Larreta pone en marcha un sistema de reconocimiento facial. Especialistas en derechos humanos en entornos tecnológicos advierten que “funciona mal y produce muchos falsos positivos”.
En la misma línea de control social territorial que
viene implementando en materia de seguridad la alianza Cambiemos desde
que está en el poder, el vicejefe de Gobierno porteño, quien tiene a su
cargo el Ministerio de Seguridad, Diego Santilli, anunció que la Ciudad
de Buenos Aires implementará el próximo 15 de abril un sistema de
reconocimiento facial con inteligencia artificial para detectar y
detener a personas que tengan pedido de captura judicial.
De acuerdo con
el funcionario, la idea es “que la tecnología ayude” a combatir el
delito. Sin embargo, la presidenta de la Fundación Vía Libre y
especialista en temas de derechos humanos en entornos tecnológicos,
Beatriz Busaniche, afirmó que “esto implica un avance sobre las
garantías de protección de la intimidad que tienen los ciudadanos. La
vida privada de las personas no solo incluyen su esfera domiciliaria
sino también el espacio público”, y advirtió, además, que este tipo de
tecnología “funciona mal y produce muchos falsos positivos”.
Las cámaras de videovigilancia se han multiplicado en calles,
estaciones de subtes y trenes, shoppings, edificios. Toda la ciudad
convertida en un panóptico que el gobierno quiere potenciar “dada la
capacidad instalada de cámaras y centros de monitoreo” que tiene la
Ciudad, según anunció Santilli durante el Primer Congreso Internacional
sobre delito transnacional que se celebra en la Legislatura porteña.
El vicejefe de Gobierno, quien no brindó muchos detalles del sistema,
remarcó que la aplicación de esta tecnología sólo se usará para
encontrar a personas requeridas por la Justicia. “Es solo para aquellas
personas que están buscadas por la Justicia. Nadie va a querer que haya
30.000 personas con pedido de captura y no las podamos agarrar. En
febrero agarramos a un tipo que tenía 10 años de condena por secuestrar
personas”, afirmó el funcionario.
Además, comentó que el sistema agilizará la búsqueda de material
“forense”, es decir, las pruebas de un delito que antes requerían ser
examinadas por un agente durante muchas horas y que ahora se harán de
manera automática.
Santilli comparó esta implementación con la del “anillo digital” que
escanea todas las patentes de vehículos que entran o salen de la Ciudad.
“El anillo funciona de manera extraordinaria, donde la Policía de la
Ciudad y de la Provincia trabajan juntas y 2 millones de datos se
procesan por día”.
Además, dijo que el gobierno sigue trabajando con la
meta de “tener más policías en la calle”.
Para Busaniche, se parte de la idea de seguridad “basada en la
vigilancia permanente de todos los espacios. Y la vida privada de las
personas no sólo incluye su esfera domiciliaria sino también en el
espacio público. Por eso, ni el Estado ni los privados están habilitados
a invadir esa privacidad. Los trayectos de circulación, la libre
conversación con terceros, todo lo que se hace en el espacio público
tiene una presunción de privacidad, que implica que el Estado no puede
meterse en esas prácticas sin una razón justificada”.
Además, la especialista remarcó que “cuando una tecnología queda
implementada para una cierta población-objetivo, termina siendo aplicada
para todos. Impacta sobre toda la sociedad, independientemente de que
el voluntarismo apunte a un grupo meta”. Y agregó que “es muy peligroso
viendo cómo aplican las medidas represivas las fuerzas de seguridad.
Sólo hay que recordar el caso de los arquitectos chilenos o los
jugadores de Pakistan, y el discurso del miedo permanente que construye
al otro como potencial agresor”.
Por otra parte, Busaniche sostuvo que la tecnología de reconocimiento
facial aún esta inmadura y produce muchos falsos positivos, que
terminan por invertir la carga de la prueba y obliga a los ciudadanos a
probar que no son culpables. “Se implementó en Europa durante la
Champions League el año pasado y dio resultados deplorables”, detalló.
La conclusión es que ante la mínima falla de un sistema que aún está en proceso de ensayo, cualquier ciudadano es pasible de ser encarcelado impunemente, hasta que no se demuestre lo contrario, con lo cual atenta contra el principio de inocencia que bien graficado está en el Código Penal.
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