Macri abandonará la Casa Rosada, con las cuentas de inversión que elabora la
AGN cada año, sin ser aprobadas por diputados y senadores para ni uno
solo de los períodos de su gestión. Los graves problemas que podría
tener.
Tan solo faltan 52 días para las elecciones generales y tres meses para
el 10 de diciembre, fecha en la asumirá el poder un nuevo presidente. Ésa
parece ser la preocupación central de Macri, pero no la única:
es que si no es reelecto, el líder de Juntos por el Cambio abandonará
la Casa Rosada sin que el Congreso le apruebe los gastos de gestión en
ninguno de sus cuatro años de mandato, y, por eso, los temores
judiciales están a flor de piel.
Es que después de la paliza de las PASO, cuando Alberto Fernández derrotó
a Macri por más de 15 puntos, y cuando las encuestas de cara a los
comicios generales arrojan al unísono una caída del oficialismo aún más
abultada, todo indica que el líder PRO dejará el poder con varias causas penales latentes en la justicia y, encima, culminará su
mandato más "flojo" de papeles oficiales: el Congreso no le
aprobó ninguna de las cuentas de inversión de su gestión que remite la
Auditoría General de la Nación (AGN), y si en octubre se repiten los
resultados del 11 de agosto el post diciembre encontrará a los recintos
del Parlamento casi hegemonizados por la actual oposición.
Hasta la trompada electoral de las primarias, la
idea de Juntos por el Cambio era negociar con el peronismo la
aprobación de la cuenta de inversión de 2015 -último año de gestión de
Cristina Fernández de Kirchner- junto a los primeros dos de Macri, es
decir 2016 y 2017, aunque este último todavía está en estudio
entre los auditores. Sus informes son evaluados por la comisión
bicameral mixta revisora de Cuentas, que puede emitir dictamen a favor o
en contra, y luego sometidos a los recintos.
Esa comisión está presidida desde 2017 por el jefe del bloque PRO de
Diputados, Álvaro González, que la reunió este año dos veces, la última
en julio para aprobar el informe anual. Miguel Ángel Pichetto faltó,
aunque con su salto al macrismo le garantizó una mayoría para cerrar la
comisión si hiciera falta y firmar dictámenes sin negociar con la
oposición.
La cuestión es que esos dictámenes no sirven si luego el Congreso los
ignora o, lo que es peor, pasa a ser controlado por los enemigos y
empieza a mirar las auditorías con otros ojos. Ni hablar si los números
son desaprobados.
Una cuenta de inversión detalla todos los números de una gestión
presidencial: cómo se recaudó, se gastó, qué obras se hicieron, qué
deuda se tomó y cuántos vencimientos se pagaron. Si las conclusiones no
son muy generosas, suelen ser tomadas por jueces u opositores al
presidente de turno.
El informe que remite la AGN suele ser tomado como un "trámite parlamentario": se
trata de las cuentas de inversión que completan el ejercicio de cada
presupuesto según la Constitución, y por lo tanto suelen tener como
interpretación legal posible el ser una suerte de protección para cada
presidente saliente si le toca dar explicaciones en Tribunales.
Si bien la AGN aclara en su página web
que no eximen de posibles delitos individuales de los funcionarios, el
mismo texto aclara que un presidente con una cuenta de inversión
rechazada puede ser motivo de juicio político. Obviamente también de más
argumentos -y oficiales- en su contra en las eventuales causas que deba
enfrentar cuando abandone el poder. O, en el caso de Macri, más datos
para las causas que ya lo encuentran investigado.
"Este
informe es un insumo para la auditoría sobre Cuenta de Inversión que la
AGN realiza anualmente en cumplimiento de su mandato constitucional",
incluso cuenta Jesús Rodríguez, el economista radical cercano al
oficialismo que se desempeña como uno de los auditores generales en el
organismo. Se refiere al artículo 85 de la Constitución Nacional.
CUÁLES SON LOS TEMAS QUE PODRÍAN LLEVAR CONCRETAMENTE A MACRI A JUICIO
Macri pasó un 2016 relativamente tranquilo. No fue "pesada" la "herencia" que recibió, hasta que él la tocó. En cambio, las
últimas tres cuentas de inversión del líder PRO incluirán los datos
relativos a sus varios ítems ampliamente cuestionados por la oposición
que comandará el Congreso, posiblemente, a partir del 10 de diciembre:
su paso por Wall Street; la vuelta inconsulta al endeudamiento con el
Fondo Monetario Internacional que hoy tiene a la Argentina con la soga
al cuello; los ahorros de los jubilados en el Fondo de Garantía para la
Sustentabilidad; y hasta la reprogramación de la deuda local anunciada
la semana pasada y aún sin detalles de como se implementará, si se reimplementará y qué costo futuro le trae al Gobierno.
Tras las primarias, la AGN, que está presidida por el pejotista Oscar
Lamberto por ser el partido de la oposición con mayor presencia
parlamentaria, no viene comportándose muy complaciente con Macri. Está
integrada por seis auditores generales: dos peronistas históricos
(Graciela de la Rosa y Francisco Fernández), un kircnerista (Juan Ignacio
Forlón), dos radicales (Rodríguez y Alejandro Nieva) y otro cercano a
Sergio Massa (Gabriel Estrada).
El 14 de agosto la AGN emitió un informe sobre el FGS entre 2014 y
2016, con un llamado de atención a varias medidas del primer año de
Cambiemos, algunas ya judicializadas.
Se trata de la colocación de recursos en el fondo común de
inversión Axis, propiedad del entonces secretario de Finanzas Luis
Caputo hasta diciembre de 2015, motivo de una denuncia de la
Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social
(UFISES), en la que "Toto" logró salir ileso.
Sus herederos en Axis ayudaron a Emilio Basavilbaso a
comprar Lebac, los títulos emitidos por el Banco Central durante la
gestión de Federico Sturzenegger a tasas muy altas y con un dólar
planchado, tiempos del recordado carry trade.
La AGN también llamó la atención de la venta de acciones de Petrobrás a Pampa Energía,
propiedad de Marcelo Mindlin, que al año siguiente le compró su empresa
a Ángelo Calcaterra, el primo presidencial. La operación se justificó
en la supuesta necesidad de liquidez para pagar la reparación histórica a
los jubilados, pero nunca se usó dinero del FGS para esa tarea.
Los auditores cuestionaron que el FGS suscribiera deuda de Cablevisión y Arcor cuando estaba presidido por Luis Blaquier, quien tuvo cargos directivos en ambas empresas hasta el año anterior.
Otro problema para los papeles de Macri es el de la auto-condonación por $70 mil millones de deuda que le
hizo a Correo Argentino, empresa de los Macri, denunciada por la fiscal
Gabriela Boquín. La AGN también iría contra ese salvataje familiar.
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