en ese proceso.
Así fue como
el pasado 27 de septiembre la Legislatura ratificó por 42 votos a favor,
4 en contra y 11 abstenciones el convenio entre el Estado Nacional y el
Gobierno de la Ciudad y la ampliación del aeropuerto. Desde la
oposición señalaron algunas críticas al proyecto, entre ellas, que no se
contempla el acceso del transporte público y la necesidad de ampliar la
red de subtes de la Ciudad para acceder al Aeroparque, en lugar de
priorizar la construcción de más cocheras. Sin embargo, todos los
bloques legislativos, con la excepción del Frente de Izquierda y
Autodeterminación y Libertad, votaron a favor del proyecto.
El martes pasado se llevó a cabo en la Legislatura la audiencia
pública previa a la votación definitiva. El tema no parece generar mucho
interés entre los funcionarios ya que ninguno de los legisladores
anotados para exponer fueron a la audiencia, que tuvo sólo tres
expositores: Osvaldo Guerrica Echevarría, arquitecto y presidente de la
Asociación Amigos del Lago de Palermo y de Queremos Buenos Aires; María
Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, integrante de la Fundación Ciudad; y
la ex legisladora porteña María José Lubertino.
“Las obras ya comenzaron y están avanzadas, no esperaron a la
aprobación de esta Legislatura”, denunció allí Guerrica Echevarría,
quien trabaja activamente en la defensa de los espacios verdes y el
medio ambiente en la Ciudad desde hace más de veinte años. “Aprobar
obras de semejante envergadura sin ley es una situación de demasiada
irregularidad.
La otra irregularidad manifiesta en este proyecto es la
entrega de tierras públicas de la Ciudad a una empresa privada.
Aeropuertos Argentina 2000 está ocupando 138 hectáreas de dominio
público a cambio de nada: no le paga un canon a la Ciudad, no hay
concesión y no hay permiso de uso. Sin embargo, el jefe de Gobierno
porteño ahora le está entregando a una empresa privada 13 hectáreas más
para uso gratuito a perpetuidad. Ese es el epicentro de la notable
irregularidad de este proyecto de ley”, aseguró.
Las tierras donde se ubica el Aeroparque estaban destinadas a ser un
gran parque frente al Río de la Plata. De hecho, señala Guerrica
Echevarría, “oficialmente en los planos de la Ciudad se lo sigue
llamando Parque de La Raza”.
En 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, se avanzó con la
privatización de los aeropuertos en todo el país y desde entonces, la
empresa Aeropuertos Argentina 2000 controla el Aeroparque Jorge Newbery y
otros 32 aeropuertos. Pero en el decreto de adjudicación de la
licitación, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, se establecía que
la empresa concesionaria asumía el compromiso de construir un aeropuerto
alternativo en el Gran Buenos Aires o agrandar Ezeiza “con anterioridad
al año siete (7) de la concesión”. “Aeropuertos Argentina 2000 no sólo
no cumplió con el acuerdo sino que, además, acumuló una deuda de más de
850 millones de pesos en concepto de canon no pagado y obras no
realizadas.
Pero el gobierno nacional le perdonó la deuda a la empresa a
cambio de un 20 por ciento de las acciones, que pasaron a manos del
Estado. El problema es que con ese 20 por ciento el Estado está en
absoluta minoría y no resuelve nada y, lo que es peor aún, no quiere
resolver. Son veinte años de irregularidades”, recordó el arquitecto.
Además, el proyecto del oficialismo va a contramano del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad aprobado en el 2000, vigente en la
actualidad. En el Código, y teniendo en cuenta que –según lo acordado
con la concesionaria– el Aeroparque sería desalojado en 2005, se
establece que el predio sería convertido en un parque público. El
consenso expresado en ese código era, justamente, que el Aeroparque
tiene un impacto negativo en términos ambientales y urbanísticos.
Al mismo tiempo, el Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 establece
la necesidad de “preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos
existentes”. En otras palabras, prohíbe hacer nuevos rellenos al Río de
la Plata. Todos estos factores son obviados en el proyecto que impulsa
el oficialismo porteño, aunque hace campaña con la promesa de una Ciudad
Verde.
El 9 de marzo pasado se realizó otra audiencia pública por este tema,
en la que se habló sobre el impacto ambiental. En esa oportunidad
participaron representantes de ONG y funcionarios de la Agencia de
Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad, del Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos y de la empresa Aeropuertos
Argentina 2000.
Allí, se presentó un estudio técnico de evaluación ambiental que
despertó muchas críticas, entre otras cosas, por pretender naturalizar
el avance sobre el río al señalar que “la ciudad ya estaba habituada a
los rellenos sobre la costa” y por no tener en cuenta el aumento de la
contaminación sonora que vendría de la mano de una mayor cantidad de
aterrizajes en Aeroparque. Según el informe, el principal problema del
proyecto que impulsa el oficialismo de la mano del holding de Eurnekian
serían el tránsito y los ruidos de los camiones, que día a día llevarán
los 400 mil metros cúbicos de materiales para el relleno costero.
“El informe no tenía en cuenta lo que implica la alteración del
perfil costero, el impacto del cambio climático, el traslado de la
desembocadura del arroyo Maldonado, la contaminación sonora ni el hecho
de que se van a liquidar árboles centenarios de la costanera. No les
importa nada. Un desastre”, sostuvo Guerrica Echevarría. “Es cierto que
este aeroparque está fuera de las normas internacionales porque tiene
una pista y una calle de carreteo que no tienen la distancia mínima que
corresponde. Y, sí, es cierto, para dejar el aeroparque acá y ponerlo en
norma, tienen que rellenar el río”, reconoce el arquitecto, pero señala
que eso no puede hacerse a costa del espacio público ni del medio
ambiente de la Ciudad. “El problema es que cada vez se va a necesitar un
aeropuerto más grande y esa situación puede seguir así hasta el
infinito. Al final, vamos a terminar con la aeroisla de Menem”,
concluyó.
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