El Gobierno pidió la detención de Boudou: se revolverá en un plazo máximo de 5 días.
En agosto del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4, por mayoría, condenó a Boudou a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, pero quedó en libertad.
El
Gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), presentó este
miércoles un pedido ante la Cámara de Casación para que el ex
vicepresidente Amado Boudou sea detenido inmediatamente por el caso de la ex Ciccone Calcográfica en el que fue condenado.
La
Sala IV de Casación convocó hoy a una audiencia a todas las partes,
antes de definir sobre las apelaciones que la OA y la Unidad de
Información Financiera (UIF) realizaron contra el fallo del tribunal
oral que el año pasado excarceló a Boudou.
En agosto del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 (TOF 4), por mayoría, condenó a Amado Boudou a la pena
de cinco años y diez meses de prisión, inhabilitación especial
perpetua, por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones
incompatibles con la función pública y dispuso su inmediata detención.
La
prisión preventiva fue apelada por la defensa de Boudou, pero la Cámara
de Casación la rechazó. Luego de nuevos procesamientos en la causa se
presentó otro pedido ante el TOF 4, que con una composición distinta,
liberó a Boudou.
En su argumentación, la OA (querellante
en la causa) sostuvo que “sin que se hubieren modificado las
circunstancias que llevaron al dictado de la prisión preventiva del
condenado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 carecía de
jurisdicción para volver a pronunciarse sobre el tópico, tanto más
cuando pendía y aún pende la revisión de la decisión de la Cámara
Federal de Casación Penal por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El
TOF 4 “no podía revisar una decisión ya tomada, que gozaba de un doble
conforme y cuya revisión final se halla en cabeza de la Corte Suprema”.
La
Oficina señaló además que no hubo ningún cambio en el trámite de la
causa que justificara una nueva resolución del Tribunal Oral (que había
condenado a Boudou y le había impuesto la prisión preventiva). “En razón
de que la decisión adoptada, en las particulares circunstancias del
caso, produce una afectación a garantías constitucionales, como es el
debido proceso legal y el ejercicio del derecho a la defensa en juicio”,
finaliza el escrito.
En diciembre la OA que encabeza Laura Alonso, (imputada por sendas estafas y lavado de activos, pero en libertad y ejerciendo un puesto público) y la Unidad de
Información Financiera (UIF) ya habían presentado distintos escritos
pidiendo que se revisen las excarcelaciones del ex vicepresidente Amado
Boudou, de José María Nuñez Carmona y el empresario Nicolás
Ciccone y que todos ellos vuelvan a cumplir prisión preventiva.
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