La Cámara Baja del Congreso postergó para el año que viene una serie de proyectos y debates en los que no hubo acuerdo durante 2018.

La Cámara de Diputados postergó hasta 2019 la sanción de diversos proyectos por falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición durante 2018. En vez, los debates quedarán para el año electoral que se avecina.

Algunos de los temas pendientes son la instauración de los juicios por jurado, la ley de educación sexual, la reforma a la ley de alquileres, la legalización del aborto, la ley de lobby y de conflictos de intereses, y la extinción de dominio para recuperar los bienes producto de la corrupción.

Diputados tuvo un ciclo poco productivo en 2018 con apenas 11 sesiones a lo largo del año en el período ordinario, que va de marzo a diciembre. Esto constituye la marca más baja desde el regreso a la vida democrática.

Se espera que la producción parlamentaria se vea reducida por la campaña proselitista, pero el oficialismo aspiraría a avanzar en acuerdos con la oposición para poder debatir cuestiones pendientes que no sean conflictivas.

En línea con ese supuesto, fuentes parlamentarias no descartan que se puedan debatir en el primer semestre del año la ley de alquileres y el proyecto para que los jueces e integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, aunque solo serían aprobados si logran un buen nivel de consenso con la oposición.

Pero el año parlamentario en 2019 podría arrancar con el debate de la reforma del Código Penal, que  Macri presentaría el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Durante 2018 también quedaron pendientes los debates en Diputados de la ley de semillas y las denominadas 'ley corta' de medios y de proveedores de internet, que no fueron incluidas en el temario de extraordinarias y que quedarán para 2019.

La ley de extinción de dominio fue aprobada en Diputados a mediados del 2016, pero este año el Senado le incorporó cambios sustanciales y ahora el oficialismo evalúa el año próximo diseñar un nuevo texto pero acordado con los senadores.

De acuerdo al texto, el proyecto votado en Diputados permitía a un fiscal, cuando se iniciaba la acción penal, comenzar el proceso para recuperar esos bienes; en cambio, la iniciativa del Senado proponía que esa medida se tome en el fuero civil y cuando ya exista al menos una condena de primera instancia.

En el proyecto de juicio por jurado, que no pudo llegar al recinto, la diferencias están en el propio oficialismo, ya algunos diputados no comparten la propuesta de la radical Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), que propone que las sentencias sean unánimes, ni están de acuerdo con incorporar los casos de corrupción.

Otra de las leyes pendientes es la que establece la reforma a la ley de alquileres, a la que le faltó mayores consensos para poder debatirla en el recinto, y que busca bajar los costos de los alquileres, disminuye los gastos de las inmobiliarias y establece un mecanismo de indexación.

Por otro lado, en el proyecto de educación sexual, que generó fuertes polémicas, sobre todo entre los representantes del interior, se volvió a plantear la misma disputa que dividió a la Cámara baja cuando se debatió en junio la legalización del aborto, y por ello se postergó su discusión.

En cuanto a la ley de despenalización del aborto, el diputado del PRO Daniel Lipovetzky confirmó la intención de la Campaña por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito de volver a presentar el texto aprobado por Diputados en 2017, pero que no fue sancionado en el Senado, y podría ser uno de los temas con el que Diputados arranque 2019.

Precisamente, la educación sexual y la legalización del aborto son dos cuestiones que atraviesan en forma transversal a todos los bloques y que generan divisiones internas, con lo cual se estima que sería poco probable que, en un año electoral, tengan chances de debatirse el próximo año.

En tanto, el proyecto contra los barrabravas fue aprobado en general por la Cámara baja, pero su debate en particular empantanó la discusión, por lo que volvió a comisión. Junto con la ley de financiamiento de los partidos políticos podrían ser dos temas clave a discutir en una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero próximo.

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