La
Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario ratificó la
polémica resolución del Ministerio de Seguridad que aprobó el reglamento
sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales y que
había sido suspendida por el juez porteño Roberto Gallardo.
Los camaristas Esteban Centanaro, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta,
resolvieron por unanimidad declarar la nulidad de la resolución dictada
por el juez Gallardo y ordenar el archivo de las actuaciones en el
marco de una causa iniciada por Myriam Bregman, María del Carmen Verdú y otros.
La Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich dispone
que las fuerzas de seguridad puedan disparar a matar por la espalda y
con balas de plomo a un delincuente en plena fuga aún cuando no suponga
una amenaza para terceros. También los habilita a abrir fuego sin
necesidad de identificarse.
Organismos de Derechos Humanos y desde la oposición denunciaron que la polémica resolución equivalía a instaurar la pena de muerte sin juicio previo.
Como
medida cautelar habían solicitado que se la suspendiera y se ordenase
al GCBA que se abstuviera de aplicarla. El juez Gallardo había hecho
lugar al pedido, lo que fue anulado por el tribunal de apelaciones.
El camarista Zuleta señaló el juez “no resultaba competente para analizar la validez e inteligencia de una norma de orden público federal”, tal como lo es la resolución 956/18.
Por
su parte, el juez Centanaro dijo que “se controvierte un acto emitido
por una autoridad federal, dictado con apoyo en normas federales y
dirigido a reglamentar el accionar de fuerzas federales de seguridad“.
“No advierto que el juez interviniente, para resolver el presente
pleito, deba interpretar y aplicar normas de carácter local”, aseguró.
Por
último, la titular de la Sala III, Gabriela Seijas, sostuvo que “más
allá de la imprecisión conceptual de lo que caracterizó como una medida
cautelar autosatisfactiva, el juez de grado no dictó una medida
cautelar, tal como fue solicitado por los actores, sino que resolvió el
fondo del asunto”.
“Más allá de la visión crítica de los actores, nada
hay en el expediente que demuestre la ilegalidad del acto atacado”,
advirtió.
“La lectura del fallo atacado pone en evidencia que la
decisión tiene como sustento la voluntad exclusiva del juez, quien en un
marco procesal inadecuado, sin que el expediente hubiera sido
correctamente asignado, luego de avasallar elementales garantías
constitucionales, se limitó a manifestar su criterio disidente con actos
de las autoridades nacionales.
En síntesis, el juez eludió la cuestión
planteada, utilizando argumentos irrelevantes que dan por sentado
precisamente lo que debía demostrarse”, sostuvo la jueza, según la
resolución publicada en el sitio "judicial".
Los jueces resolvieron declarar la nulidad de la resolución del magistrado y ordenaron el archivo de las actuaciones.
Corolario: las fuerzas de seguridad, que tienen solo un instrucción de seis meses, a las que tampoco se les realiza un análisis psicofísico, portan armas de fuego de grueso calibre, prontas a disparar según "su criterio", con lo cual, cualquier ciudadano que corra un colectivo o haga un movimiento que a estas "fuerzas de seguridad" les resulte sospechoso, son pasibles de morir de un balazo por la espalda, autorizado por Macri y Bullrich. Esta, entre otras. es la aberrante situación que está transitando la Argentina.
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