No es ficción: La Corte de Estados Unidos consultará a Trump sobre la expropiación de YPF.
En otro fallo adverso para el Gobierno sobre la estatización de YPF, el
máximo tribunal de justicia norteamericano le pidió a la Casa Blanca
una opinión no vinculantes sobre el caso.
La Corte Suprema de los Estados Unidos de América fallo en el caso que
analiza la expropiación de YPF por parte del Gobierno de Cristina Kirchner y consideró pedirle opinión a la Casa Blanca que
comanda Donald Trump por medio del procurador general.
"El procurador es invitado a presentar un informe en estos casos expresando la mirada de los Estados Unidos", expresó
el fallo textual de la Corte Suprema. Dicha opinión no será vinculante
pero fue la salida elegida por el máximo tribunal que podía aceptar o
rechazar el reclamo de los abogados argentinos.
El deseo de Macri es que la causa pueda tratarse
en Argentina y sacar rédito económico, la demanda se inició en abril de 2015 luego de la
estatización. En ese momento Burford Capital Limited presentó
una demanda en los tribunales de Nueva York contra la petrolera y el
Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los
tenedores de acciones de YPF.
Si bien Cambiemos esperaba que la propia Corte falle a su favor,
consideran que la relación que Donald Trump mantiene con Macri termine siendo favorable. Además aseguran que fue "muy
importante" el apoyo como amicus que presentaron Chile y México.
La estrategia de Burford Capital va en línea con el Gobierno, llevar el reclamo a los tribunales argentinos.
Según el argumento de los abogados locales la estatización de YPF se
hizo bajo la ley de inmunidad soberana y no se violaron las leyes de
oferta pública de los Estados Unidos. Dicho argumento fue rechazado en
primera y en segunda instancia por la Corte del Distrito Sur
de Nueva York.
En línea con la estrategia de los fondos buitre, el macrismo insiste de manera irreverente como insólita, en que la expropiación de YPF "fue un robo", protegiendo los intereses del país del norte, donde están sus jefes.
A sólo horas de que la justicia de EEUU fallara contra los intereses
argentinos por el reclamo de USD 3500 millones a la petrolera nacional y
mientras los fondos buitre siguen moviendo fichas para obtener más
ganancias, fue Laura Alonso la encargada de argumentar en línea con estos
y en contra de lo que expone el propio Gobierno en la causa. El riesgo
de la re-privatización.
Según el sociólogo Manuel Castells, algunas decisiones
de los actores sociales que disputan relaciones de poder, por diversos
factores, pueden llegar a ir en contra de sus propios intereses y
valores. Puede llegar a ser un error no forzado o, tal vez, forzar un
error. En este caso, quien parece actuar en
contra de los intereses del Estado nacional y de los argumentos del
Gobierno que integra es Laura Alonso, la titular de la Oficina
Anticorrupción (OA), en el marco del reclamo multimillonario de fondos
buitres contra el país en la justicia de EEUU por la expropiación de YPF
en 2012.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York le dio un duro
golpe al gobierno nacional al fallar en contra de la Argentina y
resolver que la demanda por USD 3000 millones por la expropiación de la
petrolera nacional presentada por el fondo buitre Burford Capital deberá
seguir adelante en Estados Unidos, y no trasladarse a Buenos Aires como había reclamado el Ejecutivo de Cambiemos.
Justamente, la presunta ilegalidad de la expropiación, es el argumento de los
fondos buitre que reclaman compensación económica a la Argentina,
mientras que desde que se inició la contienda judicial en 2015 la
defensa de la gestión kirchnerista se sostiene en la causa de que se trató de una decisión soberana.
En línea con lo que afirmó el propio Macri
a un medio español este año, la titular de la Oficina Anticorrupción,
que votó en contra de la nacionalización de la petrolera cuando era
diputada, sostuvo que "la confiscación fue un robo".
“Lo que hay que aprender de esto es que las decisiones tribuneras se terminan pagando”,
dijo sobre la nacionalización de YPF, que se cristalizó en el Congreso
en mayo de 2012 cuando Argentina llegó a un acuerdo con Repsol por la
compra del 51% del paquete accionario de YPF por un monto total de 5 mil
millones de dólares, la mitad de lo que reclamaban inicialmente los
españoles.
Cabe recordar que la justicia norteamericana tiene detenida por un hold la demanda por otros USD 500 millones de otro fondo buitre, el Eton, dado que la jueza de esta causa había tomado la determinación de esperar la resolución del litigio de Burford.
No obstante, hoy hubo dos novedades de involucran a los dos fondos buitre: por un lado, el
Burford Capital hoy anunció que vendió otro 3,75% de los derechos que
había adquirido en el juicio que inició el Grupo Petersen de la familia
Eskenazi y en el que ayer tuvo un fallo favorable. La venta se hizo por un valor de USD 30 millones -el total de la demanda es por unos USD 3000 millones.
No obstante, el más trascendente de los anuncios es que esa
venta fue para financiar la compra del 70% del litigio de Eton Park, el
que era tercer accionista más grande de la petrolera de bandera. Es decir que Burford tiene ahora otro juicio contra la Argentina.
En este panorama, la gravedad de las
declaraciones de Alonso en línea con lo que reclaman ambos fondos buitre
dispara especulaciones respecto del hipotético interés futuro del
Gobierno en volver a privatizar YPF. De hecho, la situación
recuerda a que en el marco del acuerdo con el FMI, el Ejecutivo afirmó
que los ahorros previsionales fueron "confiscados" a las AFJP, lo que
podría servirle a la multinacional MetLife en el juicio contra el Estado
por la estatización de esos fondos, ahora en poder de la ANSES.
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