39.083 pesos por hogar y por año, es lo que este gobierno saquea con los tarifazos de luz, gas y agua. La multiplicación es fácil y se ahí surge la otra gran estafa al pueblo argentino.
La política energética de la alianza Cambiemos ha propiciado el
retorno explícito al marco regulatorio neoliberal sancionado en
comienzos de los noventa. La vuelta se organizó alrededor de seis
decisiones que conforman la estructura de la intervención estatal para
el sector:
1. Corrimiento del Estado como operador relevante
para favorecer la iniciativa de empresas privadas, quienes controlan
precios, extracción, inversiones y calidad de servicios.
2. Fijación de precios internos a su costo de oportunidad (entendido como paridad de importación).
3. Dolarización de precios energéticos.
4. Acople de precios internos a la dinámica del
mercado internacional, acompañada con apertura importadora como
reguladora del proceso de exposición externa.
5. Desacople del sector de la dinámica del resto de la economía.
6. Empresarios y ex empleados de empresas energéticas privadas en la conducción del Ministerio de Energía y Minería.
Hacia finales de 2015 resultaba necesario una revisión integral de
los precios energéticos debido a los impactos macroeconómicos que tuvo
la política importación para cubrir la brecha entre una oferta
declinante y una demanda que crecía.
Sin embargo, el “sinceramiento
tarifario” impulsado por Cambiemos tuvo como principal objetivo reducir
subsidios para disminuir el déficit fiscal, trasladado los incrementos a
los usuarios finales.
La lógica pro mercado de la política energética de Cambiemos tuvo un
fuerte impacto sobre los servicios públicos, generando efectos
regresivos tanto en los ingresos de los hogares como en las condiciones
de acceso a los mismos. Si bien se diseñaron tarifas sociales, la escasa
cobertura de consumo contemplada como su limitación a tan sólo dos años
y medio de haberlas concebido, son un emergente de la insensibilidad de
la actual política energética.
Subsidios
Desde comienzos de 2016, la reducción de subsidios implicó un fuerte
incremento en los precios de la energía y en las tarifas de los
servicios públicos. Considerando un usuario de consumo medio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la política de quita de subsidios e
incremento tarifario sobre los servicios públicos implicó un gasto
adicional anual por hogar de 39.083 pesos, contemplando la diferencia de
tarifas entre octubre de 2015 y 2018.
El importe anual se explica de la siguiente manera. En gas natural,
un usuario R31 de Metrogas con un consumo promedio de 107 metros cúbicos
mensuales, en octubre de 2015 pagaba 142,7 pesos y tres años después
paga, por el mismo consumo, 1571,6 pesos.
En otras palabras, ese usuario
de consumo medio hoy paga 1001 por ciento más que tres años atrás, lo
que implica un gasto anual adicional de 17.146 pesos por hogar.
En electricidad, por su parte, un usuario R5 de Edenor con un consumo
promedio de 547 KWh por mes, pagaba 46,3 pesos en 2015 y en 2018 esa
misma factura se abona 1613,3 pesos que implica un incremento de 3387
por ciento y un gasto anual adicional de 18.804 pesos.
En el servicio de agua y saneamiento un usuario de AYSA con un
coeficiente zonal de 1,8, una tarifa general diaria para el cargo
variable de 0.9172 y una superficie total del hogar de 100 metros
cuadrados, pagaba 66,8 pesos en 2015 y después de los ajustes en las
tarifas su factura pasó a ser de 327,8 pesos mensuales, implicando un
incremento de 391 por ciento y un gasto adicional anual de 3132 pesos.
Salarios
Comparar el incremento tarifario de los servicios públicos en
relación a los salarios permite dimensionar la magnitud del cambio de
los precios relativos y comprender la orientación de la política
energética.
Considerando la mediana del salario de los trabajadores registrados
del sector privado, en 2015 se necesitaba 2 por ciento del salario para
afrontar el pago mensual de los tres servicios públicos, mientras que en
2018 se necesita 14 por ciento del salario. O lo que es lo mismo, si en
2015 se necesitaba un cuarto del salario mensual para afrontar el pago
anual de los servicios públicos, en 2018 se necesita más de un salario y
medio. Y esto aun considerando el incremento de 119 por ciento en el
salario registrado del sector privado, el de mayor recomposición entre
2015 y 2018.
Pero para el grueso de trabajadores no registrados, o incluso
aquellos en sectores de actividad con una representación sindical débil,
los impactos sobre los ingresos fueron aún mayores. Y el escenario
futuro se puede volver aún más regresivo, ya que el gobierno ha afirmado
que la quita subsidios e incrementos tarifarios va a continuar durante
2019.
Más aumentos
En agua y saneamiento, se ya se anunciaron dos nuevos incrementos, 17 por ciento en enero y de 27 por ciento en mayo.
En gas natural, si bien se ha puesto en “suspenso” el sendero de
precios que implicaba un incremento adicional de 62 por ciento en
dólares en el precio del gas natural en el PIST (¿se va a trasladar la
devaluación 2018 y 2019 a los usuarios finales?), aun se pueden esperar
actualizaciones semestrales para las transportistas y distribuidoras,
que piden trasladar el incremento de costos a la tarifa.
El jueves
pasado, el secretario de Energía, Javier Iguacel, adelantó en
conferencia de prensa que habrá un aumento del 35 por ciento en abril
próximo.
En energía eléctrica se espera un escenario similar al del gas
natural, pero con una particularidad. Como el costo de la electricidad
también esta dolarizado, con un incremento en 2018 de 66 por ciento en
el precio estacional (el de los usuarios finales), hoy pagamos un
porcentaje menor del precio monómico (el que se les paga a las empresas
que generan energía eléctrica).
Es decir que, aun con un 66 por ciento
de incremento en 2018 para los usuarios finales, el precio de la energía
que pagan los residenciales aun debería duplicarse para cubrir el
precio de la generación. En esa misma conferencia, Iguacel informó que
la luz subirá 55 por ciento hasta agosto próximo.
Bienes públicos
No caben dudas respecto a la relación que existe entre el acceso a
los servicios públicos y el mejoramiento de la calidad de vida los
hogares. En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el
derecho humano al agua y al saneamiento, entendido como recurso esencial
para el reconocimiento de los demás derechos humanos inalienables.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas establece
que el acceso a los servicios energéticos modernos, seguros, asequibles,
sostenibles y a costos razonables resulta esencial para mitigar el
cambio climático global, para reducir la pobreza y para mejorar las
condiciones de vida de la población. Incluso en la Patagonia, donde
miles de hogares están expuestos a bajas temperaturas durante tantos
meses al año, no resulta socialmente viable dejar librado al mercado la
fijación del precio de la energía y las condiciones de su
abastecimiento.
Sin ir en desmedro de la ecuación económica–financiera de las
empresas (públicas o privadas) que brindan servicios públicos, existen
modelos de regulación alternativos al neoclásico implantado en las
reformas de los ‘90.
Resulta imprescindible volver a ubicar la discusión
de los servicios públicos considerándolos bienes públicos que sirven
tanto como igualadores sociales como para mejorar la calidad de vida de
la población, que deben ser socialmente viables al tiempo de reconocer
una rentabilidad razonable y sostenible para las empresas que brindan
los servicios. Esta es aún una discusión pendiente en el país.
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