La
Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenó la
realización de un peritaje que encomendó a especialistas de la Corte Suprema
en el marco de un incidente originado en el concurso preventivo de
Correo Argentino. Así hizo lugar a un recurso interpuesto por la fiscal
general Gabriela Boquín, la funcionaria que trabó el acuerdo que el
Gobierno de Macri había pactado con una quita del 98,2% de una deuda que llevaba 17 años.
Según
el sitio del Ministerio Público Fiscal, las camaristas María L. Gómez
Alonso de Díaz Cordero y Matilde E. Ballerini recordaron que la
presentación de Boquín se produjo luego de que el Juzgado N°6 dispusiera
que las sindicaturas actuantes en el proceso realizaran un informe
conjunto “a efectos de obtener los datos requeridos por la Sra. Fiscal de Cámara”.
Boquin
consideró aquel acuerdo “abusivo y perjudicial” para el Estado. La
empresa decidió recusarla, solicitud que finalmente ha sido rechazada
por la Corte Suprema.
Para la representante del Ministerio Público Fiscal, ello causaba un agravio porque “la decisión importó una virtual neutralización de la investigación requerida y una obstrucción al cumplimiento de sus funciones”;
“designa a los mismos síndicos ya actuantes”; “no dispone la producción
de la prueba conforme fuera requerido”; “omite expedirse sobre la
compulsa en libros” de las sociedades Socma Argentina SA y Sideco
Sudamericana SA y “no se pronunció sobre la designación de un consultor técnico de su parte”.
La fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín calculó que la condonación de la deuda del Correo Argentino le costaría más de $4 mil millones al Estado nacional, o sea una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia de Macri.
Aceptar
el acuerdo con la familia Macri implicaba absorber su deuda, que
llegaría a los $70 mil millones de pérdida en el año 2033, según había
estimado Boquin quien denunció el vaciamiento de Correo Argentino en
beneficio de Sideco y Socma en su dictamen del 28 de abril de 2017.
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