El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la
fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos
Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la
vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de
Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la
gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución
246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la
fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos
Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a
las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a
poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima
entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la
población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos
las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde
proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar,
lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar.
Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45
am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del
establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del
documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por
Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división
Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y
la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene
consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la
aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros
agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la
aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta
norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso
indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de
toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía
alimentaria”, concluye.
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