Repensar el sistema de Seguridad Social, un desafío que tendrá que afrontar el próximo Gobierno.
Por Christian D´Alessandro.
Abogado y periodista especializado en seguridad social y personas mayores.
Mientras
el dólar se dispara, el salario de más vulnerables cada día se deprecia
más. Al igual que en los noventa los más de 3,5 millones de jubilados de la mínima perciben un poco más de 190 dólares y los de la pensión universal al adulto mayor, unos 150 dólares.
Los
discapacitados, doblemente vulnerados por su falta de recursos
económicos y por la invalidez o enfermedades que padecen, con un dólar a
60 pesos, perciben una pensión no contributiva de alrededor de 130.
El
80 por ciento de nuestros mayores viven bajo la línea de la pobreza. La
canasta básica de los jubilados, con está inflación pos PASO, ronda los
35.000 pesos y los medicamentos treparon solamente en las últimas
semanas un 20 por ciento promedio.
Esta radiografía que Macri se empecina a no ver, es la pesada herencia
que recibirá el próximo presidente elegido el 27 de octubre. Alberto
Fernández, si es electo primer mandatario, tendrá la dificilísima misión
de curar a los millones de heridos sociales que quedaron en la línea de
fuego por el “macricidio” provocado en estos últimos cuatro años.
Fernández
deberá llevar tranquilidad a los olvidados no sólo dando el aumento de
contingencia del 20 por ciento y lo remedios gratuitos que prometió,
sino también con un plan de acción que siente las bases de un nuevo
sistema.
En este repensar, como primera medida, debería crear el ministerio de seguridad social: el de los jubilados.
En
un país con algo más de 50 millones de habitantes para el 2050, se debe
tender un puente generacional que reconozca y dignifique cada una de
las etapas de la vida, incluso antes del nacimiento y aún después de la
muerte. Según estudios oficiales, 1 de cada 5 compatriotas tendrán más
de 64 años y nuestra población adulta mayor será de casi 10 millones de
personas.
Por este motivo, separar la cartera de trabajo de la de
seguridad social es imperiosa para generar políticas publicas
sostenibles a corto, mediano y largo plazo.
En segundo lugar, debería devolvérseles a los trabajadores pasivos y activos, lo que por derecho les corresponde: PAMI y ANSES.
El
artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que los
organismos de seguridad social deben estar administrados “por los
interesados con participación del Estado” razón por la cual, una medida
importante es dignificar el derecho a la toma de decisiones de los
trabajadores, de los jubilados y de los empresarios bajo el principio de
participación ciudadana.
En tercer lugar, debería rediseñarse el
destino de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Sobre este punto, me tomo el atrevimiento de sugerirle al próximo
presidente la creación de un banco de desarrollo productivo de la
seguridad social.
A fines del primer trimestre de 2019, el valor
de la Cartera de Inversiones del FGS ascendía a $ 1,86 billones, lo cual
representó una suba del 13 por ciento respecto del trimestre anterior
(aumento del 1,1 por ciento en términos reales). Sin embargo, en dólares
el FGS ha decrecido enormemente respecto al inicio de la gestión de
Macri, girando en torno a unos 31.000 millones.
Para evitar el
despilfarro y proteger la productividad de las pequeñas y medianas
empresas, contener al campo, a las innovaciones tecnológicas, fomentar
la construcción de viviendas sociales, resguardar a los tenedores de
créditos hipotecarios y a las economías regionales, con dichos recursos,
se podrían otorgar préstamos a tasas de interés más bajas que las del
mercado, invirtiendo en la sociedad y así resguardar la producción
nacional, generando dividendos para el sostén de las jubilaciones
presentes y futuras.
Focalizar en políticas de largo plazo hará
que no sólo se mire lo urgente, sino también el futuro. Como dijo
William Henry Beveridge, “un período revolucionario en la historia del
mundo es el momento de hacer revoluciones, y no de poner parches y
remiendos a lo viejo”. En esta radiografía de un paciente moribundo, es
hora de diagnosticar prudentemente y aconsejar para un país que incluya a
todos.
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