El Gobierno deberá decidir antes de octubre si acepta la oferta del Correo.
Con la excusa de una presunta “gravedad institucional”, la Procuración,
en nombre del Gobierno, había pedido al máximo tribunal suspender por
no menos de 120 días el plazo para expedirse por la deuda de $ 70 mil
millones de la firma del Grupo Macri con el Estado. La respuesta fue
"no" y el Ejecutivo tendrá que resolver antes de las elecciones y
esperar qué dice la justicia comercial.
A tono con la inocultable debilidad política que exhibe Juntos por el
Cambio y como para alimentar aún más sus pesadillas judiciales, la
Corte Suprema de Justicia le dio un duro revés a Macri y, a la
vez, le puso una bomba electoral: el Gobierno deberá decidir antes del
27 de octubre si acepta la flaca oferta del Correo Argentino SA por la
deuda de $ 70 mil millones con el Estado y así beneficia a la empresa de
la familia presidencial pero daña aún más la imagen del mandatario o,
por el contrario, si la rechaza para dar un gesto en clave de campaña y
el líder PRO -eventualmente- abandona el poder con las manos vacías.
En una decisión unánime, el máximo tribunal dio señales para apurar la
causa por el concurso preventivo abierto entre el Correo Argentino y el
Estado por el pago de una deuda millonaria, lo contrario a lo que quería
el Gobierno, que buscaba que la firma presidencial pagara lo menos
posible pero que, a la vez, ese hecho no fuera un clavo electoral.
La Corte cuestionó a la Cámara en lo Comercial por haber
aceptado un recurso extraordinario del Gobierno (desde la Procuración
Nacional del Tesoro) bajo un supuesto de gravedad institucional para que
el tema llegara al máximo tribunal.
Lo que pedía el organismo que encabeza Bernardo Saravia Frías
era más tiempo (un plazo no menor a 120 días hábiles) para resolver si
aceptaba una propuesta que presentó el Grupo Socma (controlador del
Correo, de la familia Macri) para cerrar el concurso. Hace más de 30 meses que el Estado debe esa respuesta.
La Sala B de la Cámara en lo Comercial rechazó el pedido de más tiempo
del Estado, pero a la vez le abrió la puerta para discutirlo en la
Corte. Por eso hoy el máximo tribunal declaró mal concedido el
recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional y
dispuso la devolución de la causa para continuar con el trámite del
concurso.
Tal vez hasta de forma sorpresiva, la resolución de la Corte
fue firmada por los cinco miembros de la Corte: Carlos Rosenkrantz,
Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y
Horacio Rosatti.
Desde 2001, la Justicia comercial lleva adelante un expediente por el
concurso preventivo de Correo Argentino S.A. (CASA). Hoy está en manos
de la jueza en lo comercial Marta Cirulli, con el impulso de la fiscal
Gabriela Boquín, e interviene la Sala B Cámara Nacional en lo Comercial.
Fue en ese expediente en donde la fiscal impugnó un acuerdo al que
habían llegado la empresa y el Estado por una quita de deuda, que según
sus cálculos debía ascender a $ 70 mil millones. Decía que ese acuerdo
era abusivo y negativo para el Estado y eso derivó en una denuncia penal
que ahora tiene en sus manos el juez Ariel Lijo.
Hasta ahora, el tema del concurso sigue sin resolverse. La fiscal
Boquín viene cuestionando la excesiva dilación de la causa y una suerte
de connivencia de representantes del Estado Nacional para demorar el
trámite. Por esa razón, puso en la mira al procurador Saravia Frías al
sostener “pareciera que en base al decreto 201/17 por los conflictos de
intereses existentes, se estaría beneficiando a la concursada, lo cual
es justamente lo que el decreto buscaría evitar, debiendo ser éste un
parámetro de interpretación que el Procurador del Tesoro no tiene
presente”.
A mediados de julio, Correo Argentino SA hizo una nueva propuesta para
los acreedores. Ofreció pagar su deuda de $296 millones por el canon
impago de la concesión, más los intereses acumulados desde julio de
2002, en un solo pago y al contado. También renunciar a cualquier juicio
futuro contra el Estado por daños y perjuicios -en particular, lucro
cesante- “por la quita de la concesión del servicio postal y la
apropiación de sus activos”, que tuvo lugar durante el Gobierno de
Néstor Kirchner.
Pero el Estado Nacional, a través de la Procuración, pidió aclaraciones
y solicitó la suspensión del plazo para expedirse. La Cámara denegó el
pedido de los 120 días de suspensión, aunque concedió una prórroga de 15
días para que el Estado manifieste si acepta o rechaza la propuesta.
Pero la Procuración llevó el planteo a la Corte Suprema a través de un
recurso extraordinario, en donde habló de “gravedad institucional”.
La Cámara Comercial lo concedió sin correr traslado al resto de las
partes y aunque los plazos se encontraban vencidos. En ese momento, la
Cámara Federal afirmó: “Habida cuenta que la decisión atacada es
recurrida por el Estado Nacional invocando estar en juego principios
esenciales de orden social –cuyas consecuencias podrían proyectarse
sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-,
júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo
entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad
nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a
lo pretendido”.
Ante esa situación, los ministros de la Corte
hoy rechazaron el planteo y aseguraron que “el solo hecho de que sea el
Estado nacional quien recurre sin precisar de qué manera la decisión
podría pondría en juego principios esenciales en orden social (...) no
constituye una causal autónoma de procedencia del recurso”.
El fallo sostuvo que “descartada la existencia de cuestión federal” por la Cámara en lo Comercial “y no
encontrándose tampoco justificada la configuración de la gravedad
institucional invocada, teniendo en consideración el particular estado
que exhiben las presentes actuaciones y en virtud de las amplias
facultades de que goza esta Corte como juez del recurso para examinar su
procedencia, corresponde declarar mal concedido el remedio
federal interpuesto y disponer la devolución de la causa para continuar
con su trámite”.
Ante esta situación, el procurador Saravia Frías -como instrumento de
Macri- deberá resolver antes de las elecciones de octubre si acepta o no
la propuesta de la empresa de Macri sobre su deuda con el Estado que
-al menos- hasta el 10 de diciembre administra Macri. En base a eso la
justicia comercial definirá como sigue el proceso.
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