Militantes y autoconvocados rodean la casa de las Madres en rechazo al 
procedimiento ordenado por Macri, para "inventariar" el archivo de la entidad. 
Desde la Asociación que conduce Hebe de Bonafini advierten que se 
intenta avanzar "en la ilegal confiscación” del material.
"Es difícil de creer que sigan arremetiendo contra las Madres, pero 
así es. De lo que no tienen que dudar es que nosotros vamos a 
defenderlas.” Lidia llegó temprano, se calzo el pañuelo azul que 
distingue a la asociación Madres de Plaza de Mayo y se paró en la puerta
 de la casa que el colectivo usa hace décadas como base en Hipólito 
Yrigoyen, a cuadras del Congreso. 
Está acompañada de otras mujeres que 
cuidan el ingreso a la sede y de decenas de militantes y auroconvocados 
que se acercaron esta mañana ante la inminencia de un nuevo allanamiento
 de parte de la justicia comprada y vendida, al lugar. Desde la Asociación advierten que es 
el quinto operativo de esta naturaleza que ordena la Justicia para 
“inventariar” el archivo de las Madres, lo que para ellas significa otra
 cosa: el peligro de que se lo queden y de que el ingreso de 
funcionarios de la justicia civil y del gobierno nacional, acompañados 
de la fuerza pública, signifique su desalojo permanente de allí.
El primer cordón de protección de la casa de las madres lo levantaron
 integrantes de los grupos de apoyo y de amigos de las madres. Lidia 
llegó pasadas las 8, Patricia antes de las 6. Otras pasaron la noche de 
vigilia y ya saben detectar quienes se acercan aunados bajo banderas de 
agrupaciones y quiénes son “autoconvocados que no acuerdan con la 
persecución” a las Madres.
“Es una muestra más del desprecio de Macri a los organismos de 
derechos humanos y del ensañamiento especial que tiene el Gobierno con 
Hebe por haber sido la primera que desde el día uno de gestión lo acusó de ser el enemigo del pueblo, la pata civil de la dictadura”, 
postuló Patricia. Cada tanto, la convocatoria canta que “no nos han 
vencido” y advierten que “si las tocan a las madres, qué quilombo se va a
 armar”.
Desde la Asociación denunciaron días atrás la inminencia de este 
operativo conjunto entre funcionarios de la justicia civil, el Poder 
Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, como un operativo que “carece de 
fundamentos legales y evidencia fines políticos”. ¿Cuáles? “Avanzar en 
la confiscación ilegal” del archivo, advirtieron desde Madres.
El procedimiento, un presunto y nuevo --ya hicieron varios-- 
inventario del archivo histórico que construyeron y atesora la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo fue solicitado por Javier Buján, el 
interventor del Instituto Universitario que lleva el nombre del 
organismo nombrado por el ministro de Justicia Germán Garavano, y 
habilitado por el juez en lo civil y comercial número 1, Fernando 
Perillo, quien lleva la causa de la quiebra de la fundación Madres de 
Plaza de Mayo.
A través de un comunicado con el que denunciaron el operativo, 
esperado para las 11, las Madres puntualizaron que “no hay motivos de 
hecho ni de derecho” para llevarlo a cabo. “Tanto es así, que los 
superiores del juez Perillo decretaron lo contrario”, sostuvieron en 
referencia al fallo de la sala B de la Cámara Comercial, que en 
noviembre pasado reconoció a las Madres de Plaza de Mayo “los derechos 
que le asisten y que el juez de Primera Instancia Perillo, inferior a la
 Cámara, insiste en desconocer”.
En el marco de la causa de la quiebra y en representación del 
Ejecutivo, Bujan reclamó tanto el archivo de las Madres 
como el inmueble en donde funciona la sede y Perillo le dio la razón. 
“Quiere echar a las madres de acá y despojarlos de su labor histórica”, 
remarcó el abogado de la asociación, Juan Morente.  Para el Tribunal de 
Alzada, las actividades de las Madres de Plaza de Mayo están fuera del 
código de comercio y son de interés público y social.
Pero con la firma de las magistradas Matilde Ballerini y María Gómez 
Alonso de Díaz Cordero, la Cámara entendió que las Madres no "pueden ser
 evaluadas con los mismos parámetros" que una empresa ya que su 
actividad no es de naturaleza comercial y se fundamenta y es reconocida 
por la Convención Americana de DD.HH. Por tal motivo, esta Sala 
considera que su continuación (las actividades de las Madres) como tal 
(...) debe ser autorizada".

 

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