La Comisión Interamericana de Derechos Humanos avanza contra el uso de las armas Taser en Argentina.
El organismo internacional le informó a H.I.J.O.S Capital
y al Observatorio de Derechos Humanos (ODH) que el estudio por la
acción iniciada en 2016 contra el uso de las armas Taser finalizó
exitosamente y resta notificarle al Estado argentino.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó el primer
análisis por la denuncia que presentó la agrupación H.I.J.O.S Capital y
el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) porteño contra el Estado
argentino por el uso de armas Taser.
En una comunicación oficial, la CIDH les informó que “el estudio inicial
del asunto ha concluido exitosamente” y resta informarle al Gobierno
nacional.
Las acciones por parte del Observatorio e H.I.J.O.S Capital comenzó
nueve años atrás, pero en 2016 se llegó a la instancia internacional y
se denunció al Estado argentino por “la violación de derechos
fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y la
violación del deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se
prohíba la utilización de las armas tipo Taser X26”. Además, señalaron
que la situación se agravó en los últimos meses, cuando los Estados
nacionales, porteños y bonaerenses anunciaron la compra de estas armas
para distintas Fuerzas de Seguridad.
Por este motivo, el ODH también realizó los pedidos de informes al
Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad nacional. Allí
consultó por el proceso administrativo que habilita la compra de estas
armas, la capacitación del personal y protocolos que se pondrán en
marcha para su uso, los precios que se pagarán por las mismas, entre
otras preguntas. “El mismo día que se presentaron los pedidos de
informes, notificaron del uso de la prórroga para su respuesta”, señaló
H.I.J.O.S Capital en un comunicado.
Por último, solicitaron que “hasta tanto se logre el pronunciamiento de
la CIDH, los tres poderes del Estado argentino deben tomar las medidas
efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso,
maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las Fuerzas de Seguridad”.
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