En uno de cada cinco femicidios, el asesino era integrante de las fuerzas de seguridad.
El porcentaje aumenta si se consideran los asesinatos de 2019. Sólo en el primer mes del año, llega a un 30%, según un adelanto del informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
El 1º de enero, Celeste Castillo, de 25 años, fue baleada por su esposo, el policía Héctor Montenegro, quien luego se suicidó en Santiago del Estero.
Fue el primer femicidio que se registró en 2019, apenas a 12 horas de
empezar el año. Celeste es una de las mujeres que la Coordinadora contra
la Represión Policial e Institucional (CORREPI) contabiliza como víctima de la represión estatal, porque el femicida es parte de una fuerza de seguridad.
Según contó María del Carmen Verdú, titular de la organización, sólo se trata del 20% de los femicidios, y sólo en los primeros 15 días del año este tipo de femicidios pasó a ser el 30%.
De acuerdo a los datos de la CORREPI, en 2018 uno de cada cinco femicidios fueron llevados a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad y con armas reglamentarias. El organismo adelantó parte de su último informe que dará a conocer en su totalidad el próximo el 15 de este mes.
Según el relevamiento, desde 1992 en nuestro país hubo 349 femicidios cometidos por el aparato represivo estatal. “Es la primera causa de muerte de mujeres en el marco de la violencia institucional. Muy
por encima del gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías, las
desapariciones, los asesinatos en represión a la protesta y otras
modalidades”, aseguró Verdú. El dato surgió cuando cruzaron las bases sobre femicidios y sus propios archivos de violencia institucional.
“Se
tomó el universo de víctimas mujeres, cuántas de esas además de ser
víctimas de la represión estatal -porque las mató un policía, un
gendarme, un prefecto, cualquier fuerza de seguridad- son además
víctimas de violencia de género ”, explicó Verdú.
En el archivo
hasta 2018, hay registrados 596 casos de víctimas mujeres- dentro de las
que incluyen a transexuales, travestis y trans-. Se trata de menos del
10% del total porque las víctimas de las fuerzas de seguridad son en su
mayoría varones - en su mayoría por gatillo fácil o muerte en situación
carcelaria-. Dentro de este universo, cerca del 70% son femicidios, en
sus distintas modalidades.
“Hay muchos casos
relevados en el archivo de mujeres asesinadas por ex maridos, parejas,
hermanos, tíos, suegros, etcétera, que por ser integrantes del aparato
represivo estatal, recurren a su arma reglamentaria para ´resolver´ sus
conflictos personales, que tienen que ver con la dinámica familiar”,
dijo Verdú y relató que antes estaban incluidos como “homicidios
intrafamiliares” pero que a partir de que se identificó el femicidio,
como una categoría autónoma la organización comenzó a contarlos por
separado.
La abogada resaltó además que los casos de gatillo
fácil de mujeres son menores y el porcentaje de los casos de muertes en
cárceles o encierro responden a otra lógica que no es la del femicidio.
Pese a que contabilizan dentro de ese número a los travesticidios.
Femicidios vinculados
Dentro
del archivo de la CORREPI, también hay un gran número de femicidios
relacionados. “Son aquellos en el que el violento mata a otros en lugar
de la mujer” para provocarle un daño infinito, explicó Verdú y aclaró
que en los últimos 27 años ya son 38.
Sucede con los hijos
asesinados para agredir a la madre, muchas veces varones, o casos de
parejas, compañeros o familiares varones de la mujer que son asesinados
por el uniformado cuando intentan interceder o defenderla.
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